Jaime Vargas González
Expediente 441/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 246 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 246
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. y Otros.
- Armando García Salazar y Otros.
- Jaime Vargas González
- Armando García Salazar
- Nicolas Ramírez Domínguez y Otros.
- María Isabel Hernández García
- Nicolas Ramírez Domínguez
- María Isabel Hernández García y Otros.
- Antonio Miguel Reyes Valdez
- Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y Otros.
- Antonio Miguel Reyes Valdez y Otros.
- Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- Jaime Vargas González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 246.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrieron en su totalidad los plazos concedidos respecto de la vista relativa a la inspección judicial desahogada por la fedataria de la adscripción el veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora, atendiendo a que en proveídos de tres, cuatro y nueve de octubre de la anualidad que transcurre se reservó emitir pronunciamiento con relación a las manifestaciones que las autoridades responsables expusieron en atención a la citada vista, con el fin de contar con elementos suficientes para proveer al respecto; circunstancia que acorde a lo indicado en el primer párrafo, ya aconteció, por lo cual se levantan las reservas de mérito y se procede a proveer. En ese tenor, de la revisión de constancias que la Jefa de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y apoderada legal del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, exhibió a fin de dar cumplimiento a la suspensión concedida en el cuaderno en que se actúa, las cuales se relacionan con la inspección ocular desahogada por la fedataria de la adscripción, se evidencia y acredita el libre acceso a las capillas y centros religiosos ubicados en la Autopista Toluca Naucalpan. Ello, pues este juzgado federal corrobora lo expuesto tomando en consideración en primer lugar que, mediante interlocutoria terminada de engrosar el veinte de abril de dos mil veintidós, se resolvió lo correspondiente al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, promovido por ********, con el carácter de miembro del Consejo Supremo Indígena de la comunidad ********, en la cual este órgano de control constitucional precisó que: "(.) Por otra parte, no pasa desapercibido el hecho de que las autoridades responsables, objeten el estudio técnico del perito oficial en razón de la existencia de caminos de terracerías, malezas que llevan a puentes y pasos a desnivel a lo largo de la carretera que le facilita a la comunidad el traslado de sus peregrinos, ya que en el caso la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa es para el efecto de proteger y preservar las prácticas ceremoniales, sociales y culturales que se llevan a cabo en el territorio que ancestralmente han ocupado con motivo de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. En ese sentido, a juicio de quien resuelve debe concluirse que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la suspensión otorgada, pues en el caso el pueblo originario quejoso tiene como usos y costumbres diversos rituales sociales, culturales y religiosos en el bosque otomí conformado por diversos cerros, en los que realizan diversas peregrinaciones en las que pasan por sitios sagrados y descansos en los que dejan ofrendas tal y como lo manifestaron en su escrito de demanda, por lo que al ser parte de usos y costumbres, las autoridades responsables no les puede imponer rutas diversas en las que se pueda hacer uso de puentes o pasos a desnivel, aunado a que es de conocimiento que una peregrinación implica un esfuerzo humano, en el que no se les puede imponer a las personas de la comunidad quejosa impedimentos que impliquen mayores esfuerzos, como lo es caminar más para acceder a los puntos de acceso que refieren las responsables, esto es los puentes o pasos a desnivel que aducen existen, máxime que en el caso que los correspondía la carga de la prueba de acreditar que ellos le concedían beneficios a la quejosa. Máxime de que el informe fotográfico, es muy claro en cuanto a los puntos que se señalan interrumpidos por la autopista, ya que se encuentran definidos la existencia de caminos, brechas o accesos que conducen a las rutas de peregrinación o lugar sagrado o puntos de descanso de la comunidad. Todo lo anterior se robustece con el dictamen exhibido por la perito designada por la autoridad responsable Sistema de Autopista Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (fojas 2262 a 2274); al cual se le otorga valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Del que si bien se desprende que la perita concluyó que en general no existe impedimento para el tránsito de celebración o peregrinaciones a los centros ceremoniales de la Comunidad de ******************** y su Barrio La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México, también lo es que deben realizarse adecuaciones para el cruce libre de la carretera a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México. De lo que se concluye, que también refiere dificultades para que la comunidad quejosa pueda libremente desarrollar sus usos y costumbres de rituales sociales, culturales y religiosos en el bosque otomí conformado por diversos cerros. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que a la primera respuesta del cuestionario, la perito contesta en los siguientes términos: "Derivado de la diligencia iniciada en el H. Juzgado con el objetivo de conocer los centros ceremoniales de la Comunidad Indígena de ******* y su Barrio La Concepción, municipio de Lerma Estado de México y así dar cumplimiento con el desahogo de la presente pericial, me pude percatar que para poder cruzar al otro lado de la carretera existen puentes en construcción y pasos a desnivel a lo largo de la carretera Toluca-Naucalpan.". Máxime a lo anterior, como ya se indicó del dictamen del perito oficial se advierten los puntos precisos que son parte de las rutas de peregrinación de la comunidad quejosa y de sus rituales religiosos, en base a sus usos y costumbre, lo cuales si se ven afectados por la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que como lo expone la perito de la autoridad responsable, en efecto requieren de adecuación para el debido respeto de sus usos y costumbres. En ese tenor, de las pruebas en estudio se aprecia con claridad que se continua con la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan en algunos de los puntos sagrados, descansos y rutas de peregrinación de la comunidad indígena quejosa, con lo cual resulta evidente que las autoridades responsables no acataron la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, en tanto que no se les está permitiendo llevar a cabo libremente sus prácticas ceremoniales, culturales y sociales. Lo que se traduce en una grave afectación a la comunidad quejosa. En ese sentido, se reitera que en el caso la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa es para el efecto de que proteger y preservar las prácticas ceremoniales, sociales y culturales que se llevan a cabo en el territorio que ancestralmente han ocupado con motivo de la construcción de la carretera TolucaNaucalpan; por lo que sus usos y costumbres no pueden ser modificadas en razón de los cambios efectuados por la construcción de una carretera; máxime que en el presente caso, no se encuentra en disputa el transito sobre el poblado, sino la libertad de respetar usos y costumbres. Ahora, no se desatienden las diversas manifestaciones que obran en autos en relación a que existe un convenio de coordinación de acciones que celebró el Gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, con algunos miembros de la comunidad de *****, autodenominados como "comunidad indígena en resistencia". En el que se acordó reparar los daños respecto de la afectación al territorio indígena, los centros ceremoniales, usos, costumbres y lugares sagrados; así como proporcionar rutas alternas para resguardar peregrinaciones. Tampoco pasan inadvertidas las manifestaciones relativas a la construcción de puentes que les permita el acceso al otro lado de la carretera y las documentales exhibidas por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México relativas a los planos de proyectos de dichos puentes (carpeta anexa). Sin embargo, en primer lugar es necesario establecer que la suspensión concedida por un órgano jurisdiccional de amparo, no es susceptible de ser modificada por convenio alguno, pues para ello, es necesario que sea analizada mediante la incidencia correspondiente por el órgano jurisdiccional de amparo (lo cual tampoco garantiza su modificación). En ese tenor, con independencia de la existencia o no de un convenio, las autoridades responsables se encuentran obligadas a acatar la suspensión definitiva, pues no hacerlo y de continuar con su negativa sus actos podrían ser constitutivos de delito en términos de lo que establece el artículo 262, fracción II de la Ley de Amparo. Máxime que dada la naturaleza del asunto que nos ocupa (pueblos originarios), respecto de los que el Estado Mexicano ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus usos, costumbres y creencias, así como la estrecha vinculación sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura, porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural; por lo que su visión de territorio va más allá del concepto de tierra como un bien de mercado ya que hace referencia a la dimensión vital y simbólica que tiene ese espacio para la reproducción de las cultura; dado que el pueblo indígena es una forma organizativa ancestral y cuya dinámica política, cultural, social y económica tiene especificidades propias sustentadas en sus tierras y territorios de ahí que merezca una protección especial más allá de la perspectiva económica agrarista. Por ello, se debe salvaguardar su derecho a utilizar las tierras que no están exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; razón por la cual la protección se encuentra dirigida a la tierra que defienden y no puede ser sustituida por una diversa ni por un pago. Aunado a que en términos de lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, existe prohibición expresa de cualquier tipo de reacomodo o desplazamiento de los pueblos y comunidades indígenas, excepto en los casos que provengan de las propias necesidades y de la voluntad de dichos pueblos y comunidades o se motiven por causa de utilidad pública legalmente acreditada y justificada o por la conservación del orden público, especialmente en lo que se refiere a casos de riesgos, desastres, seguridad o sanidad. Por lo que si existe prohibición expresa de su reacomodo, no es posible que se permita el incumplimiento de la suspensión definitiva por el aludido convenio aun cuando en este se pactara la construcción de puentes para que la comunidad indígena pase hacia el otro lado y si bien existe excepción a dicha prohibición por causa de utilidad pública, dicho análisis atañe al fondo del asunto y no al incidente de suspensión. En ese tenor, se insiste, la suspensión definitiva concedida a los quejosos no puede ser incumplida a la luz de convenio alguno; por ello las autoridades responsables están