Jaime Quiroz Cisneros
Expediente 689/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jaime Quiroz Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mismo que hace suyo el Auxiliar de Trámite de dicho tribunal obrero; del cual se advierte que el diecisiete de agosto actual, se dictó laudo en el juicio laboral 112/2015. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación; y previo a ello se hacen las siguientes precisiones. La parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo. Asimismo, si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, la propia sala del Máximo Tribunal de la Nación determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Entonces, el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y en ese orden de ideas, se tiene que el objeto de estudio en este asunto, únicamente lo constituye la omisión en que incurrió la junta responsable en dictar el laudo en el juicio laboral 112/2015, en razón de que no es atendible en esta instancia se realice pronunciamiento alguno respecto de los actos que deba desplegar en el futuro. Bajo ese contexto, se tiene que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; lo que se actualiza cuando las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo en el juicio laboral citado; y en el informe la junta responsable menciona que el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se emitió el mismo, lo que se corrobora con la documental que adjunta al oficio de cuenta, a la que se concede valor probatorio pleno en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Ley de Amparo; motivo por el cual se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando el peticionario de amparo en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto (omisión) jamás hubiera nacido. La cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del laudo en el juicio laboral 112/2015, restituye a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión reclamada, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo, su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en la emisión de la resolución de mérito, lo que realizó espontáneamente . De ahí al sobrevenir una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precitado numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso; atento a su contenido y lo resuelto en líneas precedentes, dese vista para que dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación a este proveído, manifieste si insiste en su petición de desistirse del presente juicio, de no hacerlo así sin que medie acuerdo, se entenderá en sentido negativo la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
ACITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL AUTO DE siete de septiembre de dos mil dieciocho, QUE DICE: "Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mismo que hace suyo el Auxiliar de Trámite de dicho tribunal obrero; del cual se advierte que el diecisiete de agosto actual, se dictó laudo en el juicio laboral 112/2015. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación; y previo a ello se hacen las siguientes precisiones. La parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo. Asimismo, si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, la propia sala del Máximo Tribunal de la Nación determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Entonces, el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y en ese orden de ideas, se tiene que el objeto de estudio en este asunto, únicamente lo constituye la omisión en que incurrió la junta responsable en dictar el laudo en el juicio laboral 112/2015, en razón de que no es atendible en esta instancia se realice pronunciamiento alguno respecto de los actos que deba desplegar en el futuro. Bajo ese contexto, se tiene que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; lo que se actualiza cuando las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La parte quejosa reclama la omisión de dictar laudo en el juicio laboral citado; y en el informe la junta responsable menciona que el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se emitió el mismo, lo que se corrobora con la documental que adjunta al oficio de cuenta, a la que se concede valor probatorio pleno en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Ley de Amparo; motivo por el cual se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, quedando el peticionario de amparo en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto (omisión) jamás hubiera nacido. La cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del laudo en el juicio laboral 112/2015, restituye a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la omisión reclamada, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo, su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en la emisión de la resolución de mérito, lo que realizó espontáneamente . De ahí al sobrevenir una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precitado numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso; atento a su contenido y lo resuelto en líneas precedentes, dese vista para que dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación a este proveído, manifieste si insiste en su petición de desistirse del presente juicio, de no hacerlo así sin que medie acuerdo, se entenderá en sentido negativo la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele por formuladas las manifestaciones que realiza, y con ello dese cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia de la sentencia de este juicio, una vez que ésta sea dictada. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/3803/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
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