Jaime Roberto Gómez Gamboa

Expediente 647/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
647/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Jaime Roberto Gómez Gamboa

Actuaciones

  1. Principal

    (CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cinco de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el prnoveído de dos de diciembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo cvconducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite un legajo en copia certificada de los autos que integran el presente juicio, así como copia autorizada del testimonio de resolución emitida el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en autos del recurso de queja 218/2016, en la que determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Jaime Roberto Gómez Gamboa, en contra del acuerdo emitido el ocho de agosto de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo indirecto 647/2016, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado." Acúsese el recibo correspondiente. Ahora, respecto del legajo en copia certificada que remite el Tribunal de Alzada, se ordena su destrucción, toda vez que obran los originales en el presente cuaderno. Por otra parte, se toma en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto, por haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio 19461/2016 con el que le fueron enviadas las copias certificadas del juicio de amparo 647/2016. Asimismo, informa que el uno de septiembre del año en curso, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; el cual quedó registrado bajo el número 218/2016 del índice del tribunal de su adscripción.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ***********, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo promovida contra los actos que imputó al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que el citado órgano colegiado acuerde lo que en derecho corresponda, debiéndose anexar el original del escrito de agravios correspondiente, así como una copia de éste destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal de Alzada. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que es cierto el acto que impugna la parte quejosa toda vez que este órgano jurisdiccional el ocho de agosto de dos mil dieciséis dictó el acuerdo que desechó la demanda de amparo promovida, en virtud de que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley de la materia, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Empero, al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo sería las autoridades responsables, y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgado es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias necesarias del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.

