Jaime Robles Luna

Expediente 616/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
616/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Jaime Robles Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja, contra del auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que fue notificado por lista que se fijó en los estrados de este juzgado, así como por el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el veintiocho siguiente, en el cual se desechó la demanda de amparo, y al haber transcurrido a la fecha el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Así mismo, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los juzgados de distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental, ni existen documentos originales ofrecidos por la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en la carátula del presente expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Advirtiéndose de la constancia secretarial de cuenta, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que le fue notificado por lista al quejoso el catorce siguiente, surtiendo efectos el dieciséis de noviembre del año en curso, el cual feneció el dieciocho de los mismos. En dicho proveído, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio, signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual anexó dos recibos de diez de octubre de dos mil dieciséis, dos copias del cheque número 0023339 de siete de octubre de esta misma fecha y comparecencia de la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios de Baja California en dieciocho de octubre de este año, donde se le hace entrega del cheque 0023339 y auto de dos de octubre de dos mil dieciséis, lo anterior obra dentro del expediente 1021/2011-VII del índice de la autoridad apenas citada; con el apercibimiento que de no hacer declaración alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio, respecto al cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por consiguiente, una vez transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." -Efectos de la Sentencia- Al respecto, debe decirse que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, se dictó sentencia constitucional en la que se sobreseyó por una parte y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de *** por otra parte, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California e Instituto de Seguridad y Municipio del Estado de Baja California, ambos con sede en esta ciudad: ? En el caso de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California demandado, no haya acatado el laudo de mérito en virtud del último requerimiento de proveído de ***, debería hacerle efectiva la multa precisada en dicho proveído, para el caso de no dar cumplimiento con la condena impuesta. ? Habiéndose impuesto la multa a la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, como lo establece el artículo 143 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, de nueva cuenta debería requerirla para que realizara el cálculo actuarial constitutivo que deba de cubrirle la autoridad pública Municipio de Mexicali, a efecto de que se reconozca el derecho de la aquí quejosa en el régimen de pensiones y jubilaciones por el periodo comprendido del uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis al dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y nueve en los términos del artículo 64 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. ? En caso de insistencia en el incumplimiento del laudo, comisionar a un actuario para que asociado de la parte actora, aquí quejosa, quien fue la parte que obtuvo laudo favorable, se constituyeran en el domicilio de la parte demandada y la requirieran para que dé cumplimiento al mismo. ? Con libertad de actuación y jurisdicción, adoptara las medidas legales a su alcance para lograr el efectivo y total cumplimiento del laudo. Sentencia que causó ejecutoria el ocho de octubre de dos mil quince. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia, la autoridad responsable Delegado autorizado del Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, ambos con sede en esta ciudad, informaron que en proveído de once de octubre del presente año se liberó cheque valioso por la cantidad de $310,542.10 (trescientos diez mil quinientos cuarenta y dos pesos 10/100 moneda nacional), acordado mediante proveído de catorce de octubre de esta anualidad, posteriormente la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, anexó dos recibos de diez de octubre de dos mil dieciséis, dos copias del cheque número 0023339 de siete de octubre de esta misma fecha y comparecencia de la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios de Baja California en dieciocho de octubre de este año, donde se le hace entrega del cheque 0023339 y auto de dos de octubre de dos mil dieciséis, lo anterior obra dentro del expediente 1021/2011-VII del índice de la autoridad apenas citada; documentales a las cuales de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. De las documentales de referencia, se hace contar que se realizó la entrega del cheque 0023339 a la parte quejosa a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria de mérito. En consecuencia, se advierte que las citadas autoridades responsables, realizaron todos los actos que se les indicó en la ejecutoria de amparo. La entrega del cheque 0023339 implicó que se dejara de vulnerar con la omisión reclamada; y con ello, se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido. Hágase del conocimiento de la quejosa el presente proveído para los efectos del tercer párrafo del precepto 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el auto de fecha 22 de noviembre de 2016, en el que se dictó lo siguiente: Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentado por ***, quien se ostenta en su carácter de quejoso, en contra de actos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública. -Desechamiento- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, que se hace consistir en el acuerdo de inició del procedimiento administrativo de recuperación número *** con número de oficio UJ/987/2016, signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto en referencia y su notificación. Ahora bien, este juzgador estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de manera indudable, notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo. A efectos de dar sustento a la aseveración hecha, conviene citar aquí el texto del numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por otra parte, los artículos 107, fracción III, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, disponen: ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Ahora bien, se afirma que se actualiza la hipótesis prevista en los numerales citados, ya que la parte quejosa reclama un acto intraprocesal relativo al procedimiento administrativo de recuperación número ***, consistente en el acuerdo de inició de dicho procedimiento, en el cual, la autoridad responsable le hace sabedor que ejercitó acción administrativa mediante el inicio del procedimiento administrativo de recuperación de la fracción identificada como local 26, con superficie aproximada de 17.28 metros cuadrados, localizada en la poligonal que se identifica como "Pasaje Comercial del Túnel" situada dentro del bien inmueble federal de mayor extensión denominado "Puerto Fronterizo Mexicali I" ubicado en calle Melgar sin número, Colonia Centro, Código Postal 21100, Mexicali, Baja California. Lo anterior permite concluir que no puede considerarse como un acto dentro del procedimiento cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental. En efecto, de conformidad con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, a saber: 1. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, 2. Cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se da ninguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), y sus consecuencias tampoco afectan en grado predominante o superior a las partes. Para sostener que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es menester precisar que el promovente manifiesta que la violación que reclama se basa en el temor fundado de que se realice el desalojo o desocupación forzosa del bien inmueble que se dice poseedor; sin embargo del análisis integral del acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación que anexó a su demanda de amparo, no se advierte que la responsable haya ordenado a través de dicho acto la desposesión o desalojo del bien inmueble en referencia; por el contrario atendiendo a lo que dispone el artículo 109 de la Ley General de Bienes Nacionales, le concedió un plazo de quince días hábiles a fin de que haga valer los derechos que en su caso tuviere y acompañe los documentos en que funde sus excepciones y defensas; es decir, otorgó el derecho de audiencia y defensa. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado no viola algún derecho sustantivo de la parte quejosa, puesto que en el acuerdo no se ordenó la recuperación del bien inmueble a favor del gobierno federal, de ahí que no haya una latente violación al derecho sustantivo de propiedad o posesión, que dice tener respecto del local comercial al que hace referencia. De acuerdo a lo expuesto, el acto reclamado no puede estimarse como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, debe concluirse que no es impugnable de momento a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Es aplicable por las razones en ella contenidas, la tesis número II.1o.4 A (10a.) , emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl , Estado de México , visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 2921, Décima Época, Instancia: que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 (10a.)]. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio), debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente (a diferencia de la ley anterior), la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación." Resulta igualmente aplicable, la tesis II.3o.A.26 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, página 1912, que se reproduce: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. SI BIEN, POR REGLA GENERAL, EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA SU ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EXCEPCIONALMENTE, LOS ACTOS INTERMEDIOS SON INMEDIATAMENTE IMPUGNABLES EN ESA VÍA CUANDO SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O EL JUICIO SE PROMUEVA POR TERCEROS EXTRAÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Si bien es cierto que el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución de éste, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, lo que implica que -por regla general- los actos intermedios no son inmediatamente reclamables en esa vía, también lo es que conforme a la fracción IV del propio precepto, si la impugnación de dichas etapas intermedias se reclama por un tercero extraño al trámite respectivo o por considerarse que dichos actos en el procedimiento administrativo tienen una ejecución de imposible reparación, entonces, por excepción, dicho amparo procederá contra esas etapas intermedias sin necesidad de aguardar a que se dicte la última resolución, lo cual es congruente con los argumentos contenidos en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, página 81, de rubro: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", donde se sostiene que aunque la fracción IV aluda a "actos en el juicio", por igualdad de razón, debe aplicarse a "actos en los procedimientos seguidos en forma de juicio", pues lo que pretende tutelarse con dicho fundamento es que los actos que tengan ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en amparo, sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y éstos pueden producirse tanto "en juicios" propiamente dichos, como en procedimientos seguidos en forma de juicio y, además, cuando se trate del amparo pedido por terceros extraños a la controversia, según la parte final de la fracción II del citado numeral 114." En mérito de lo anterior, la afectación exorbitante a derechos sustantivos debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo; y la concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la resolución definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Resulta aplicable de manera analógica, al presente caso por las consideraciones que la contienen la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2159, Tomo III, Febrero de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa * el auto de fecha 03 de noviembre de 2016, en el que: "...Vista la demanda de amparo y anexo, presentada por Jaime Robles Luna, con la cual se le tiene promoviendo juicio de amparo indirecto; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 616/2016-1. -Análisis de demanda - A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, al analizar la demanda, se advierte que: 1. En la parte de la demanda relativa a los "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", los relata sin manifestarlos bajo protesta de decir verdad. 2. El quejoso menciona como acto reclamado el acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación número PAR/21/1016, signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública; pero no aclara si también desea reclamar la notificación del acuerdo referido. 3. En el apartado de "HECHOS:", omite mencionar si ya se ejecutó el desalojo o desocupación forzosa del local ubicado en Pasaje Comercial "SigloXXI" local número 2 (dos), cito en el Puerto Fronterizo Mexicali I del paso peatonal del cruce de la garita Mexicali-Calexico, en Mexicali, Baja California. 4. No acompaña copias de traslado suficientes para notificar a cada una de las partes, y abrir el incidente de suspensión que solicita. Irregularidades que no permiten dar inicio al juicio que se pretende, por existir oscuridad en la demanda. -Prevención- En consecuencia, por disposición del artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído mediante escrito aclaratorio y seis copias del mismo, bajo protesta de decir verdad: ? Manifieste los antecedentes del acto reclamado de manera sucinta, clara y sin imprecisiones, declarándolos bajo protesta de decir verdad. ? Manifieste si señala como acto reclamado la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo y como autoridad responsable a la notificadora encargada de su realización. ? Exprese si ya se ejecutó el desalojo o la desocupación forzada del local que ocupa ubicado en domicilio Pasaje Comercial "SigloXXI" local número 2 (dos), cito en el Puerto Fronterizo Mexicali I del paso peatonal del cruce de la garita Mexicali-Calexico, en Mexicali, Baja California. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo se le requiere para que: ? Exhiba tres copias de su demanda, para notificar a cada una de las partes, y abrir el incidente de suspensión que solicita; en el caso de señalar alguna autoridad responsable adicional a la de su escrito de demanda, anexe una copia adicional para los efectos legales conducentes. -Apercibimiento- Con el apercibimiento que de no cumplir con lo señalado, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmaran hechos falsos u omitieran los que les consten en relación con el acto reclamado, incurrirían en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además les sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional, analice la competencia y procedencia del juicio, a la luz del multicitado numeral...", lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.

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