vinculadas a su observancia y estricto cumplimiento. (.)" De lo anterior, se obtiene que los diversos rituales sociales, culturales y religiosos en el bosque otomí conformado por diversos cerros, en los que la parte quejosa realiza diversas peregrinaciones en las que pasan por sitios sagrados y descansos en los que dejan ofrendas, son parte de los usos y costumbres de la comunidad quejosa. Por lo que, las responsables se encontraban obligadas a realizar las adecuaciones correspondientes para el cruce libre de la carretera a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, ya que no se les puede imponer rutas diversas en las que se pueda hacer uso de puentes o pasos a desnivel, así tampoco impedimentos que impliquen caminar distintos rutas para acceder por esos puntos de acceso, esto es, los puentes o pasos a desnivel que existen. Partiendo de lo anterior, por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional ordenó el desahogo de una inspección judicial en la comunidad indígena de ******************** y su Barrio la Concepción, municipio de Lerma, Estado de México, a fin de verificar el territorio en el que los quejosos pasan por sitios "sagrados y descansos en los que dejan ofrendas"; mismo que debía versar sobre cuatro puntos que comprenden dicho recorrido, el primero relativo al camino que dirige de la "********" al paraje señalado con el número uno, donde se encuentra "*******"; para posteriormente partir de la bifurcación a afecto de retomar la segunda ruta, para constituirse al paraje marcado con el número dos; después, partiendo nuevamente de la "*****", en sentido opuesto a las anteriores rutas, a partir de la segunda bifurcación se realiza el recorrido al tercer paraje, para finalmente, trasladarse al último paraje. Así, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la fedataria judicial de la adscripción realizó la prueba ordenada y al efecto manifestó no tener inconveniente en cruzar del primer al segundo paraje y del segundo al tercero; no obstante, atinente al recorrido de la "******", en sentido opuesto a las anteriores rutas, a partir de la segunda bifurcación se realiza el recorrido al tercer paraje, expuso que no le fue posible avanzar en virtud de que el camino se encontraba impedido por la construcción que se realizó de la carretera y/o autopista. Bajo ese contexto, se requirió a las responsables a efecto de que informaran y realizaran las adecuaciones para que la comunidad quejosa pueda cruzar de manera libre del punto dos "*******" al tercer paraje; y por tanto, deje de existir impedimento para pasar sobre dicha ruta de peregrinación o lugar sagrado de la comunidad, lo cual aconteció, de manera paulatina y completa, conforme las constancias allegadas por la responsable, expresiones que fueron corroboradas por la fedataria de la adscripción, pues en la diligencia de inspección que desahogó se advierte: *** Por tanto, si la Fedataria de la adscripción en la mencionada diligencia de inspección, resulta evidente que, como fue acreditado, las autoridades responsables han cumplido cabalmente la suspensión de concedida en el cuaderno incidental en que se actúa. Oficio Finalmente, intégrese el oficio de la Jefa de Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y apoderada legal del organismo público descentralizado denominado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, a través del cual solicita se emita el pronunciamiento correspondiente con relación a la vista otorgada a las partes con la inspección desahogada por la fedataria de la adscripción el veinte de septiembre de dos mil veintitrés. A lo anterior, y toda vez que en esta fecha se ha emitido el proveído correspondiente, dígase que deberá estarse a lo acordado la presente determinación que se dicta.
- Incidental
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado por el delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por el cual hace del conocimiento de este Juzgado Federal que ya no cuenta con dicha autorización, por lo que solicita la revocación con ese carácter en el sumario en que se actúa, de lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento de lo informado y por revocado el carácter de delegado de la autoridad mencionada, para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
Toluca, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado electrónicamente por el Director de asuntos Jurídicos, en representación de la Titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), mediante el cual remite el diverso por el cual el Subdirector de Asuntos Penales de la Dirección de Implementación de Derechos de la Coordinación General de Derechos Indígenas, expone diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada el veintiséis de septiembre del año en curso; por tanto, este Juzgado toma conocimiento de lo expuesto por la oficiante para los efectos legales que haya lugar; asimismo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto concluya en su totalidad el plazo otorgado a la totalidad de las partes en el citado auto.
- Incidental
Toluca, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado por la apoderada legal del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, mediante el cual expone diversas manifestaciones en atención a la vista otorgada el veintiséis de septiembre del año en curso; por tanto, este Juzgado toma conocimiento de lo expuesto por la responsable para los efectos legales que haya lugar; asimismo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto concluya en su totalidad el plazo otorgado a la totalidad de las partes en el citado auto.
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