Jaime Ramón Reyes Saucedo
Expediente 301/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jaime Ramón Reyes Saucedo
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme desechamiento. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado vía electrónica por Jaime Ramón Reyes Saucedo, contra actos del Alcalde Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 301/2021, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia en cuestión precisa que para desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama la boleta de infracción 13721 de uno de abril de dos mil veintiuno que se le impuso en su contra, misma que adjunta a su demanda de amparo; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza de manera indudable y notoria la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El citado artículo establece que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. Destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales y legales. En efecto, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el juicio de amparo en materia administrativa procederá únicamente contra actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados, revocados o anulados; ya que de ser así, el medio de impugnación correspondiente debe agotarse antes de acudir a la jurisdicción constitucional. El citado precepto y la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo establecen como excepciones al principio de definitividad, las siguientes: i) El acto reclamado carezca de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. ii) La legislación ordinaria no prevea la suspensión de los actos reclamados. iii) La medida cautelar establecida en el ordenamiento respectivo, no tenga los mismos alcances o se exijan mayores requisitos para concederla que en la Ley de Amparo. iv) El plazo para otorgar la suspensión sea mayor en la normatividad ordinaria que el previsto en la Ley de Amparo. De actualizarse alguno de los supuestos especificados, el juicio de amparo podrá promoverse en forma inmediata, sin que sea necesario agotar los recursos ordinarios. Bajo esa premisa, resulta pertinente establecer que contra la boleta de infracción que reclama el quejoso, previo a promover el presente amparo, se debió agotar el juicio previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, debido a que esa multa fue impuesta por una dependencia de la administración pública municipal (Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza) y afecta el interés jurídico de su destinatario, ello, de conformidad con el artículo 2 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el arábigo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Además, no se actualiza ningún motivo de excepción, en atención a lo siguiente: 3.1 Ausencia de fundamentación. La exigencia de fundamentación del acto reclamado encuentra justificación en la amplia gama de legislaciones existentes en materia administrativa; lo que implica la necesidad de que el particular conozca de manera exacta cuál ley es la aplicable al caso concreto, y por ende, el medio idóneo para impugnar el acto de autoridad. En ese contexto, resulta indispensable que en el acto reclamado se citen los preceptos legales que sirvieron de fundamento para emitirlo. Además, para considerar que se configura esta excepción al principio de definitividad, la ausencia de fundamentación debe ser absoluta, no sólo indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, deben interponerse los medios de defensa correspondientes. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, la boleta de infracción reclamada no carece de fundamentación, ya que se emitió conforme a diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, tal como se advierte de la citada documental que fue exhibida por el quejoso y la cual ya fue valorada. Cabe agregar que la parte quejosa no sólo hace valer violaciones directas a la Constitución en sus conceptos de violación, sino que también se advierten razonamientos que cuestionan la legalidad del acto reclamado, pues aduce que la multa es excesiva en atención a lo que señala la Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y que la misma no tiene como fin recaudar impuestos, entre otras cuestiones. En consecuencia, no resulta aplicable esta excepción, pues como se apuntó, para que opere es necesaria la omisión absoluta de preceptos legales citados en el acto reclamado, lo cual no acontece. 3.2 La legislación ordinaria no prevea la suspensión de los actos reclamados. Para relevar a la parte quejosa de agotar el medio ordinario de defensa, se requiere que la norma jurídica respectiva no prevea la suspensión del acto reclamado; sin embargo, el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sí prevé la suspensión del acto. 3.3 La medida cautelar prevista en el ordenamiento respectivo, no tenga los mismos alcances o se exijan mayores requisitos para concederla que en la Ley de Amparo. 