Jaime Rene Juárez y Otros.

Expediente 644/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
644/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Jaime Rene Juárez y Otros.
  • Jaime Rene Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, que devuelve el Administrador de Correos, residente en esta ciudad, remitido al Delegado Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tapachula, Chiapas, por los motivos que expone en el sobre que adjunta. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º de la legislación en cita, agréguese a los autos únicamente para que conste como corresponda; lo anterior, toda vez que mediante proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido.

  2. Incidental

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.

  3. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de treinta de abril del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue sobreseído el juicio de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Incidente de suspensión. Toda vez que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la ?????????????? ??????????????? destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo en comento

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:---------Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de abril de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, de los que se advierte que mediante proveído de trece de abril de la presente anualidad, se recibió el informe justificado de la Representante Local del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el que en apoyo al mismo remitió copia certificada del Procedimiento Administrativo Migratorio, instaurado contra los quejosos Jaime Rene Juárez, Cristian Alexis Ruiz León, Edwin Josué Guzmán Juárez y Oscar Ronaldo Ruiz Olivo. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Bajo ese tenor, a consideración de este juzgado, existen condiciones procesales suficientes para resolver este asunto únicamente en relación con los actos atribuidos a las precitadas autoridades responsables, de manera que en obvio de dilaciones innecesarias, se procede a dictar acuerdo en los siguientes términos. En principio, se tiene que Juan Manuel Cerdio Borraz, en representación de Jaime René Juárez, Cristian Alexi Ruiz León, Edwin Josué Guzmán Juárez y Oscar Ronaldo Ruiz Olivo, en su escrito inicial de demanda, reclamó substancialmente de las precitadas autoridades responsables, la a) detención ilegal, aseguramiento y/o alojamiento, b) incomunicación y c) deportación. Empero, del contenido de sus informes de suspensión de plano y justificado, se aprecia que no son ciertos los actos que se atribuyen a las referidas autoridades, pues así lo manifestaron, sin que exista dato objetivo alguno que desvirtúe esa negativa. Por tanto, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en torno a dichas autoridades y en relación a los actos consistente en la b) incomunicación y c) deportación, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dicta: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional por inexistencia de los actos reclamados en torno a dichas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, El Representante Local del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al rendir su informe de suspensión de plano niega la existencia del acto reclamado consistentes en la a) detención ilegal, aseguramiento y/o alojamiento; sin embargo, agregó que el ocho de noviembre de dos mil veinte, los directamente agraviados Jaime Rene Juárez, Cristian Alexis Ruiz León, Edwin Josué Guzmán Juárez y Oscar Ronaldo Ruiz Olivo, fueron presentados ante su representación local de migración, iniciándoles Procedimiento Administrativo Migratorio, solicitando los precitados quejosos refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, realizando las solicitudes correspondientes. En relatadas cuentas, los precitados quejosos el seis, siete y ocho de diciembre de dos mil veinte, reciben Oficio de Salida con Fines de Regularización por grado de vulnerabilidad que dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido al encuadrar en el supuesto de ser reconocido con la condición de refugiado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, obteniendo salida de la mencionada estación migratoria. Ahora bien, por lo que hace al diverso Cristian Alexis Ruiz León, el diez de diciembre de dos mil veinte, desistió ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, manifestando no continuar con la solicitud de refugio y deseando regresar a su país de origen, por lo que la autoridad responsable migratoria resolvió el procedimiento administrativo migratorio, dándole oficio de salida del país, ante la imposibilidad de ejecutarse el retorno asistido, para que a través de sus medios, regresara a su país, dándole salida de la citada estación migratoria el once de diciembre de dos mil veinte. Tiene sustento lo anterior el criterio de la octava época. ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." (Criterio de la Octava época, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, del tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación). Lo anterior, hace presumir la existencia del acto reclamado consistente en la a) detención ilegal, aseguramiento y/o alojamiento, porque a pesar de que lo niega, hace manifestaciones que evidencian su certeza. Causas de improcedencia de oficio. Este órgano jurisdiccional de primera instancia advierte la actualización de la casual de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la a) detención ilegal, aseguramiento y/o alojamiento. Para actualizarse la causa de improcedencia referida, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta su derogación, modificación o revocación por parte de la autoridad responsable; sino también, es necesario que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de revisar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado para ser borrada por el otorgamiento de la Protección de la Justicia Federal. La parte quejosa reclamó a) detención ilegal, aseguramiento y/o alojamiento. Ahora bien, de las constancias que remitió Representante Local del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se advierte que el seis, siete, ocho y once de diciembre de dos mil veinte, los aquí quejosos Jaime Rene Juárez, Oscar Ronaldo Ruiz Olivo, Edwin Josué Guzmán Juárez y Cristian Alexis Ruiz León se les decretó su salida dentro de los procedimientos administrativos E.A./IS.9/ORCHIS/SRLSAN.C/JUR/PAM/398/08-11- 2020, E.A./IS.9/ORCHIS/SRLSAN.C/JUR/PAM/400/08-11-2020, E.A./IS.9/ORCHIS/SRLSAN.C/JUR/PAM/399/08-11-2020 y E.A./IS.9/ORCHIS/SRLSAN.C/JUR/PAM/397/08-11-2020, respectivamente. Circunstancia que se considera suficiente para llegar a concluir que el acto reclamado consistente en la a) detención ilegal, aseguramiento y/o alojamiento, cesó en sus efectos, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal. En efecto, al decretarse la Salida con Fines de Regularización por grado de vulnerabilidad que dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido al encuadrar en el supuesto de ser reconocido con la condición de refugiado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el desistimiento los aquí quejosos Jaime Rene Juárez, Oscar Ronaldo Ruiz Olivo, Edwin Josué Guzmán Juárez y Cristian Alexis Ruiz León, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se les hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (2a./J.59/99, Novena Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tomo IX. Junio de 1999. Página 38). En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia que contiene la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la Ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en la a) detención ilegal, aseguramiento y/o alojamiento. Apoya las consideraciones anteriores la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época). En mérito de lo anterior, se deja de proveer la programación de nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba inicialmente fijada para las nueve horas con veintidós minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley.

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