Jaime Saul Guaman Lliguisupa

Expediente 334/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
334/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Jaime Saul Guaman Lliguisupa

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que dicho auto por el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías presentada por el promovente en favor de la parte quejosa; ha quedado FIRME para todos los efectos legales. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    ante la omisión de cumplir con el requerimiento formulado y la evidente falta de interés de la parte promovente, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el referido acuerdo y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    requiérase a la parte promovente del amparo manifieste la situación jurídica en la que actualmente se encuentra los impetrantes del amparo

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinte de abril de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo presentada por el licenciado Pedro Miguel García Gámez, en favor de los quejosos Jaime Saúl Guamán Lliguisupa, Luis Antonio Guaman Arqui, Juan Pedro Loja Zamora, Cristian Jaime Tenemeza Roldan, Tomaza Lucila Tenemeza Roldan y Nixon Fabián Medina Malla, contra actos de las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua y de otra autoridad, con sede en esta ciudad; de quienes reclama la privación de la libertad, la incomunicación, restricción del libre tránsito, retención y aseguramiento con fines de deportación a su país de origen en Cuba, de que dice son objeto la directamente impetrante del amparo. Regístrese la demanda en el libro de juicios que se tramitan en este Juzgado Federal, con el número consecutivo 334/2022-VI y fórmese expediente. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de los actos que aduce la promovente, consistentes en la privación de la libertad por incomunicación, detención, retención y aseguramiento u orden de traslado con fines de deportación a su país de origen en Ecuador. Por tanto, respecto de la orden de aseguramiento y retención con fines de deportación y la privación de la libertad que se reclaman de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para lo siguiente: a) Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de deportación o expulsión al país del aquí los directamente agraviados, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo o deje de tener efecto esta suspensión. b) Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional", la suspensión también se concede para el efecto de que, en caso de no haberse instaurado el procedimiento administrativo, se tome en cuenta como criterio orientador que el término máximo de la privación personal, como sanción administrativa, es el de treinta y seis horas, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. c) Si la orden de deportación se emitió con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que los directamente agraviados queden a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentren y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACION." De igual manera, con sustento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste únicamente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, se precisa que si la detención de los directamente agraviados tiene relación con la comisión de un delito, debe cesar sin demora la detención, poniendo a los quejosos en libertad o a disposición del Ministerio Público; asimismo, si la detención no tiene relación con la comisión de un delito o con un procedimiento migratorio y/o con lo señalado en el párrafo anterior (deportación), los quejosos deberán ser puestos en libertad. Asimismo, las autoridades responsables deberán abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, mantener en incomunicación a los aquí quejosos, por lo que de inmediato debe cesar dicha incomunicación. De igual forma, se establece que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano actos a fin de que gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Por otra parte, en relación a la incomunicación de que se dicen son objeto la directamente a los quejosos, igualmente, se decreta la suspensión de plano, para que cese de inmediato. En virtud de que el promovente del amparo señala que directamente los quejosos se encuentran privados de su libertad en las oficinas de la Estación Provisional Juárez Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya de inmediato en tal lugar, en términos del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, una vez que localicen directamente a los quejosos, dé fe del estado físico que presenten a simple vista, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la misma manifiesten individualmente si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndola, de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por no presentada la demanda, y se dejarán sin efecto las medidas provisionales que se hubieren dictado, asimismo, los requiera para saber si designan como sus autorizados en este juicio a los profesionista que refiere en la demanda; así como, designen representante común. Atento a lo anterior, se requiere a las autoridades encargadas de la custodia de la directamente agraviada, faciliten los medios necesarios para que el servidor público de referencia pueda dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Esto es, para que le permitan el acceso a la totalidad de las instalaciones donde puedan estar recluida los ahora quejosos, para lograr su localización y entrevista. De igual manera, indíquese a las autoridades señaladas como responsables, que tienen la ineludible obligación de dirigirse, en una forma conveniente, a los funcionarios encargados de ejecutar su acto, a efecto de cumplimentar la suspensión decretada. Se faculta al Actuario de referencia para que, en caso de no localizar a la parte agraviada en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, y sea informado que ésta se encuentra en sitio diverso, se traslade al mismo, para efecto de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, levantando la constancia respectiva. Ello es así, toda vez que los actos reclamados se encuentran prohibidos constitucionalmente y, ante ello, es una consecuencia ineludible y forzosa por cualquier autoridad, aun cuando no se les haya señalado expresamente, cuenta habida que esa circunstancia no es obstáculo para que la suspensión de plano deba cumplimentarse desde el momento en que se ordena el cumplimiento de la medida precautoria, contra todas aquellas autoridades que ejecuten tales actos. Por otra parte, resulta oportuno citar el artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.". Del precepto en cita se colige que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Sin que sea necesario fijar alguna garantía, en virtud de que en el presente asunto no se contempla en la ley de la materia. Además, tomando en consideración que de la demanda que se analiza no se advierte