Jaime Uriel Herrera Vargas
Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/08/2021
Partes del expediente
- Jaime Uriel Herrera Vargas
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que este expediente una vez que transcurran TRES AÑOS transfiérase el presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo Uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. En este sentido, ponderando que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, tal y como fue asentado por oficialía de partes de este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, debe considerarse que el impetrante de amparo no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado autógrafamente por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. En ese sentido, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del ocursante, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si un escrito sin firma o huella dactilar es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en la demanda de amparo trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción. Ahora, debe destacarse que al recibir las promociones dirigidas a los Juzgados de Distrito, los funcionarios encargados de las oficinas de correspondencia común y de las oficialías de partes o el funcionario autorizado, están obligados a verificar, al menos, que el escrito se encuentre dirigido al órgano jurisdiccional al que están adscritos; que se trate de un documento original con firma autógrafa del promovente, así como el número de copias que se presentan, por lo que tendrá que precisar estos datos en el acuse respectivo, ya que sólo así existirá certeza de que los documentos presentados por la parte interesada son los que se agregarán al expediente respectivo. Entonces, cuando el encargado de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito o el funcionario autorizado recibe una demanda, debe precisar la fecha y hora en que lo hace; los documentos que se presentan; si recibió el documento original con firma autógrafa del promovente, y el juzgado que, por turno, conocerá de la demanda. En ese sentido, del escrito de cuenta se advierte que personal de la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asentó dicha circunstancia, indicando la leyenda "Sin firma". En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***** pues la misma fue presentada sin firma autógrafa del agraviado; ello, al carecer de un requisito esencial de validez y no dar certeza de la voluntad de quien aparentemente promueve. Sin que en el caso se actualice la excepción que contempla la tesis jurisprudencial transcrita, pues se insiste, del escrito de demanda no se advierte algún dato o elemento que permita establecer que dicho ocurso se promovió en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, y, por tanto, no se requiera de la firma autógrafa del quejoso, conforme lo previsto por el último párrafo del diverso 109 del citado cuerpo normativo, ya que para que ello opere, necesitan colmarse dos requisitos indispensables: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En cuanto al primer requisito, es inconcuso que no se colma, esto es, que por la naturaleza del acto pueda verificarse la hipótesis a que hace alusión al numeral 15 de la ley de la materia; ya que aun cuando se señale como acto reclamado la posible ejecución de algún acto de molestia, no podría considerarse que se trate de un acto que implique la afectación de libertad fuera de procedimiento. Por lo que hace al segundo requisito, tampoco se actualiza, pues aún en el caso de que se reclamaran actos que afecten la libertad personal del directo agraviado fuera de procedimiento -lo que en el caso no acontece-, tampoco se actualiza el diverso requisito para que se considere aplicable el numeral 15 de la Ley de Amparo, esto es, NO SE ADVIERTE QUE EL DIRECTO QUEJOSO SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA INCOAR EL JUICIO CONSTITUCIONAL. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa, notifíquese por medio de la lista Asimismo, no ha lugar a tener como domicilio que se señala en el escrito que se provee; ello, en virtud de que no se tiene certeza de la voluntad de quién promueve el presente sumario.
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