Jaime Sanchez Grajeda
Expediente 1357/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/09/2019
Partes del expediente
- Jaime Sanchez Grajeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de veintiuno de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos, por acuerdo de trece de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitieron el Presidente Auxiliar y Secretaria General, ambos de la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al cual acompañaron copias certificadas de diversas constancias para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de dieciocho de julio de la presente anualidad, haciéndose consistir en que la Junta de Conciliación y Arbitraje responsable, de inmediato emitiera pronunciamiento en el que señalara fecha para el desahogo de los medios de convicción ofertados en autos del juicio laboral natural. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (foja 28), causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a la Junta responsable a fin de que diera cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que mediante acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad, la autoridad responsable levantó certificación de que no existen más pruebas pendientes de desahogar, concediendo a las partes el término de dos días a fin que formulen los alegatos correspondientes. Por ende, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el escrito presentado por la parte quejosa, por el que pretende ampliar el interrogatorio relacionado con la prueba testimonial que ella misma ofertó vía el escrito inicial de demanda de garantías; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y dígasele a la promovente que tal adición deberá desecharse. Primero, porque el artículo 119 de la Ley de Amparo prevé que en el juicio constitucional serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones; que éstas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional. Sin embargo, las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofertarse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional; término que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al originar la jurisprudencia P./J. 12/95, número de registro 200327, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL INTERROGATORIO AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE"; estimó, que: * De conformidad con la Ley de Amparo, las pruebas que ameritaran desahogo posterior (testimonial pericial, inspección judicial o cualquier otra), debían exhibirse con el interrogatorio, cuestionario o puntos a inspeccionar; ello, con la finalidad de efectivizar el principio de igualdad procesal de las partes. Por su parte, al generar la diversa jurisprudencia P./J. 7/96, número de registro 200200, de rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA"; consideró, que: * La expeditez del procedimiento de amparo derivaba de su naturaleza sumaria; de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas (testimonial pericial, inspección judicial o cualquier otra de desahogo posterior) no se ofrecían con la anticipación exigida, ya no podían ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal. * Segundo, en la garantía de defensa de la parte oferente; lo que significaba, que ésta para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo se debía contar con el plazo previsto por el artículo 119 de la Ley Reglamentaria, sino además, que tal plazo se diera a partir de la fecha en que tuviera conocimiento del hecho que tratara de probar o desvirtuar con dichas probanzas. Conocimiento, que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Por lo que a guisa de ejemplo, si la parte oferente ya tuvo conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono. Máxime si se tomaba en consideración, que desde el punto de vista jurídico el oferente debía quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas propias a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En tanto, que emitir la distinta jurisprudencia P./J. 19/97, número de registro 199453, de rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. TERMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA"; se dilucidó, que: * La Carta Magna estableció con carácter sumario al juicio de amparo indirecto, pues era tendente a resolver sobre la constitucionalidad de los actos autoritarios reclamados, de manera rápida y eficaz. * De conformidad a la Ley de Amparo, las referidas pruebas (testimonial pericial, inspección judicial o cualquier otra de desahogo posterior) debían ofertarse en el plazo mínimo de cinco días, como una formalidad esencial del procedimiento que el órgano constitucional debía observar, siempre y cuando las mismas fueren ofertadas; supuesto, en el que debía fijarse la celebración de la audiencia constitucional para una fecha que permitiera su preparación, o bien, suspenderla o diferirla para lograrlo, pues de no hacerlo, constituiría una violación al procedimiento, lo que generaría que éste último fuere repuesto. * Sin embargo, para el caso de que las partes no las anunciaran, concluyó que el señalamiento de la fecha de la audiencia sin librar los cinco días, no constituía violación procesal. También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al publicar la tesis 2a. XXXIII/2015 (10a.), número de registro 2009210, de rubro: "PRUEBA PERICIAL. LA FACULTAD DE REQUERIR LAS COPIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA AL CUESTIONARIO ORIGINAL"; dirimió, que: * Conforme a la Ley Reglamentaria, las multialudidas pruebas (testimonial pericial, inspección judicial o cualquier otra de desahogo posterior) debían ofertarse exhibiendo el original del interrogatorio, cuestionario o puntos a inspeccionar; estos últimos, que constituían requisitos necesarios para que se tuvieran por ofrecidas, pues delimitaban el objeto de la prueba y su contenido era la materia sobre la cual versarían; por tanto, eran elementos medulares sin los cuales no podía considerarse formulado su ofrecimiento. Y por último, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al publicar la jurisprudencia 2a./J. 20/2013 (10a.), número de registro 2003121, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PERITOS ES SUSCEPTIBLE DE AMPLIACIÓN"; estimó, que: * De conformidad a una interpretación amplia del artículo 119 de la Ley de Amparo, se concluía que el interrogatorio, cuestionario o puntos a inspeccionar, era susceptible de ampliarse siempre que ello ocurriera con la oportunidad de cinco días hábiles anteriores al señalamiento de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración; lo cual, garantizaba el principio de igualdad procesal sobre el que se cimienta la previsión de dicho precepto. Ahora, de actuaciones se advierte que: I) Mediante escrito inicial de demanda de garantías, la parte quejosa ofertó entre otros medios de convicción, la