Jaime Uresty Juárez

Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 37 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2019
Año
2019
Actuaciones
37
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Jaime Uresty Juárez
  • Coordinador de los Centros Federales Con Residencia En la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Incidental

    mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente por una parte se concedió la suspensión provisional, y por la otra se negó y concedió la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintitrés de marzo de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 84/2020 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: por sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en su primer punto resolutivo se sobreseyó el presente juicio al quejoso Jaime Uresty Juárez. Inconforme con dicha determinación, por acuerdo de veinticinco de abril del mismo año, se tuvo al quejoso de mérito, interponiendo recurso de revisión en contra de la citada resolución. Por tanto, mediante oficio PIII-718 el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al amparo en revisión 251/2019 de su índice, en la que en sus puntos resolutivos se determinó lo siguiente: PRIMERO. Se revoca el fallo sujeto a revisión. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de origen, en los términos y para los efectos fijados en el último considerando de la presente ejecutoria. Para los siguientes efectos: Se deja insubsistente la audiencia constitucional celebrada así como la sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo. Se requiere al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, envíen las constancias inherentes al expediente penitenciario relativo al quejoso Jaime Uresty Juárez. Asimismo, se requiere al Juez de Ejecución del Estado de Tabasco, para que dentro del término referido en el párrafo que antecede, remita copia legible y certificada de la totalidad de constancias que integran la Carpeta de Ejecución 1723/2013, de su índice, ya que resultan menester para resolver el presente asunto. En razón de lo anterior, por sentencia de once de diciembre de dos mil diecinueve, por una parte, en su primer punto resolutivo se sobreseyó el presente juicio y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jaime Uresty Juárez, para los efectos siguientes: para efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social: Deje insubsistente los oficios SEGOB/OADPRS/24299/2018, y SEGOB/CNS/OADPRS/24300/2018 de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que el autorizó el traslado e ingreso -sólo en relación al quejoso-, del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco -recluido actualmente- al Centro Federal de Readaptación Social Número 6 Sureste, en el estado de Tabasco, con sede en Huimanguillo. Resta decir, que la presente concesión de amparo, en los términos precisados, de ninguna manera implica que eventualmente, no se pueda trasladar al aquí quejoso a algún otro Centro de Readaptación Social, distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si, el caso concreto, se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente, en el ámbito que corresponda; en la inteligencia que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la orden de traslado es propia y exclusiva del juez de ejecución de sentencias en el ámbito que corresponda; o en su caso, al del juez de la causa que conozca del proceso que se instruye al quejoso. Sin embargo, inconforme con dicha determinación, por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Subdirectora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, interponiendo recurso de revisión. Seguido el trámite del medio de impugnación, mediante oficio PIII-812 el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de amparo en revisión 84/2020 de su índice, en la que en sus puntos resolutivos se determinó lo siguiente: PRIMERO. En lo que es materia de la revisión, se modifica el fallo sujeto a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Jaime Uresty Juárez, en los términos y para los efectos fijados en el último considerando de la presente ejecutoria. Para los siguientes efectos: lo conducente en el caso es otorgar la protección constitucional a la parte quejosa no sólo para que se deje insubsistente el traslado relativo, sino también a fin de constreñir a las responsables a que regresen a la parte impetrante al centro de reclusión en el que estuvo antes del alumbramiento del propio traslado-creset-, pues en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, solamente así se le restituirá en el goce del derecho vulnerando con el acto atinente, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación que se trata. Y en consecuencia, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de cinco días. Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por las responsables, se observa que realizaron lo siguiente: Por acuerdo de veintinueve de enero del año actual, se tuvo al Titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal y por el Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, respectivamente, manifestando que si bien es cierto mediante oficio DGPYRS/DG/1196/2018 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho se solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Ciudad de México, el traslado del quejoso junto con otras personas, también lo es que aunque la autorización fue concedida y se ordenó su ingreso al entonces Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste" de Huimanguillo, Tabasco, el traslado nunca se materializó. Asimismo, el Titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, con sede en esta ciudad, a través del oficio DGSPE/DG/130/2021, solicitó al Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dejar sin efecto dicha solicitud de traslado, única y exclusivamente en relación al quejoso Jaime Uresty Juárez. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la Encargada del Despacho de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, remitió copia certificada de los diversos SSPC/PRS/01028/2021 y SSPC/PRS/01029/2021, a través de los cuales, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinó dejar sin efecto los diversos SEGOB/CNS/OADPRS/24299/2018 y SEGOB/CNS/OADPRS/24300/2018, ambos relacionados con la autorización de ingreso al extinto Centro Federal de Readaptación Número 6 SURESTE, reiterando que el traslado a citado centro penitenciario nunca se llevó a cabo. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la Encargada del Despacho de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante oficios SSPC/PRS/01028/2021 y SSPC/PRS/01029/2021, dejar sin efecto los diversos SEGOB/CNS/OADPRS/24299/2018 y SEGOB/CNS/OADPRS/24300/2018, a través de los cuales se autorizó el traslado e ingreso del quejoso Jaime Uresty Juárez, al hoy extinto Centro Federal de Readaptación Número 6 SURESTE, comunicando que el traslado al referido centro penitenciario nunca se llevó a cabo. Lo anterior es así, en virtud de que por acuerdo publicado el veintiuno de octubre de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se desprende la desincorporación del Sistema Penitenciario Federal del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 SURESTE; máxime que de la revisión practicada a las actuaciones que integran el presente juicio de amparo se advierte que las notificaciones personales efectuadas al quejoso fueron realizadas en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco. Lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual informa que dada la naturaleza del acto reclamado, se encuentra realizando las gestiones necesarias a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, por lo que solicita una prorroga prudente y así lograr el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede POR ÚNICA OCASIÓN a la responsable el término de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, esto es: ". lo conducente en el caso es otorgar la protección constitucional a la parte quejosa no sólo para que se deje insubsistente el traslado relativo, sino también a fin de constreñir a las responsables a que regresen a la parte impetrante al centro de reclusión en el que estuvo antes del alumbramiento del propio traslado-creset-, pues en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, solamente así se le restituirá en el goce del derecho vulnerando con el acto atinente, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación que se trata. (.)". Apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo señalado se hará efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por el Titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal y por el Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, respectivamente, quienes conjuntamente manifiestan que si bien es cierto mediante oficio DGPYRS/DG/1196/2018 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho se solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Ciudad de México el traslado del quejoso junto con otras personas, también lo es que aunque la autorización fue concedida y se ordenó su ingreso al entonces Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste" de Huimanguillo, Tabasco, el traslado nunca se materializó; de lo que se toma conocimiento y se reserva a proveer respecto de su contenido en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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