Jaime Torres Acosta

Expediente 609/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
609/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Jaime Torres Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA QUE DICE: En Xalapa, Veracruz, a trece de noviembre de dos mil diecinueve; VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 609/2019, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, el veintiocho de junio del año en curso, y recibido por razón de turno en este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, el día hábil siguiente, María Elizett Hernández Miranda, demandó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que a continuación se indica: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1.Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. 59 Cierto SEGUNDO. Mediante proveído de uno de julio del actual, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número de juicio de amparo 609/2019; se requirió el informe justificado respectivo y se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar, en su oportunidad, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la residencia indicados. SEGUNDO. En primer término, a fin de analizar con propiedad el tema jurídico a estudio, es imperativo precisar lo que constituye el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Así del contenido integral de la demanda y demás constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama:  La resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 3/2019/III de su índice, a través de la cual se resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de radicación de catorce de enero del año en curso, en el cual se fijó la medida provisional consistente en el equivalente a dos salario mínimos diarios, a favor de sus menores hijos. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Aunado a ello, la citada autoridad, remitió copia certificada del juicio ordinario civil 3/2019/III de su índice, misma que constituye un documento público que adquiere pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. CUARTO. Este juzgado estima procedente NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa y no violatoria de garantías la resolución reclamada, sin que se advierta motivo alguno que suplir, por las razones que enseguida se exponen. Ahora bien, la parte quejosa alega, en esencia, que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la Juez fue omisa en valorar las pruebas ofrecidas en la reclamación. Por su parte, la Juez responsable, en la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, declaró improcedente la reclamación planteada por la aquí quejosa María Elizett Hernández Miranda, contra la pensión provisional de alimentos fijada en el auto de catorce de enero del presente año, dentro del juicio civil 3/2019, del índice del Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. Lo anterior, bajo el argumento de que para lograr una regraduación de los alimentos provisionales, la demandada debía aportar elementos de prueba objetivos y suficientes para demostrar que había exceso o desproporcionalidad en lo determinado inicialmente, sin que ello se logre con la sola manifestación que no se tiene un empleo fijo, porque de acuerdo con los numerales 100 y 101 del Código Civil en el Estado de Veracruz, corresponde a los cónyuges el sostenimiento del hogar y de los hijos, teniendo estos un derecho preferente por sobre cualquier otro crédito que pese sobre los ingresos del proveedor económico. De ahí que, desde el momento en que se decide contraer matrimonio y tener hijos, se adquieren obligaciones que deben cumplirse no resultando suficiente un alegato en el sentido de no tener un empleo estable. Así mismo, señala la Juez que en esa etapa del juicio, la litis de la reclamación se ciñe al monto porcentual decretado por auto de inicio impugnado por la demandada, debiendo resolver si este rebasa la capacidad del deudor alimentista, sin embargo, como no hay prueba de la que se derive que la accionada se encuentre impedida para cumplir con esa obligación y que, contrario a ello, manifestó que cuenta con un oficio de "poner uñas" y al ofrecer como pruebas diversos tickets de depósito y pago de servicios, se advierte que la reclamante tiene recursos. También refiere la responsable, que las pruebas que la reclamante introdujo al juicio, consistentes en cuatro placas fotográficas, contrato de arrendamiento, recibos de pago de renta y servicios públicos como energía eléctrica, agua y drenaje, devienen insuficientes para demostrar la falta de capacidad económica que alega, porque lo que puede presumirse conforme con esos gastos es que cuenta con ingresos económicos y que al no acreditarse a cuánto ascienden estos, se encuentra imposibilitada para determinar que el quantum provisional resulta excesivo o desproporcionado. Así, determinó la autoridad responsable que la deudora alimentaria no demostró fehacientemente la imposibilidad para otorgar la pensión alimenticia decretada, que contrario a ello, manifestó que contaba con un oficio, por lo resultaba inconcuso que debía proveer económicamente a la satisfacción de las necesidades de sus acreedores alimentarios. Por lo anterior, la Juez confirmó la pensión alimenticia provisional consistente en dos salarios mínimos diarios, pues concluyó que la reclamante omitió aportar al litigio elementos objetivos idóneos y suficientes para evidenciar que el quantum provisional no satisface el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 del Código Civil en cita. Por lo antes expuesto, este juzgado advierte que los argumentos planteados por la parte quejosa son infundados, ello en razón de que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la Juez responsable, expuso las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para estimar la pensión alimenticia provisional cumple con el principio de proporcionalidad que establece el numeral 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual señala que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Ello es así, en razón de que la autoridad responsable precisó que respecto a los acreedores alimentarios, tienen un aproximado de dieciséis, catorce y doce años de edad, quienes por lógica cursa estudios a nivel secundaria, pero además, requieren una alimentación, suficiente, bastante y nutritiva a fin de lograr un sano crecimiento y desarrollo, además sus necesidades alimentarias van en aumento. Así mismo, por cuanto, hace a la aquí quejosa, que la misma no ofreció pruebas para demostrar que se encuentra imposibilitada para otorgar el monto de la pensión alimenticia fijado inicialmente o en su caso, que dicho monto resulta excesivo o desproporcionado, pues que por el contrario, de los medios de prueba ofrecidos en la reclamación, se presume que la deudora cuenta con ingresos económicos. Además, como lo señaló la autoridad responsable, no se demostró variación, modificación o la presencia de un hecho superviniente que implicara la disminución del porcentaje que inicialmente se le había fijado a la aquí quejosa, es decir, no se acreditó un cambio en las necesidades de recibir alimentos de los acreedores o en la posibilidad de proporcionarlos de la deudora, ni para aumentar ni para reducirlo. Al respecto, cuando se ejercita la acción de reducción de la pensión alimenticia, debe acreditarse indefectiblemente la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinen un cambio en las necesidades de la persona a quien deba dársele alimentos, y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida pensión. Por tanto, este juzgado advierte que la resolución reclamada no resulta violatoria de garantías, toda vez que la Juez responsable resolvió improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, tomando en consideración principalmente las necesidades alimentarias de los menores, lo que debe prevalecer antes que el interés de cualquiera de los padres. En tales circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, sin que se advierta motivo alguno que suplir, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADO POR MARÍA ELIZETT HERNÁNDEZ MIRANDA. QUINTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEXTO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá de entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente: R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A MARÍA ELIZETT HERNÁNDEZ MIRANDA, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, atento a los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy trece de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

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