Jaime Ramón Julio Sánchez

Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
288/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Jaime Ramón Julio Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto, en la que se decretó el sobreseimiento, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que resulta innecesaria la permanencia de las constancias que allegó a este juicio el Presidente y representante legal del Órgano Colegiado denominado Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí y que obran por separado en un cuaderno de pruebas; devuélvanse dichas documentales a la mencionada autoridad para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintinueve de octubre al doce de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el veintiuno de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el Artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese.

  3. Principal

    En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 288/2020-4, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y Secretario con quien actúa y autoriza Adán Carmona Martínez, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace relación de las actuaciones existentes en autos, consistentes en: auto admisorio; constancias de notificación a las partes e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente asunto. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta solamente con las documentales que remitieron las autoridades responsables junto a su respectivo informe, así como que no existen pruebas pendientes por desahogar. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta. Por otra parte, téngase a la vista las documentales referidas, y tómense en consideración las mismas al momento de resolver el juicio de amparo en que se actúa. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos, el Secretario da cuenta que la partes no hicieron uso de ese derecho; de igual manera, que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita sí presentó pedimento. Por ello la Juez dispuso: Se tiene a las partes perdido el derecho de hacer manifestaciones; y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por formulando manifestaciones de su parte. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar, se declara el cierre del presente período. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 288/2020-3, promovido por Jaime Ramón Julio Sánchez contra actos de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido, vía electrónica el dieciocho de marzo de dos mil veinte, por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, Jaime Ramón Julio Sánchez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables 1. Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. 2. Presidente Municipal de San Luis Potosí Acto reclamado: La falta de cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1313/2019-2, de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. SEGUNDO. Derechos fundamentales. El quejoso narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y citó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Debido a la contingencia sanitaria suscitada por la propagación del virus SARS CoV-2 y por la suspensión de labores decretada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y previo requerimiento al quejoso, el quince de julio de dos mil veinte, se admitió la demanda, se pidió informe a las autoridades responsables, se dio intervención al Ministerio Público de la Federación; y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional a través del uso de videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; misma que tuvo verificativo conforme con el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina el número y límite territorial de los Circuitos en que se divide el País y la jurisdicción de este Juzgado, toda vez que los actos reclamados son atribuidos a autoridades que tienen su residencia en territorio en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad presentación demanda En cuanto al acto reclamado por la quejosa es innecesario realizar el cómputo del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que la abstención de actuar por parte de la responsable, crea una situación permanente mientras se subsana, por lo que puede reclamarse en cualquier tiempo, atento al criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito contenido en la tesis III.5o.C.21 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1451, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS". TERCERO. Precisión de los actos Previo a analizar la certeza del acto reclamado debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, informes justificados y constancias que la autoridad responsable Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, lleva a concluir que el quejoso reclama: La falta de cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1331/2019-2, de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve; y su ejecución. CUARTO. Actos inexistentes. No es cierto el acto reclamado a la diversa autoridad Presidente Municipal de San Luis Potosí, ello atendiendo a que al momento de rendir su informe justificado los niegan expresamente, sin que el aquí quejoso haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Negativa que se robustece con la documental que la diversa autoridad remitió junto a su informe justificado, consistente en la resolución del recurso de revisión de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del 1331/2019-2, pues en el considerando Sexto denominado "Estudio de fondo", de manera específica en la foja 5 de dicha resolución, último párrafo, la autoridad consideró que el ente obligado a dar respuesta lo era el "Delegado Municipal de Villa de Pozos" (foja 2 del cuaderno de pruebas); autoridad que el quejoso omitió señalarla como autoridad responsable, no obstante el requerimiento que se le hizo mediante proveído de dos de julio del año en curso, tal y como se desprende del proveído acuerdo de quince de julio de dos mil veinte. Documento a la cual se le otorga eficacia demostrativa plena a la luz de los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de un documento expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones, no objetado por las partes. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio.... QUINTO. Certeza de los actos Es cierto el acto que el quejoso reclama a la diversa autoridad Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado, pues así se advierte de su informe justificado que al efecto rindió. Lo que se corrobora además con las documentales que dicha autoridad remitió junto a su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente 1331/2019-2. Documento, que tiene valor probatorio conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, al estar expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus facultades. SEXTO. Antecedentes A efecto de mejor comprensión del asunto es dable precisar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales son los siguientes: 1. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el Municipio de San Luis Potosí, recibió solicitud de información, quedando registrada bajo el folio 00819719 (foja 2 del cuaderno de pruebas). 2. El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la autoridad dio respuesta "de orientación a la solicitud" (foja 5 del cuaderno de pruebas). 3. Inconforme con la respuesta, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante por interponiendo recurso de revisión (foja 11 del cuaderno de pruebas). 4. