Jaime Querubin Julian Morales

Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
72/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Jaime Querubin Julian Morales
  • Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA III-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    "MESA III-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE."

  3. Principal

    MESA III-B. S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 72/2022, promovido por Jaime Querubin Julián Morales, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso ********, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de la libertad personal, pues refiere que existe una orden de aprehensión dictada en su contra. Por ello, estima que esos entes públicos violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veinte de enero del año en curso. El justiciable señaló como autoridades responsables al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, vicefiscal General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía Local de Zaachila, Oaxaca; como actos reclamados: a las autoridades responsables ordenadoras la orden de aprehensión libertad dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación 2195/FVCE/ZAACHILA/2021, 2195/FMUJ/DNA/2021. La demanda fue remitida el veinte de enero pasado, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 72/2022 y fue admitida en esa misma fecha; asimismo, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de aprehensión libertad dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación 2195/FVCE/ZAACHILA/2021, 2195/FMUJ/DNA/2021. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, como se desprende del siguiente cuadro: AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME JUSTIFICADO Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Negó el acto Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género Negó el acto Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Negó el acto Vicefiscal General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Negó el acto Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Negó el acto Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. Por su parte, la autoridad ejecutora comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía Local de Zaachila, Oaxaca, no rindió su informe justificado ni existe constancia que acredite que haya quedado notificada de la solicitud del mismo; sin embargo, acorde a la naturaleza de la materia que se atiende en este juicio de amparo indirecto, y toda vez que las autoridades judiciales señaladas como ordenadoras negaron la existencia de los actos privativos de libertad reclamados por el quejoso, menos puede existir el acto de ejecución que le fue reclamado. Bajo ese contexto, se hace extensiva la negativa de las autoridades responsables ordenadoras, pues trasciende que la señalada en el párrafo que antecede tiene carácter de ejecutora; de ahí, que dicha responsable no tiene orden que cumplimentar. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jaime *********en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelve el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 72/2022 promovido por **, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso ****, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de la libertad personal, pues refiere que existe una orden de aprehensión dictada en su contra. Por ello, estima que esos entes públicos violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veinte de enero del año en curso. El justiciable señaló como autoridades responsables al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, vicefiscal General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía Local de Zaachila, Oaxaca; como actos reclamados: a las autoridades responsables ordenadoras la orden de aprehensión libertad dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación 2195/FVCE/ZAACHILA/2021, 2195/FMUJ/DNA/2021. La demanda fue remitida el veinte de enero pasado, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 72/2022 y fue admitida en esa misma fecha. En el propio acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión donde se concedió la medida cautelar provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de aprehensión libertad dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación 2195/FVCE/ZAACHILA/2021, 2195/FMUJ/DNA/2021. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe previo, las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, como se desprende del siguiente cuatro: AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME PREVIO Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Negó el acto Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género Negó el acto Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca Negó el acto Vicefiscal General de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Negó el acto Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Negó el acto Sin que el disidente haya desvirtuado dicha negativa porque no ofreció algún medio de convicción con ese propósito; luego, si en esta incidencia son inexistentes los actos reprochados a las responsables lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior, en razón de que ningún sentido práctico tendría otorgar la suspensión de actos cuya existencia ni siquiera está probada, pues es inconcuso que no existe materia sobre la cual decretar la medida cautelar. Consecuentemente, lo que procede en el caso es negar la suspensión definitiva solicitada. No pasa desapercibido para este Juzgador, que la autoridad responsable comandante encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía Local de Zaachila, Oaxaca, no haya rendido su informe previo, ya que la misma fue señalada como ejecutora, y en párrafos descritos con anterioridad se advierte que las autoridades ordenadoras negaron la existencia de los actos reclamados. Bajo ese contexto, se hace extensiva la negativa de las autoridades responsables ordenadoras, pues trasciende que la señalada en el párrafo que antecede tiene carácter de ejecutora; de ahí, que dicha responsable no tiene orden que cumplimentar. Tiene aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil ciento setenta y siete, tomo ciento siete, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, del tenor: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME PREVIO. A pesar de que la autoridad ejecutora no rindió su informe previo, no puede presumirse que sea cierto el acto que le atribuyen los quejosos, si la autoridad ordenadora niega en su informe previo haber dictado el acto que se le atribuye, y los quejosos no rindieron prueba alguna para desvirtuar esa negativa." Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a ****, en términos del apartado V de esta resolución. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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