testimonial a cargo de distintas personas físicas. II) Mediante proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de garantías; asimismo, se señaló el cinco de junio siguiente, para el verificativo de la audiencia constitucional. III) Por auto del propio cinco de junio de la citada anualidad, se estimó procedente el diferimiento de la audiencia constitucional para el diecisiete de julio último. Consecuentemente, el aludido medio de convicción deberá DESECHARSE. Lo anterior, con motivo a su extemporaneidad. Ello, si se toma en consideración que la parte oferente tuvo conocimiento del hecho o situación cuya certeza trató de probar o desvirtuar, desde el momento en que presentó su escrito de demanda de garantías, en el cual, ofertó la prueba testimonial que se pretende ampliar; por lo que, al omitir ofertarse dicha adición cinco días hábiles antes de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional (cinco de junio de dos mil dieciocho), ha precluido su derecho a hacerlo por causas propias a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Máxime que no se ubica en uno de los casos de excepción legalmente previstos; en otras palabras, la parte promovente estuvo en posibilidad de ofrecerla desde el mismo momento de la presentación de la citada demanda, o en su caso, ampliarla cinco días hábiles antes de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional. Totalidad de consideraciones, que tienen su fundamento en las razones que informan las jurisprudencias: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal". (Época: Novena Época, Registro: 200200, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 7/96, Página: 53). "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. TERMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA. El texto del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases de procedencia del amparo indirecto, induce a considerar el carácter sumario del procedimiento relativo tendiente a resolver sobre la constitucionalidad de los actos autoritarios reclamados, de manera rápida y eficaz. Congruente con este precepto constitucional, la Ley de Amparo fija los plazos máximos y aquellos de excepción, para la celebración de la audiencia y las condiciones para su suspensión o diferimiento a fin de que, dentro de las eventualidades de orden práctico que pudieran surgir en el procedimiento, se garantice la defensa de las partes, tal como se advierte de lo dispuesto en los artículos 147, 149, 152 y 156 de dicha ley. Por su parte, el artículo 151 de la propia ley establece el plazo mínimo de cinco días para que las partes en el juicio de garantías propongan las pruebas que requieren especial preparación, como son la pericial, la testimonial y la de inspección judicial, como una formalidad esencial del procedimiento que el órgano constitucional debe observar, siempre y cuando tales pruebas sean ofrecidas, supuesto en el cual deberá fijar la celebración de la audiencia constitucional para una fecha que permita su preparación, o bien, suspenderla o diferirla para lograr el mismo objetivo, teniendo en consideración, en su caso, los criterios de esta Suprema Corte, especialmente el contenido en la jurisprudencia número 7/1996, publicada en la página 53, Tomo III-febrero, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA", de tal manera que si no lo hace así, el Juez incurrirá en una violación del procedimiento en el juicio de amparo, que ameritará su reposición. Sin embargo, en la hipótesis de que las partes no anuncien ninguna de estas pruebas que ameritan preparación, ha de concluirse que el señalamiento de la fecha de la audiencia sin librar los cinco días en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, ordinariamente no constituye violación procesal". (Época: Novena Época, Registro: 199453, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, Constitucional, Tesis: P./J. 19/97, Página: 107). "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PERITOS ES SUSCEPTIBLE DE AMPLIACIÓN. Acorde con la interpretación amplia que este Alto Tribunal ha construido alrededor del artículo 151 de la Ley de Amparo, se concluye que el cuestionario relativo a la prueba pericial ofrecida en el juicio de amparo es susceptible de ampliarse siempre que ello ocurra con la oportunidad de cinco días hábiles anteriores al señalamiento de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración, lo que garantiza el principio de igualdad procesal sobre el que se cimienta la previsión de dicho precepto". (Época: Décima Época, Registro: 2003121, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 20/2013 (10a.), Página: 1486). Finalmente, en relación a la propuesta de Ernesto Valencia Ayala como perito de la parte quejosa; se tiene designando como diestro a la persona propuesta, por lo que se le REQUIERE por conducto de la peticionaria de amparo para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la legal notificación de este proveído, comparezca a aceptar y protestar el cargo que se le confiere o bien, exprese el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le tendrá por desinteresada en la designación probatoria correspondiente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 15 a 19), mediante la cual se concedió el amparo solicitado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Luego, por auto de dos de agosto de dos mil diecinueve se reservó proveer respecto de las documentales allegadas por la autoridad responsable, la cual exhibió copias certificadas del proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por recibido el informe enviado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y se le dio vista a las parte, asimismo, se tuvo a la parte actora por perdido su derecho al desahogo de la prueba confesional ofrecida, por lo que se le tiene informando lo anterior, por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del término de tres días dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, es decir, señale fecha para el desahogo de la totalidad de los medios de convicción admitidos a las partes en el juicio laboral de origen, remitiendo constancia fehaciente de ello. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que proceda requerir al superior jerárquico de dicha autoridad responsable, conforme a los numerales 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, en atención a que no lo tiene.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,099 expedientes
- Jaime Sánchez Corona3353/2018
- Jaime Sanchez Grajeda927/2022
- Jaime Sánchez Grajeda1357/2023
- Jaime Sanchez Grajeda2449/2019
- Jaime Sanchez Grajeda1680/2022
- Jaime Sanchez Grajeda3240/2017
- Jaime Sánchez Grajeda2640/2018
- Jaime Sánchez Grajeda603/2018
- Jaime Sanchez Grajeda799/2020
- Jaime Sánchez Grajeda813/2018
- Jaime Tovar Martínez1010/2023
- Jaime Vega Santos1536/2022