Jaime Uribe Rosas

Expediente 208/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
208/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • Jaime Uribe Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Este juicio no es de relevancia documental y no contiene valores, ni documentos originales exhibidos por las partes; y ya que se negó la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno principal y los incidentales, son susceptibles de destrucción, todo lo anterior en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 208/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ..., por propio derecho, presentó demanda de amparo, que por acuerdo de veinticinco siguiente, se admitió; seguido su trámite, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. SEGUNDO. Los actos reclamados son: La falta de emplazamiento al procedimiento. Las medidas cautelares decretadas en contra del quejoso, las cuales consisten en: La prohibición de ..., de acercarse o comunicarse con la víctima ... La prohibición de ...para asistir o acercarse al domicilio de la víctima ... o cualquier lugar donde se encuentre dentro de la Ciudad de México. La prohibición de ..., de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima .... La prohibición de ..., de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio físico o electrónico o interpósita persona a la víctima . Que atribuyó a las autoridades siguientes: ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DOCTOR VÍCTOR GARCÍA ROBLES, JUEZ DE CONTROL DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTIÓN JUDICIAL OCHO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ACEPTA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. NIEGA COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO NIEGA La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México al rendir su informe justificado negó los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por tanto, al no existir medio probatorio en contrario, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales respecto a dicha autoridad. TERCERO. El Coordinador de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye; sin embargo, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de esa institución, mediante oficio 205.200.784/2021 de diez de marzo de dos mil veintiuno, la Directora de Control de Seguimientos de dicha Fiscalía solicitó al referido Coordinador de Cumplimiento y Ejecución, se diera cumplimiento al proveído de diez de marzo de la presente anualidad emitido por el Doctor Víctor García Robles, Juez del Sistema Penal Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito la Unidad de Gestión Judicial Ocho, en función de Juez de Control, dentro de la carpeta 008/0475/2021. En consecuencia, debe desvirtuarse la negativa del multicitado Coordinador de Cumplimiento y Ejecución, pues de las manifestaciones de diversa autoridad se evidencía su certeza. El doctor Víctor García Robles, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, haciendo la precisión que decretó en favor de la víctima de identidad reservada M.D.R.O.G. medidas de protección y no medidas cautelares, en virtud de que el diez de marzo último, recibió a través del Sistema Informático de Gestiones Judiciales de esa Unidad de Gestión, la solicitud de la aludida víctima, por la que peticionó que se le otorgaran medidas de protección a su favor, previstas en el artículo 63 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se registró la carpeta judicial 008/0475/2021. Dado los hechos narrados por la solicitante, en proveído de esa data y con apoyo en los numerales 63 y 64 de la aludida legislación, resolvió decretar de plano orden de protección de emergencia en favor de la víctima de identidad reservada de iniciales M.D.R.O.G. con una temporalidad de sesenta días, las cuales fueron ratificadas el dieciséis de marzo siguiente, por lo que fueron vigentes hasta el nueve de mayo de dos mil veintiuno, sin que se advierta solicitud de prórroga. Por tanto, no obstante que la autoridad judicial responsable aceptó el acto tildado de inconstitucional, en el caso, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo: De dicho precepto se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido se distingue que la frase "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", contiene dos palabras relevantes para entender la causal de improcedencia de que se habla y que son "cesar" y "efecto". Por tanto, se debe establecer que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Entonces, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, tratándose de actos positivos; luego, para que se actualice esta hipótesis es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; por lo que se concluye que únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se ponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la prerrogativa fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, en el presente expediente el acto reclamado lo constituye las medidas de protección decretadas el diez de marzo de la presente anualidad en favor de la víctima de identidad reservada M.D.R.O.G., medidas que tuvieron una vigencia de sesenta días y fueron vigentes hasta el nueve de mayo último, lo que se corrobora con copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por consiguiente, ante el evento destacado es manifiesto que indefectiblemente han cesado los efectos de las medidas de protección decretadas en auto de diez de marzo de la presente anualidad que constituye el acto reclamado en la demanda de amparo motivo del expediente en que se actúa, por lo que es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia indicada. Por tanto, en términos de la citada fracción, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de esa misma Ley, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. CUARTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; sin embargo, a fin de proteger su publicación se suprimirán éstos, así como los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 208/2021, promovido por ... en términos de los considerandos segundo y tercero de esta determinación. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución, en términos del considerando cuarto. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese al sumario el oficio signado por el doctor Víctor García Robles, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad; de su contenido se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Incidental

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de cinco de abril del año en curso, que en lo conducente dice: "Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME PREVIO; consecuentemente, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora, en aras de una justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 constitucional y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al trámite del juicio de amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir de su notificación, manifieste lo que sus intereses convenga en torno a lo informado por la autoridad responsable, apercibida que de no realizar pronunciamiento al respecto se resolverá el presente sumario con los actos y autoridades hasta este momento señalados en el presente expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

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