  4. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el nueve de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de ocho de agosto del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta se tiene a Jaime Roberto Gómez Gamboa, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 647/2016. Primeramente, debe precisarse que del análisis del ocurso de demanda se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: EL ILEGAL ACUERDO carente de motivación y fundamentación, tomado en sesión de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciséis del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial dar por terminada a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, la relación laboral que se tenía entre el C. JAIME ROBERTO GOMEZ GAMBOA y el PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ello fundado en el Artículo 53 inciso h de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, asumiendo en dicha sesión que no existía responsabilidad para la institución, sin haber sido oído ni mucho menos vencido, inclusive, sin material probatorio de sus "irregularidades", aplicando una pena infamante y contraria a los derechos humanos de acceso a la salud, al trabajo, al debido proceso y a muchos otros, ya que la decisión arbitraria compromete la seguridad y estabilidad de mi familia. Ya que, pretenden acreditar, una pérdida de confianza y de conformidad a lo establecido en el inciso A fracción III del artículo 10 y con relación al 49 del ordenamiento citado. El haber ordenado al Licenciado JORGE KUMUL CANCHÉ, Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que proceda a ejecutar el acuerdo citado en el numeral anterior, y para que realice el finiquito que conforme a la ley corresponda al Licenciado JAIME ROBERTO GOMEZ GAMBOA, sin encontrarse dentro de sus atribuciones legales asignadas por la ley, y los actos que se generan con su indebido actuar. La aplicación arbitraria de la Acción de sanción prevista por el artículo 53 fracción VII inciso H, en relación con el fracción I, que establece que por ausencias se pierda la calidad de los servicios, cuando de conformidad por lo dispuesto por los artículo 124 y 1252 de la Ley Burocrática Estatal, esta prescribió en el término de cuatro meses, a partir de la revisión de los servicios que prestara como ASISTENTE de la Coordinación de Sistematización y compilación de tesis, lugar en donde preste mis servicios de 2012. La violación y privación de mi derecho humano de audiencia, legalidad y certeza y certidumbres jurídicas, y de acceso efectivo a la administración der justicia, al no haberme notificado ni escuchado para que oportunamente me defendiera y presentara excepciones, defensas, alegatos y pruebas en contra de las falsas imputaciones que indebidamente se plasmaron en el acta de la sesión de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial dar por terminada a partir del día diez de mayo de dos mil dieciséis, la relación laboral que se tenía entre el C. JAIME ROBERTO GÓMEZ GAMBOA y el PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ello fundado en el artículo 53 inciso h de la ley de os Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, sin responsabilidad para la institución y señalando una pérdida de confianza y de conformidad a lo establecido en el inciso A de la Fracción III del artículo 10 y con relación al 49 del ordenamiento citado. La violación y privación de mi derecho humano al trabajo y el acceso al disfrute del mínimo vital para la subsistencia del suscrito y de mis dependientes económicos, al arbitrariamente omitirse otorgarme el derecho de audiencia, legalidad, certeza y certidumbres jurídicas, de acceso efectivo a la administración de justicia, y de defensa adecuada, al no haberme notificada ni escuchado para que oportunamente me defendiera y presentara excepciones, defensas, alegatos y pruebas en contra de las falsas imputaciones que indebidamente se plasmaron en el acta de la sesión de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial dar por terminada a partir del día diez de mayo de dos mil dieciséis, la relación laboral que se tenía entre el C. JAIME ROBERTO GÓMEZ GAMBOA y el PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ello fundado en el artículo 53 inciso h de la ley de os Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, sin responsabilidad para la institución y señalando una pérdida de confianza y de conformidad a lo establecido en el inciso A de la Fracción III del artículo 10 y con relación al 49 del ordenamiento citado. La privación del disfrute del pago de los salarios, a partir del 10 de mayo del 2016, y que se mantiene hasta la presente fecha en que invoco la protección federal de los emolumentos y demás prestaciones de seguridad social, con motivo de mi derecho humano al trabajo y el acceso al disfrute del minimo vital para la subsistencia del suscrito y mis dependientes económicos, al arbitrariamente omitirse otorgarme el derecho de audiencia, legalidad, certeza y certidumbres jurídicas, de acceso efectivo a la administración de justicia, y de defensa adecuada, al no haberme notificada ni escuchado para que oportunamente me defendiera y presentara excepciones, defensas, alegatos y pruebas en contra de las falsas imputaciones que indebidamente se plasmaron en el acta de la sesión de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial dar por terminada a partir del día diez de mayo de dos mil dieciséis, la relación laboral que se tenía entre el C. JAIME ROBERTO GÓMEZ GAMBOA y el PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ello fundado en el artículo 53 inciso h de la ley de os Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, sin responsabilidad para la institución y señalando una pérdida de confianza y de conformidad a lo establecido en el inciso A de la Fracción III del artículo 10 y con relación al 49 del ordenamiento citado.". Esto es, de lo aquí precisado, se advierte que la parte promovente se duele de: El acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciséis del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como su ejecución en la sanción prevista en el artículo 53 fracción VII inciso H de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo inciso y la falta de emplazamiento al procedimiento. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que la parte promovente, en el apartado de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas, aduce que: "Siendo el caso, que con fecha diez de mayo de dos mil dieciséis a las 12:20 horas, se apersonó a mi oficina y escritorio la Licenciada Martha Cecilia Cruz Novelo, Visitadora Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y me hizo entrega de un documento con numero de oficio D.R.H1363/2016 de fecha 9 de mayo de 2016, firmado por la Licenciada Georgette González Mingüer, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial". "Es el caso que con fecha 13 de julio de 2016 a las 11:00 recibí el oficio número CJ-1038/2016, de fecha 02 de julio de 2016 y mediante el cual me notifican que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en sesión ordinaria de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis y donde autoriza sean expedidas y entregadas al suscrito la parte conducente del acta de sesión ordinaria de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, y en que se acuerda según se observa mi recisión laboral". Por medio de los cuales se hizo de su conocimiento la recisión laboral de que se duele el quejoso. Esto es, del contenido del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, adujo que el diez de mayo de dos mil dieciséis se enteró, por medio del oficio D.R.H. 1363/2016 de nueve de mayo del año en curso, la recisión laboral y que en copia simple acompaña como anexo, de cuyo análisis se desprende que, en efecto, se trata de una notificación que contiene transcrita la recisión de la relación laboral el diez de mayo de dos mil dieciséis, esto es, fecha coincidente con aquélla en que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de la notificación del oficio en que se enteró de la recisión laboral; en ese tenor de ideas, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que por esta vía constitucional combate, desde del diez de mayo de dos mil dieciséis. Así pues, como se dijo en el párrafo antecesor, la parte promovente tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate consistente en la terminación laboral que reclama de las autoridades responsables el diez de mayo de dos mil dieciseises. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se hará interpretando la demanda de amparo en su integridad, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.].". De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado precisado en párrafos que anteceden se ubica dentro de la regla general antes enunciada, toda vez que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de dicho acto desde el diez de mayo de dos mil dieciséis, lo que constituye una confesión expresa de quejoso, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". De igual modo, el quejoso exhibió con su demanda de amparo copia simple del oficio D.R.H. 1363/2016 por medio del cual se le informo la recisión laboral de que se duele, documental que si bien se encuentra exhibida en copia simple, la misma por su propia naturaleza únicamente cuenta con valor probatorio de indicio, sin embargo, al encontrarse adminiculada con la confesión del quejoso descrita en párrafos que anteceden merece valor probatorio pleno para acreditar, que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que por esta vía reclama el diez de mayo del año en curso. De ese modo, si en el caso particular existe conocimiento del acto reclamado, como ha venido quedando precisado en el cuerpo de este auto, desde el diez de mayo del año en curso, -como así lo manifestó el quejoso, bajo protesta de decir verdad-, es inconcuso que a partir de esa data tuvo posibilidad de impugnar el acto en la vía constitucional; de ahí que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta vía, es la que fija el punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo, conocimiento aquél que surtió sus efectos el mismo día, lo que incluso es acorde con el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió del doce de mayo al uno de junio de dos mil dieciséis, sin contar los sábados y domingos, conforme se ilustra a continuación: MAYO DE 2016 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 JUNIO DE 2016 L M M J V S D 1 2 Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de paráfrasis: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el tres del mes y año que transcurren, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta residencia y turnado a este órgano el cinco siguiente es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.". Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Maldonado Pacheco, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizado en términos restringidos a Hulkin Miravete Granja y Luis Fernando Vargas Argaez. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, dentro del término a que alude el artículo 24 de la ley de la materia. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.

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