Jaime Torres Cabanillas
Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jaime Torres Cabanillas
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, doce de julio de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas con seis minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 499/2022, asistido del Secretario José Leónides Miguel Santos Cortés y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, notificación a las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por la autoridad responsable al rendir informe justificado, así como por la parte quejosa. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y la Agente del Ministerio Público adscrita no presentó alegatos. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 499/2022. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Jaime Torres Cabanillas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. En auto de dieciocho de mayo siguiente se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclama omisión de autoridad. SEGUNDO. Autoridad responsable y acto reclamado. La parte amparista reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: Omisión de dictar auto admisiorio en el expediente laboral 343/2022. 2. Del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: - La omisión de cuidar que el procedimiento laboral se lleve en términos de la Ley Federal del Trabajo. 3. Del Actuario de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: - La omisión de notificar a la parte demandada. TERCERO. Acto inexistente. Resulta inexistente el acto que se reclama al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistente en la omisión de notificar el auto de admisión dentro del expediente 343/2022, lo cual se advierte de las constancias remitidas por la autoridad en apoyo a su informe justificado (fojas 17). Lo anterior, toda vez que, a la fecha de la predentación de la demanda no se había dictado auto de admisión dentro del expediente laboral 343/2022, por tanto, el actuario responsable se encuentra impedido de notificar a las partes un auto que aún no ha sido dictado. Por tanto, resulta inexiste la omisión reclamada por la parte quejosa, en consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dicha autoridad. CUARTO. Causal de improcedencia actualizada. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo, en lo atiente al acto reclamado al Presidente de la Junta, consistente en omisión de cuidar que el procedimiento laboral se lleve en términos de la Ley Federal del Trabajo dispone para ello, numerales que disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXllI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. La indicada tesis esta publicada en la página setecientos treinta y dos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar al Presidente que realicen las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes, por lo cual no sería posible obligar al Presidente, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural con el dictado del laudo respectivo. En ese contexto, existe imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio respecto al acto aquí abordado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia derivada de los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. Segunda causa de improcedencia. Se advierte actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. La parte quejosa reclama la omisión de dictar auto de admisión dentro del expediente laboral 343/2022. Sin embargo, la omisión de la autoridad responsable cesó puesto que en proveído de nueve de junio de dos mil veintidós se proveyó al respecto y se fijo fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 17). En ese sentido, con el dictado de dicho acuerdo cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues ya fue reparada la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte impetrante. Por tanto, procede sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. NOTÍFIQUESE. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que asiste y da fe. Doy fe.TRÁMITE José Leónides Miguel Santos Cortés
- Principal
Culiacán, Sinaloa, trece de junio de dos mil veintidós. Vistas las razones actuariales de las que se advierte no fue posible emplazar a juicio a los terceros interesados Isabel Díaz Franco, Araceli Díaz Franco, Raúl Zepeda Cárdenas, Dora Alicia Aispuro Ríos y Benigna Parra Carrillo, por los motivos que en las mismas se asientan. Por tanto, resérvese de proveer en torno al particular hasta en tanto se cuente con la totalidad de los emplazamiento de los terceros interesados en este juicio. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos que legalmente corresponda el oficio signado por el Asesor Jurídico del Departamento de Enlace Jurídico de la Unidad de Policía Municipal Preventiva, en esta ciudad, por medio del cual remite copia del oficio 12298/2022 y de la requisitorio 5/2022, orden 357/2022, derivados del presente juicio de amparo, de las que se advierte el seis de mayo del año en curso, se hizo entrega de las comunicaciones en comento al comisario ejidal del ejido El Pozo, sindicatura de Imala, perteneciente a esta municipalidad, donde consta firma, fecha y sello de recibo por parte del mismo. Por tanto, respecto a la requisitoria 5/2022, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.´ Notifíquese.
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