3.3.1 Ley de Amparo. De la recta interpretación de los artículos 112 y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que como regla general, el plazo para que el Juez de Distrito se pronuncie sobre la suspensión es de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión procederá siempre que medie petición del quejoso y que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, tratándose específicamente de la suspensión de multas administrativas, de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, se advierte que los plazos y requisitos para el otorgamiento de la suspensión en los juicios de amparo en que se reclama una multa administrativa son los siguientes: a) Se debe pronunciar sobre la suspensión dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda (salvedad hecha de los casos de desechamiento o prevención); b) La suspensión se concederá siempre que la pida el quejoso, que no se sigan perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) El quejoso debe tener constituida o constituir la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. d) La suspensión podrá concederse discrecionalmente y surtirá sus efectos de inmediato, pero dejara de hacerlo si dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, no se ha constituido la garantía del interés fiscal. Ahora bien, en cuanto sus alcances, el artículo 157 de la Ley de Amparo establece que en lo conducente, se aplicará al auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva y conforme al artículo 138, fracción I, del mismo ordenamiento, concedida la medida el juez deberá fijar los requisito y efectos de la medida. En términos del artículo 147 del mismo cuerpo normativo en consulta, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Además dispone que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. 3.3.2 Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza. De los artículos 51, 60 y 63 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se deduce que los plazos y requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Coahuila de Zaragoza, son los siguientes: a) El plazo para proveer sobre la suspensión es de veinticuatro horas (salvo los casos de desechamiento o prevención); b) Debe ser solicitada por el actor y no se otorgará si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones del orden público; y, c) El actor deberá garantizar el interés fiscal en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. d) Concedida la suspensión, dejará de surtir sus efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. En cuanto a sus alcances, el artículo 60 de la legislación en consulta establece que la suspensión tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con su ejecución ya iniciada; tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución; y también podrá consistir en la orden de custodia del folio del predio, al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con el desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros. De igual forma, el numeral 61 de la misma legislación prevé que se podrá decretar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes; condicionado tratándose de actividades reguladas a que exhiba la concesión, licencia, permiso, autorización o aviso que se requiera para ello. Bajo tales consideraciones, se estima que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tratándose específicamente de la suspensión respecto de actos consistentes en multas administrativas y en general, de aquellos casos en que se impugnen créditos fiscales, no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues es claro que en ambas legislaciones establecen los mismos parámetros. En efecto, en cuanto al plazo, conforme a ambas legislaciones se debe proveer en el término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda respectiva. Respecto a sus alcances, en específico tratándose de los actos consistentes en multas administrativas y en general, de créditos fiscales, a la suspensión concedida corresponde los efectos genéricos, esto es, que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran (Ley de Amparo) y evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con su ejecución ya iniciada (Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo). En cuanto a los requisitos, en ambos ordenamientos se establece que debe mediar petición expresa del quejoso/actor; que no procede concederla cuando se siga perjuicio al interés social (perjuicio del interés público) o se contravengan disposiciones de orden público; y que los efectos de la medida surten efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto en que se notificó su concesión, no se garantiza el interés fiscal ante la autoridad exactora en cualquiera de las formas que establezca la ley. 3.4 El plazo para otorgar la suspensión sea mayor en la normatividad ordinaria que el establecido en la Ley de Amparo. Como quedó establecido, en ambas legislaciones el plazo para proveer respecto de la medida cautelar es de veinticuatro horas. 3.5 Criterios aplicables. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.A.128 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como las diversas con números de registro 230849 y 254858 emitidas por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente. 4. Conclusión. En mérito de lo expuesto y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías. Similar criterio sigue el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito al resolver el recurso de queja administrativo 394/2019. 5. Consulta al expediente electrónico y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica al solicitante con nombre de usuario "***". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al promovente mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5.1 Instrucción. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 5.2 Correo electrónico y teléfono celular. Se tiene por señalado el correo electrónico y teléfono celular que se proporcionan en el libelo de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Habilitación actuarial. Para el Actuario adscrito se habilitan días y horas inhábiles a fin de que practique las notificaciones correspondientes en el presente asunto, lo anterior, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento. 7. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.
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