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable modificó el acto impugnado (fojas 33 a 38 del cuaderno de pruebas). El sentido y efecto de la resolución. El sentido y los efectos de la resolución modificada son los siguientes: "(.) lo procedente es que este órgano colegiado de conformidad con el artículo 175, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Modifica la respuesta del sujeto obligado y, por lo tanto, lo conmina para que entregue al hoy recurrente los documentos que contienen la información solicitada; a saber: "...Ruego me determine la noma ( ley o reglamento obligatorio para (sic) los ciudadanos) que establece los requisitos para solicitar la instalación de una caseta de vigilancia (por la seguridad de todo la localidad) en el fraccionamiento Villas Mallorca, Delegación de Pozos, en el acceso por la colonia la Borrega que se acaba de abrir, ya que la Constructora Quid se encuentra promocionando la venta de una sección de casas nuevas y , abrieron el acceso cerrado con molla durante la construcción...." o en su defecto, emita una nueva respuesta suficientemente fundada y motivada, en la que oriente de manera correcta al hoy recurrente. 6.4 Precisiones de esta resolución. De conformidad con el artículo 175, última parte, de la Ley de Transparencia el ente obligado deberá estarse a lo siguiente: La información debe de entregarse en la modalidad solicitada en la inteligencia de que en virtud de que la recurrente expresó que la modalidad de entrega de la información fuera la electrónica, y toda vez que ya no es posible que la autoridad proporcione la información solicitada mediante la Plataforma Nacional, ésta deberá hacerlo a través del correo electrónico señalado por la particular. El sujeto obligado deberá de cuidar que la información que entregará no contenga datos personales o confidenciales, pues en caso de contener información con esos datos, deberá de elaborar la versión pública. Se concede al sujeto obligado el plazo de diez días para la entrega de la información. De conformidad con el artículo 177, segundo párrafo, el sujeto obligado deberá de informar a esta Comisión el cumplimento a la presente resolución en un plazo que no deberá de exceder de los tres días siguientes al cumplimiento de la resolución. (.)" 5. El tres de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido el oficio UT-1262/2020, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, así como el anexo número VP/SG/165/2020, signado por el Delegado y Secretario General, ambos de Villa de Pozos, San Luis Potosí; y con el mismo se dio vista a la parte solicitante de información, aquí quejosa, (fojas 51 a 55 del cuaderno de pruebas). Oficio número VP/SG/165/2020, y con el cual el Delegado y Secretario General, ambos de Villa de Pozos, San Luis Potosí, pretenden dar cumplimiento, es el siguiente: Oficio y determinación que le fue notificada al solicita, aquí quejoso, el propio tres de marzo de dos mil veinte, vía correo electrónico (foja 57 del cuaderno de pruebas. 6. De lo anterior, el aquí quejoso, considera la falta de cumplimiento a la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve; y es lo que en el caso constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. Causa de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia.... Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ... Las reproducciones que anteceden revelan la existencia de dos reglas esenciales para la procedencia del juicio de amparo, esto es, aquella que implica la posibilidad de impugnar actos emitidos después de concluido el juicio, y la segunda contra actos cuya génesis procesal sean emitidos en ejecución de sentencia; en relación con lo anterior es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio de que contra los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el juicio de amparo indirecto sólo cuando sean aquellos que tengan autonomía propia y no tiendan directa e inmediatamente a ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En ese sentido, a efecto de clarificar lo anterior y de manera de ejemplo, se precisa que el Alto Tribunal ha dicho que un acto con autonomía propia lo es la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, pues la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural, y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, así como la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no así ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural.... De los lineamientos señalados se puede colegir que cualquier procedimiento seguido en forma de juicio consta de tres etapas, en donde existen las siguientes categorías de actos, esto es, los realizados fuera o antes del juicio, conocidos también como prejudiciales, relacionados y previstos en la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo; los surgidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando), previstos en la fracción IV del referido artículo de la Ley de Amparo; y, los realizados después de concluido el juicio, esto es, a partir de que es dictada la sentencia, siendo todos aquellos que se generan dentro del periodo de ejecución y cuya procedencia se prevé de igual forma en la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, mismos que se pueden subdividir en: a) En ejecución de sentencia que son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, b) Para la ejecución de sentencia que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. En ese sentido, las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el procedimiento dentro del período de ejecución de sentencia no son combatibles a través del juicio de amparo, pues el legislador ha previsto con ello que se evite el abuso del procedimiento constitucional con detrimento de los procesos de ejecución de sentencias, lo que interesa a la sociedad, a quien importa se cumplan los fallos emitidos por los órganos jurisdiccionales; supuestos en que, de tolerarse la procedencia, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias entorpeciendo el mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución Federal. Por tanto, el reclamo en amparo de actos "para" la ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución, como lo establece la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo que acontece hasta en tanto haya una resolución que declare cumplida la sentencia, o bien, se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, ello, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues esa actuación resulta básica y determinante para la promoción del amparo.... Caso concreto. En el caso concreto, la falta de cumplimiento a la sentencia, no constituye una omisión genérica, sino que existen actuaciones tendientes a su cumplimiento (oficio Oficio número VP/SG/165/2020, signado por el Delegado y Secretario General, ambos de Villa de Pozos, San Luis Potosí; y acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, con el cual se da vista), y con las cuales, la autoridad responsable determinara si se cumple o no con la misma; por tanto, como quedó precisado en líneas que anteceden, la hipótesis de improcedencia se actualiza en la especie porque el acto reclamado carece de las características que exige el segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, esto es, no constituyen resoluciones emitidas dentro de la fase de ejecución de sentencia en que la autoridad judicial, en definitiva, haya aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado, ni tampoco ordenó el archivo definitivo del expediente. Lo anterior así se considera porque, tanto el oficio del ente obligado y acuerdo de tres de marzo de la presente anualidad, guardan estrecha relación con la resolución pronunciada al recurso de revisión 1331/2019-2; por lo que, es de determinarse que carecen de autonomía en relación con dicha etapa. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sentido, se impone sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo que promueve Jaime Ramón Julio Sánchez, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, y por las razones expuestas en los considerandos cuarto y último de la presente sentencia. Notifíquese....

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