Jaime Rodríguez Delgado
Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jaime Rodríguez Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; cinco de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/2736/2022, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de junio de dos mil veintidós, quien actúa en unión del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el pedimento ministerial presentado por la representante social, mediante el cual ofrece la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto; de igual manera, se hace constar que la autoridad responsable Director Registrador del Registro Público de la Propiedad del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, omitió allegar su informe justificado, aún y cuando estaba legalmente notificada para ello como obra en la constancia de notificación del acuse número 16084/2021, que obra en autos. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. Se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con las pruebas existentes en este juicio, esto es, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención en este asunto. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular al no expresar alegatos de su intención. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO 169/2021 PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Jaime Rodríguez Delgado, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III. Autoridades responsables. --- a).- Se señala la H. Administración General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, (.) --- b).- Se señala también a la H. Administración Local de Recaudación y/o de Rentas Torreón de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, (.) --- c).- Director Registrador del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, (.) --- d) Director Registrador del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de Torreón, Coahuila, (.) --- IV.- Actos Reclamados.- --- Se reclaman los cobros realizados en recibo de pago con folio Estado de cuenta: 764024373, por inscripción o modificación de crédito y recibo de pago con folio de estado de cuenta: 764024121 por transmisión de dominio con valor determinado en el Registro de Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Torreón, Coahuila, mismos, que se desprenden en los recibos de pagos que se listan a continuación, pagos que ya fueron realizados a favor de las responsables, en términos de los artículos 16 al 18 del Capítulo II los medios electrónicos del Código Fiscal del Estado de Coahuila.(.)" En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto se violaron, son los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Previa aclaración desahogada por la parte quejosa y en la cual se le tuvo por aclarando que no era su deseo señalar la expedición y promulgación de los artículos 54, fracción II, y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, como acto reclamado; por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 33/2021-VII-B, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. De conformidad con lo establecido en la circular SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresó al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Del Director Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Administración Fiscal General, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y Administrador Local de Recaudación y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con sede en esta ciudad. 1. El cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos contenidos, según refiere en la demanda, en los recibos con números de referencia 764024373 y 764024121, fechados el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, a nombre de la parte quejosa. 2. La aplicación de los artículos 54, fracción II, inciso 1 y 60, fracción II, inciso 3, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, a través de los recibos de pago señalados en el punto anterior, así como su consecuencia, consistente en la aplicación de los artículos 169 y Tercero transitorio, de la ley en comento, que prevén la contribución denominada fomento a la educación. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, por sí y en representación de la Administración Fiscal General y Administración General de Recaudación, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, así como el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituyen confesiones expresas con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por otra parte, la autoridad responsable Director Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, fue omisa en rendir informe justificado respecto del acto atribuido, pese a que fue legalmente emplazada al procedimiento, como se advierte de la constancia de notificación existente en autos; por lo que, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto atribuido. Es aplicable la tesis sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2044, tomo XVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO OMISO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ese precepto legal señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Esa hipótesis legal encuentra su origen en la fracción I del artículo 107 constitucional, conforme con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades instruido a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1, con relación al diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo. Esos dispositivos legales disponen, en lo conducente, el objeto del juicio de derechos fundamentales, así como que la parte quejosa será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando este acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa, o debido a su especial situación frente al orden jurídico. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, y por tanto, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir una afectación real y actual, teniendo en cuenta que el derecho que se aduce tener, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones. De modo que, la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Si bien es verdad la reforma al artículo 107 constitucional sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; sin embargo, esa reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico, mediante el cual se exige a la parte quejosa, que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. El interés legítimo se puede definir, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En el artículo 5°, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, el legislador estableció, en forma específica que: "El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico .". Además, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en análisis, regula una causal de improcedencia en aquellos casos en los que el juicio de amparo sea promovido contra una norma general que requiera de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; por lo que, cuando la parte quejosa alegue que una norma general le causa perjuicio por la realización de la condición prevista en la misma, se encuentra obligada a demostrar durante la tramitación del juicio de amparo la existencia del primer acto concreto de aplicación de la ley, el cual debe ser anterior a la presentación de la demanda de amparo. En suma, tratándose de este tipo de actos, como el que en la especie se analiza, es menester que la parte quejosa señale que es titular de un derecho subjetivo, y que con motivo del actuar de la autoridad, se le irroga una afectación de manera personal y directa; debiendo acreditar dicha circunstancia para que sea procedente la acción constitucional que vela el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2ª./J.51/2019 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1598, que establece lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Por otra parte, las normas de carácter general en el juicio de amparo, son analizadas dependiendo de su naturaleza, esto es, si son autoaplicativas o hetoroaplicativas. Con relación a la distinción entre normas de carácter general autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal. Es así, sostuvo, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente con relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato -individualización incondicionada-. Dicho de otro modo, porque tales efectos se hubieren causado con motivo de un acto de aplicación -individualización condicionada-, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia P./J. 55/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, julio de 1997, página 5, que señala lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Además, debe señalarse que cuando se trata de amparo contra normas de carácter heteroaplicativo -como la que la parte quejosa reclama-, es menester acreditar el interés jurídico de manera fehaciente con el primer acto concreto de aplicación realizado en perjuicio de la parte quejosa, lo cual se traduce en demostrar en forma plena la existencia de ese acto -aplicado por primera vez-, así como la afectación real y directa en la esfera jurídica del particular que solicita el amparo; de tal suerte, que si no se demuestran esos extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Norma este criterio, la jurisprudencia 3a./J. 45/90, sostenida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de 1990, página 199, que dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohiben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados". En el caso, el acto reclamado lo constituye el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos contenidos, según refiere en la demanda, en los recibos con números de referencia 764024373 y 764024121, y en vía de consecuencia, la aplicación de los artículos 54, fracción II, inciso 1), 60, fracción II, inciso 3), 169 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. En ese sentido, la parte quejosa no justificó el acto de aplicación que refiere de las normas cuestionadas, pues omitió allegar los recibos de pago que, según refiere son los números de transacción 764024373 y 764024121, a través de los cuales se corroborara el referido acto de aplicación, como se desprende de la boleta de turno y de los sellos de recepción que aparecen en el escrito de demanda, respecto de los cuales se puede constatar que ese libeló se presentó sin anexos; máxime, que la parte quejosa tampoco ofreció tales documentales durante el desarrollo de la secuela procesal de este juicio de amparo. Por tanto, si la parte quejosa no exhibió las documentales pertinentes para acreditar la aplicación de los preceptos que tilda de inconstitucionales, el sólo dicho de ésta resulta insuficiente para demostrar el perjuicio a su interés jurídico, es decir, la aplicación de los numerales combatidos, pues se trata de normas de carácter heteroaplicativo; luego, es obvio que la sola vigencia del aludido impuesto en modo alguno le irroga perjuicios en su esfera jurídica. Sirve a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198, primera parte, página 180, que señala lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico". Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, la circunstancia que la parte quejosa hubiere manifestado que los hechos que le constan en la demanda de amparo, son "bajo protesta de decir verdad", pues ello no implica un indicio que acredite, aunque sea de manera presuntiva su interés jurídico, pues con tal circunstancia, no se le exime de la obligación de acompañar elementos de convicción que acrediten su dicho; lo que en la especie no aconteció. Es aplicable, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, número 76, abril de 1994, página 17, que dispone lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Tampoco basta para tener por acreditado el interés jurídico, el hecho que la parte quejosa hubiere presentado la demanda, pues esto implica únicamente su pretensión de activar a este órgano jurisdiccional, pero no la comprobación que el acto reclamado lesione sus intereses jurídicos. Norma este criterio, la jurisprudencia 3a./J. 28/90, sostenida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo v, primera parte, enero a junio de 1990, página 230, que dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACION DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". En conclusión, toda vez que la parte quejosa no acreditó que le asista un derecho legítimamente tutelado por la norma, y su sola manifestación es insuficiente para justificar la afectación de manera cierta y objetiva de sus derechos públicos subjetivos; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el libro de gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no obra el informe justificado de la autoridad responsable Director Registrador del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ni el acuse relativo al oficio en el que se le pidió. Sin que en el caso haya lugar a requerir al Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que informe el trato dado a la pieza postal enviada, pues a la fecha, no ha transcurrido tiempo que se considere suficiente para que las mismas sean entregadas a su destino y, éstas a su vez, sea devuelta a este órgano jurisdiccional. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de junio de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el diverso oficio que menciona, por las razones que expone, agréguese únicamente para efectos de control. Notifíquese.
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