Jaime Portillo Araujo

Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
31/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Jaime Portillo Araujo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la constancia actuarial de cuenta, a través de la cual el quejoso Jaime Portillo Araujo (privado de la libertad) ratificó el escrito registrado con el número de promoción 1212, por medio del cual se desiste del presente juicio de amparo...En consecuencia, dado que Jaime Portillo Araujo -parte quejosa, manifestó y ratificó ante la presencia del actuario judicial su deseo de desistirse de la instancia en el presente juicio de amparo, tal como constata en la diligencia de quince de febrero de dos mil veintiuno que obra agregada en autos, se genera la certeza y seguridad suficiente de que el promovente desea dar por concluido el procedimiento constitucional que inició. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo y se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía señalada para las once horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Juan Inzunza Parra, en representación de Jaime Portillo Araujo, se advierte que señaló como actos reclamados los siguientes: "(.) IV.- Acto reclamado.- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS SE LES RECLAMA; la incomunicación física en que se tiene a mi representado Jaime Portillo Araujo, en el penal de máxima seguridad del HONGO III, en donde se encuentra recluido, es el caso que desde el día 19 de enero de 2021 no se le permite tener contacto directo con sus familiares para que estos lo puedan visitar, tampoco se le permite entrevistarse con este defensor para que lo este lo pueda asesorar sobre su asunto de igual manera no se le permite comprar en la tienda cosas comestibles (comida),como al resto de los internos que se encuentran recluidos y se les permite en dicho penal, también se le niega realizar alguna actividad de trabajo, y no se le permite que pueda estudiar, tampoco que pueda realizar algún deporte dentro del penal, tampoco le permiten tener radio, ni televisión como en otras áreas, por otra parte lo bañan constantemente todas las madrugadas con agua sumamente helad, poniéndolo en riesgo de una enfermedad grave, situación que ya se dio, ya que no cuenta con atención medica aun y cuando esté enfermo de la próstata, urge sea atendido por un doctor, pues teme por su vida. (.)" Con motivo de los actos antes señalados anteriormente, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió a la parte quejosa la suspensión de plano para los efectos siguientes: "(.) Suspensión de Plano. Del contexto integral de la demanda de amparo, se advierte que se señalan como actos reclamados entre otros, la incomunicación y malos tratos. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que las autoridades señaladas como responsables dentro de sus atribuciones legales, provean lo conducente a fin de que, cesen de inmediato cualquiera de los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se dicen infligidos en perjuicio del directamente agraviado Jaime Portillo Araujo. En el entendido de que la suspensión de plano decretada en el presente asunto no surtirá efectos, si la incomunicación que refiere el promovente sufre el directo agraviado, se emitió para tomar las medidas necesarias para la prevención y control de la enfermedad por coronavirus Covid-19. Así, se considera que dada la coyuntura de salud en que se encuentra el país, según la declaratoria del Consejo de Salubridad General, publicada en el Diario Oficial de la Federación, sobre la epidemia del coronavirus Covid-19, debe priorizarse el derecho a la salud pública del quejoso, en lo individual y como integrante de la comunidad penitenciaria, constituida por los reclusos y las autoridades carcelarias, para lo cual deben acatarse las reglas de distanciamiento o aislamiento establecidas por las autoridades administrativas del ramo. (.)" En razón a lo anterior, es evidente que además de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y malos tratos, el promovente solicitó se le brindara la atención médica al directo quejoso Jaime Portillo Araujo, respecto del padecimiento que presenta en la próstata. Se amplía suspensión de plano. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima necesario hacer extensiva la suspensión de plano decretada el veintiuno de enero del presente año, para el efecto siguiente: Se decreta la suspensión de plano a favor del quejoso Jaime Portillo Araujo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de atención médica, para el efecto de que el Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, en Tecate, Baja California, adopte las medidas necesarias para que se proporcione al referido quejoso la atención y servicio médico necesario respecto del padecimiento que presenta y, en caso, de ser indispensable sea atendido por un especialista en lo padecimientos que el promovente refiere que sufre, lo cual deberá de acreditar mediante las documentales necesarias, de las que se corrobore que ha acatado lo ordenado por este órgano jurisdiccional dentro de la suspensión de plano otorgada, sin que la medida tenga como efecto por sí misma que el quejoso sea trasladado a un hospital privado. Además, el Director del Centro de Reinserción Social del Hongo, con residencia en Tecate, Baja California, debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del citado quejoso. Lo anterior en virtud de que no se contraviene disposiciones de orden público, por el contrario, el interés social exige que las personas reciban atención médica, tomando en consideración que conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4, párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; situación que impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando, entre ellos, el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión, quienes siguen gozando de dicha prerrogativa. Asimismo, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, incluso los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. En tal sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Así mismo, la sala indicó, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Requerimiento de constancias y apercibimiento. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Mediante oficio que al efecto se gire, se requiere al Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, en Tecate, Baja California y al resto de las autoridades responsables, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, informen acerca de la forma o términos en que dio cumplimiento a esta suspensión, remitiendo las constancias que acrediten el dicho cumplimiento, así como copia certificada del expediente clínico penitenciario del quejoso Jaime Portillo Araujo; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra privado de su libertad.

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