Jaime Solis Viveros

Expediente 1141/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1141/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Jaime Solis Viveros

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo, y remite las constancias que lo sustenta; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por el quejoso, por medio del cual solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en autos a la autoridad responsable; sin embargo, no ha lugar a lo que solicita, toda vez que en párrafo que antecede se le dio vista con las constancias remitidas por la citada responsable para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso en cita, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número V-1141/2021-1 y fórmese el cuaderno respectivo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La medida de apremio impuesta como apercibimiento por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación número -, consistente en una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, establecida en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, el suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el suscrito considera que respecto del acto precisado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, aplicadas a contrario sensu, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, tal y como se expondrá enseguida: Los preceptos legales anteriormente señalados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "ARTÍCULO 107. (.) El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De la interpretación formal de los artículos transcritos, se pone de manifiesto que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora, en el presente juicio el quejoso reclama la medida de apremio impuesta como apercibimiento por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación número -, consistente en una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, establecida en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se debe probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de defender su derecho mediante el juicio biinstancial, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto, pues si bien existe un apercibimiento por parte de la autoridad responsable de hacer efectiva una multa en caso de incumplimiento de una petición, lo cierto es que ésta no se ha hecho efectiva por parte de la autoridad responsable, por lo que se insiste aún no existe un acto que vincule el derecho que se pretende proteger en el presente juicio. Lo anterior, sin que ello sea suficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo, de donde resulta evidente que en el caso concreto, el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados; por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo y el acto que aquí se pretende combatir, aun no se ha materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Así como la jurisprudencia 14, Materia Común, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321 del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Por lo antes expuesto, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia analizada procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo de cuenta. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se le tiene señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado -, virtud a que el mismo se encuentra dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas que refiere, toda vez que no se encuentran dentro del referido registro en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal. Finalmente, como lo solicita se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al promovente con su nombre de usuario --- en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio se le realicen las notificaciones y tenga acceso al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

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