Jaime Rosalío Muñoz Macías

Expediente 1178/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 1 actuación registrada, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1178/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Jaime Rosalío Muñoz Macías

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Juez de Control del Sistema Acusatorio en Materia Penal en la Ciudad de Colima; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1178/2023-VIII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda y anexos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se obtiene que la parte quejosa en el apartado de designación del tercero interesado, manifiesta que ignora si existe. Sin embargo, en términos del artículo 5, fracción lll, incisos c) y e), le corresponde el carácter de tercero interesado a la víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad, así como al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. En este sentido, al derivar el acto reclamado del proceso penal 4564/2022, del índice de la autoridad responsable, es preciso que el quejoso deba señalar a quien le corresponde el carácter de tercero interesado en este juicio de amparo, así como en el domicilio en el cual puede ser emplazado, en términos del precepto legal citado, y en caso de no conocerlo manifestarlo bajo protesta de decir verdad. En el entendido de que dicha protesta lo constriñe a las sanciones penales que pudieren derivar por declarar hechos falsos ante esta autoridad jurisdiccional, en atención a lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de Amparo. Asimismo, el numeral 108, en su fracción V, señala que debe narrar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, sin embargo, la parte quejosa fue omisa en realizar tal protesta, pues se limitó a manifestar que "protesta conforme a derecho", lo cual no colma el requisito establecido en la legislación de amparo. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia: Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 32, con registro digital: 192843, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Por otra parte, al narrar los antecedentes del acto reclamado, la parte que se ostenta agraviada omitió señalar sí ha promovido diverso medio de impugnación en contra de la resolución reclamada en el presente juicio de amparo, y en su caso, sí dicho recurso ha sido admitido por las autoridades jurisdiccionales locales, lo anterior con la finalidad de conocer de forma completa la secuela procesal que produjo la promoción del medio de control constitucional de mérito. En consecuencia, la parte que se ostenta agraviada incumplió con lo dispuesto en el artículo 108, fracciones II y V de la Ley de Amparo, en relación con el taxativo 114, fracción II de la Ley en mención. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 108, fracciones II y V de la Ley de Amparo, en relación con el taxativo 114, fracciones l y II de la Ley en mención, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad dé cumplimiento a lo siguiente: Señale el nombre y domicilio de la víctima u ofendido, así como la denominación del Agente del Ministerio Público que haya intervenido en la causa penal 4564/2022 a quienes les corresponde el carácter de terceros interesados. Narre bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, pues omitió realizar dicha manifestación en su demanda. Amplié los antecedentes del acto reclamado, en el sentido de precisar sí promovió diverso medio de impugnación en contra de la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés y de ser afirmativo lo anterior, mencione si dicho recurso fue admitido. Es aplicable, la tesis publicada en la página 102, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XXII, Quinta Época, página 102, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. Asimismo la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 713, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser la designación de terceros interesados y antecedentes parte de la demanda, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, página 210, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a German Aguilar Gonzales, toda vez que su cedula profesional se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Profesionista. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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