Jaime Saucedo Chávez

Expediente 698/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
698/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Jaime Saucedo Chávez
  • Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía de General de Justicia del Estado de Michoacán Con Sede En Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los interesados interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, y que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 698/2019, promovido por Jaime Saucedo Chávez, por propio derecho, contra actos del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jaime Saucedo Chávez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridades responsables que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 698/2019; por auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una orden privativa de libertad atribuida inicialmente, entre otras, a una autoridad que tiene facultades para ejecutarla en este Estado, máxime que el quejoso manifestó tener su domicilio en la comunidad del Tepetate, perteneciente al municipio de Loreto, Zacatecas; lo que dio competencia inicialmente a este juzgado, pues el acto reclamado tendría ejecución en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 37 párrafo primero de la Ley de Amparo. No obsta lo anterior, que por auto de seis de septiembre de este año (foja 16), quien ahora resuelve haya declarado inexistente a la autoridad responsable que el quejoso denominó como "Comandante General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas", pues en aras de una pronta impartición de justicia y toda vez que en este juicio se señalaron diversas autoridades ejecutoras como responsables con facultades para ejecutar el acto privativo de libertad precisado en el libelo de demanda, con jurisdicción en diversos Estados, es que, para el caso concreto, este juzgador comparte el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en la tesis aislada II.2o.P.238 P, de rubro "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. TRATÁNDOSE DE LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN DIVERSAS ZONAS CONURBADAS, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO." y el de la diversa tesis II.1o.P.152 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN.", en el sentido que cuando se reclama una orden de aprehensión como lo es el caso, y se atribuye a autoridades responsables que pueden ejecutarla en territorios donde tienen jurisdicción distintos Juzgados de Distrito, a fin de evitar un conflicto competencial innecesario y privilegiar la pronta impartición de justicia, es que la competencia debe surtirse en favor del juez que previno, así como del que tenga jurisdicción en el domicilio que afirme tener el quejoso, pues dicho acto podrá ejecutarse en ese lugar, de ahí que como el quejoso dijo tener su lugar de residencia en este estado de Zacatecas, es que la competencia se surte en este Juzgado Segundo de Distrito, a quien tocó conocer de la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia citados, debe decirse que en la especie, el quejoso reclama de las autoridades responsables: La orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Coordinador General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán y Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, pues al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que el quejoso les atribuyó, sin que el amparista hubiera desvirtuado dichas negativas. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Manifestaciones de las responsables con las cuales se le dio vista al quejoso para que desvirtuara tales negativas, sin que dicha parte hubiera manifestado algo al respecto, de ahí que cobra firmeza el contenido de dichos informes. Máxime que de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a la responsable, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y su inconstitucionalidad; lo cual en el caso en concreto no aconteció. Cobra aplicación la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Del mismo modo, tampoco son ciertos los actos reclamados que el quejoso atribuyó a las autoridades denominadas "Agente del Ministerio Público en Uruapan, Michoacán" y "Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán". Lo anterior es así porque en el acta levantada el día de la fecha, la secretaria de juzgado asentó que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la denominación de dichas autoridades, sin que lo hiciere; de ahí que en la propia audiencia constitucional, éstas fueron declaradas inexistentes. Entonces, al resolver la contradicción de tesis 112/2008-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que si bien de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo abrogada (ahora 61 y 63 de la Ley de Amparo vigente) se aprecia que la inexistencia de una autoridad no constituye ni causal de improcedencia ni de sobreseimiento en sí misma, pues por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo es por los actos reclamados; resulta evidente que si la autoridad es inexistente, también lo será respecto de ella el acto que se le reclama, de ahí que resulte válido considerar que, como en este juicio fueron declaradas inexistentes las autoridades denominadas "Agente del Ministerio Público en Uruapan, Michoacán" y "Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán", también son los actos que a ellas se les atribuyó. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Saucedo Sánchez, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el último de los considerandos mencionados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    Visto; toda vez que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de treinta de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las autoridades responsables que denominó como: "Agente del Ministerio Público en Uruapan, Michoacán" y "Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán"; en consecuencia, como se le previno se tiene por inexistente a las referidas autoridades, debiéndose suspender toda comunicación con las mismas. En consecuencia y dado que el día de la fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia incidental, por lo que hace a las referidas autoridades, y las mismas fueron declaradas inexistentes, se estima innecesario pronunciarse en audiencia respecto a los actos que se imputan, porque no hay materia en el presente incidente que analizar, al carecer de la intención del quejoso para continuar con el presente incidente. Asimismo, se deja insubsistente la fecha señalada a las nueve horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia incidental.

  4. Incidental

    Visto; la certificación de cuenta, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado al quejoso por auto de treinta de octubre del año en curso, respecto a la vista otorgada referente a la denominación correcta de las autoridades que denominó como: Agente del Ministerio Público en Uruapan, Michoacán y Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de la fecha, y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración.

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