que se haya definido la situación migratoria de los quejosos Jaime Saúl Guamán Lliguisupa, Luis Antonio Guaman Arqui, Juan Pedro Loja Zamora, Cristian Jaime Tenemeza Roldan, Tomaza Lucila Tenemeza Roldan y Nixon Fabián Medina Malla, este juzgado estima conducente establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. De las manifestaciones vertidas por el representante de los quejosos, se advierte que son de nacionalidad Ecuatoriana, que se encuentra alojada en la Estación Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, de la Oficina de la representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, desde el trece de abril de dos mil veintidós. En este sentido, atendido al caso particular, no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidad alguna por parte de los quejosos pues existen elementos que permiten estimar que no se encuentra en aptitud de sufragarlo, toda vez que no se advierte que tenga ingreso alguno, por lo que en caso de estar imposibilitada a ello, por causas ajenas a ésta, se haría nugatorio que gocen de la medida cautelar que les fue otorgada. Además, no es idónea para obtener el fin que se busca, consistente en que continúe con su trámite migratorio y así no quede sin materia el juicio de amparo. No obstante lo anterior, sí deberá cumplir con los restantes requisitos que establece el artículo 102 de la Ley de Migración que a saber, son los siguientes: a) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; b) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y c) Presentar una sola solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Las documentales correspondientes al cumplimiento de los requisitos referidos, deberán ser presentadas ante la autoridad responsable, para los efectos antes precisados en esta determinación. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables quienes deberán informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 en relación con el diverso 236 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida Actualizadas (UMA), de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por lo que, de consumarse de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para las autoridades señaladas como responsables, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles para la rendición de sus informes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Una vez que se tenga noticia del resultado de la diligencia encomendada, provéase lo conducente en relación con la admisión, o lo que sea procedente, de la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En otro contexto, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; de igual manera, informa que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario "licpmg2010"; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, así como del diverso numeral 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se le concede el acceso al expediente en su versión electrónica, lo cual deberá tomar en consideración el encargado del SISE. En tal virtud, se ordena al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito para que realice las adecuaciones conducentes y se permita la visualización en el portal de internet, en la inteligencia que el acceso respectivo estará condicionado a que la firma en relación con la cual se otorga la autorización respectiva, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente que se trata. Por lo que hace a Adolfo Vladimir Salazar Pesqueira, se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones, toda vez que no tiene ante este Juzgado Federal registrada su cédula, que la faculta para ejercer la profesión de licenciada en derecho, ni aparece registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Titulo Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, como se desprende de las constancia de consulta realizada en el referido sistema, que obran en autos; no obstante lo anterior, queda a su disposición en este órgano jurisdiccional la solicitud de registro, debiendo exhibir dos copias fotostáticas de dicha solicitud; original y dos copias de la cédula profesional, del título profesional, de una identificación oficial y de un comprobante de domicilio, todos por ambos lados, respectivamente, a fin de ingresar al sistema los datos correspondientes. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley en aplicación, la Tesis I.11o.A.4 A, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1188, del Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Así como, la Tesis 1a. CCXVIII/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 184, del Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como por los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de aquélla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se informa a las partes, que la sentencia, ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el reglamento mencionado. Igualmente se les hace de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar su voluntad para que su nombre y datos personales se omitan en la publicación. En ese contexto, toda vez que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, y modificado por el diverso numeral 15 del Acuerdo General 25/2020, así como, por el otro 20/2021, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende a partir del dieciséis de febrero del presente año, el horario de atención desde las nueve horas con quince minutos hasta las quince horas con quince minutos, de lunes a viernes, sin posibilidad de ser extendido por causa alguna, conforme al anexo 1 AG 1-2022, de ocho de febrero de este año. En otro orden de ideas, en atención a la aplicación de la Ley de Amparo vigente en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en su numeral 3°, párrafo octavo, cuyo contenido literal expresa: "Artículo 3°.-. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.-." Instrúyase al Oficial Administrativo de la mesa encargado de este asunto, para que efectúe la digitalización de las actuaciones correspondientes a este expediente y, a la Secretaria de Acuerdos responsable de la tramitación, a fin de que de fe de la creación del expediente electrónico como del impreso, certificándose de que en ellos sean incorporadas las constancias a que alude el numeral invocado, para que coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes de este juicio, que el uso de la firma electrónica y el acceso al expediente electrónico, se encuentra regulado en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, y en vigor para este tipo de procedimientos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese vía electrónica al promovente; personalmente a los directamente agraviados, Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables; y cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Gabriel Pacheco Reveles, asistido del Secretario que autoriza y da fe de sus actos, licenciado Luis Gerardo Arroyo Arroyo. Doy fe.

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