Jaime Ponce Arredondo
Expediente 2729/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2729/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/02/2019
Partes del expediente
- Jaime Ponce Arredondo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el siete de febrero de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "[.] la autoridad responsable Décimo Sexta Junta Especial de la Local Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, realice lo siguiente: Acredite que celebró el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 970/2018/16-C, de su índice, y únicamente para el caso de que no fue posible su desahogo en la data indicada, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale una nueva fecha ciñéndose al lapso previsto por el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, no obstante que la fecha fue señalada fuera del plazo que prevé el numeral referido; sin embargo tomando en consideración el plazo que deba transcurrir para efecto de que cause ejecutoria la presente sentencia y el lapso que debe mediar entre el emplazamiento a la parte demandada y el señalamiento para la audiencia bifásica, el quejoso podría sufrir un perjuicio mayor, tomando en consideración que su interés legal estriba en que el procedimiento laboral se lleve a cabo en los términos que establece la ley obrera. Imposibilidad que, cabe mencionar, no constituye un motivo que actualice la violación al derecho humano y garantía mencionados, porque, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sostuvo que al detectarse una dilación en el proceso, ésta no podría ser colmada, sino que perdura durante todo el procedimiento. En tanto que, el Actuario Notificador adscrito a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: De no haberlo hecho, acredite que practicó el emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 970/2018/16-C, o, en su caso la imposibilidad que tenga para ello.[.].". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, no le fue posible llevar acabo el desahogo de la audiencia prevista por el numeral 873 de la Ley de Amparo, señalando una diversa dentro del plazo de ley. Por su parte, el Actuario Notificador adscrito a la junta responsable levantó constancia de imposibilidad de emplazamiento al no poder notificar a la parte demanda dentro del juicio laboral de origen. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco; seis de febrero de dos mil diecinueve. Vías de cumplimiento. Visto el contenido del oficio de cuenta, que suscribe el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, mediante el cual, hace del conocimiento de este juzgado federal la imposibilidad para dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintinueve de enero del presente año, toda vez que el superior jerárquico del Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, resulta ser es una autoridad diversa. Superior jerárquico. En consecuencia, en acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien resulta ser el superior jerárquico, del Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que así lo acredite. Apercibimiento. Se apercibe al superior jerárquico que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable obligada al cumplimiento. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades responsables pertenecientes a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, dieran cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo emitida en autos, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Se impone multa. Asimismo, que las aludidas autoridades responsables fueron notificadas del proveído señalado en el párrafo que antecede el doce de diciembre de dos mil dieciocho, como se aprecia de los acuses de recibo de los oficios 60768/2018 y 60769/2018, sin que a la fecha hayan informado sobre lo requerido, por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto (diez de diciembre de dos mil dieciocho). Requerimiento se otorga termino prudente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión antes de remitir los autos en inejecución de sentencia, a las autoridades responsables pertenecientes a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro de un término prudente de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe lo siguiente: Remita la notificación realizada a la parte quejosa derivada del proveído de seis de diciembre del año en curso, así como de los actos tendientes al cumplimiento del fallo protector. Lo anterior, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una nueva multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente jurisprudencia que reza de la siguiente manera: Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Reserva Multa. En tales condiciones, dado el incumplimiento de la autoridad responsable, se reserva el pronunciamiento entorno a la imposición de la multa, con motivo del apercibimiento decretado en auto de diez de diciembre del dos mil dieciocho, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado a las autoridades responsables, en párrafos precedentes, en el entendido de que, en caso de nuevo incumplimiento, eventualmente se le aplicaran ambas medidas de apremio.
- Principal
Visto el oficio signado por la Presidenta Auxiliar y el Secretario Comisionado de la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada de la actuación de seis de diciembre pasado dentro del juicio de origen; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: Remita la notificación realizada a la parte quejosa derivada del proveído de seis de diciembre del año en curso, así como de los actos tendientes al cumplimiento del fallo protector. Lo anterior, lo acredite con constancias fehaciente. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se les impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo.
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