Jaime Peña Rodríguez

Expediente 1072/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1072/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Jaime Peña Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En otro contexto, en términos del último normativo legal, antepenúltimo párrafo del indicado Acuerdo General, se requiere a la parte quejosa acuda a este órgano de control constitucional dentro del plazo de noventa días hábiles a partir de su legal notificación a recuperar el documento original que exhibió, apercibido que de no hacerlo se procederá a su destrucción. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1072/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado consiste en: .. Es decir, que el quejoso reclama la desposesión del vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, modelo 2008, color rojo Merlot, placas de circulación HNP-72-56 del Estado de Hidalgo, que según es de su propiedad. Precisado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Ahora bien, es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional, ha sido definido un sin número de ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual, otorgándole a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, por lo que es necesario que acredite, fehacientemente, ser el titular del derecho que desea se respete con motivo del acto de autoridad que reclama. Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso, de una simple lectura de la demanda de amparo basta para advertir que el quejoso solicitó el amparo, como ya quedó expuesto, por la desposesión del vehículo marca ***, que aduce es de su propiedad. Para acreditar la propiedad del bien mueble en cuestión, exhibió la factura *** de diecisiete de diciembre de dos mil siete, expedida por General Motors de México, S. de R.L. de C.V., en México Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a nombre de "***", en la que se describen las características del automotor en mención consistente en un automóvil *** Documento que al reverso contiene varios endosos, entre ellos, la de *** a favor del aquí quejoso **, como se advierte de lo escaneado. Como se observa, existen varios endosos, la primera que según realiza *** (a quien se le expidió dicha factura) a nombre de "***", precisándose que abajo de ese texto aparece la firma donde está el nombre de la referida ***. Enseguida sólo aparece una firma o rúbrica, sin que se advierta a quien pertenece. Y, más abajo está el endoso que hace *** a favor de ***, aquí quejoso. Expuesto lo anterior, la suscrita juzgadora considera que el provomevente del amparo no acredita ser el titular del derecho del vehículo cuestionado, porque si bien se advierte que *** endosa la factura de mérito a favor del quejoso ***, también lo es que no se advierte el nombre de la persona que le endosó dicho documento a la referida ***; y por, consiguiente, no cuenta con el interés jurídico para acudir al juicio constitucional. En abundamiento, se precisa que aun cuando existiera el dato puntual de la persona que le efectuó el endoso de la referida factura, de todas formas dicho documento sería insuficiente para acreditar su interés jurídico, porque no se advierte que el endoso que obra al reverso a nombre del quejoso, haya sido inscrito en el Registro Público Vehicular, a fin de considerarse de fecha cierta. En efecto, los artículos 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 y 22, de la Ley del Registro Público Vehicular, disponen: Artículo 6. El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados. La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el Registro serán gratuitos. Los trámites que se realicen ante las Entidades Federativas se sujetarán a lo que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 7. El Registro estará conformado por una base de datos integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades federales, las Entidades Federativas y los sujetos obligados a realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Para mantener actualizado el Registro, las autoridades federales y las de las Entidades Federativas, de conformidad con sus atribuciones, suministrarán la información relativa a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones, pago de tenencias y contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datos con los que cuenten. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo, mediante los instrumentos de información nacional sobre seguridad pública que correspondan, incorporará al Registro la información que le proporcionen las Procuradurías, relativa a robos, recuperaciones y destrucción de vehículos. Artículo 8. El Registro contendrá, sobre cada vehículo, la información siguiente: I. El número de identificación vehicular a que se refiere el artículo 13 de esta Ley; II. Las características esenciales del vehículo; III. El nombre, denominación o razón social y el domicilio del propietario; IV. La que suministren las autoridades federales y las Entidades Federativas, de conformidad con esta Ley, y V. Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo. Artículo 12. La inscripción de un vehículo en el Registro presume la existencia del mismo, su pertenencia a la persona que aparece en aquél como propietario, la validez de los actos jurídicos que se relacionan con el mismo y que obran en el Registro salvo prueba en contrario, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 13. Quienes fabriquen, ensamblen o blinden vehículos en el territorio nacional deberán asignar a éstos un número de identificación vehicular, que será un elemento de identificación en el Registro, el cual estará integrado de conformidad con la norma oficial mexicana respectiva. Párrafo reformado DOF 05-06-2012 Los vehículos importados deberán ser identificados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o, en su caso, con el número de identificación asignado por la ensambladora o el carrocero de origen. En importaciones temporales o en franquicias se estará a lo dispuesto en las leyes aplicables y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Artículo 14. Cuando en algún documento público o privado se relacione algo acerca de vehículos, éstos deberán ser identificados por el número de identificación vehicular a que se refiere el artículo anterior. Artículo 15. La inscripción de los vehículos en el Registro es obligatoria. La inscripción definitiva se realizará una sola vez y será obligatoria por quienes fabriquen o ensamblen vehículos en territorio nacional, destinados al mercado nacional o quienes importen vehículos destinados a permanecer definitivamente en éste. Igualmente realizarán obligatoriamente la inscripción provisional, quienes importen temporalmente vehículos o importen vehículos en franquicia. Artículo 17. En las enajenaciones de los vehículos a que se refiere esta Ley, deberá trasmitirse la constancia de inscripción en el Registro. En los casos de extravío, robo o pérdida de la constancia de inscripción, se podrá solicitar reposición, conforme a lo que se establezca en el Reglamento de esta Ley. Artículo 18. Las autoridades federales y de las Entidades Federativas podrán coordinarse para establecer políticas y criterios que les permitan verificar la inscripción de un vehículo en el Registro cuando se efectúe cualquier trámite relacionado con el mismo. Artículo 20. Las comercializadoras, arrendadoras, instituciones de crédito, de seguros, de fianzas y las organizaciones auxiliares del crédito que celebren actos jurídicos relacionados con vehículos, deberán exigir respecto del mismo la acreditación de su inscripción en el Registro. Artículo 22. La acreditación de la inscripción de un vehículo en el Registro podrá hacerse mediante la presentación de la constancia de inscripción o, en caso de que el trámite se realice por medios electrónicos u otros de similar naturaleza, se hará especificando el número de la constancia de inscripción respectiva. Por su parte, los diversos normativos legales 1, 3, 4, 5, 11 y 12, de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo, prevén: Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Hidalgo, y tiene por objeto establecer las normas de control vehicular para la Entidad, con el fin primordial de garantizar la seguridad pública mediante el registro y control de los vehículos que circulan en su territorio. Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por: I.- Calcomanía de Identificación, el aditamento plástico auto adherible indispensable para la circulación, expedido por la Secretaría, que debe ser colocado al interior del vehículo y claramente visible al exterior del mismo; II.- Carta Factura, el documento expedido por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante de autos nuevos de que se trate, en el cual hace constar que el vehículo respectivo ha sido enajenado a la persona que en el mismo se señala, y que la factura original ha quedado a resguardo de dicho fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante de autos nuevos a efecto de garantizar obligaciones aún no cubiertas por el adquirente del vehículo; III.- Comprobantes Fiscales Digitales. Los que reúnen los requisitos que contemplan las disposiciones fiscales federales; IV.- Elementos de Identificación Vehicular, los aditamentos expedidos por la Secretaría para el control vehicular y que consisten en calcomanía de identificación, placa o placas metálicas y tarjeta de circulación vigentes; V.- Estado, el Estado Libre y Soberano de Hidalgo; VI.- Factura, el documento que acredita los derechos de propiedad sobre un bien mueble; VII.- Ley, el presente ordenamiento jurídico; VIII.- Número de Matrícula, el conjunto de caracteres alfanuméricos contenidos en forma idéntica en los elementos de identificación vehicular; IX.- Placa Metálica, el aditamento vigente indispensable para la circulación, identificación y clasificación de vehículos, expedida por la Secretaría, que contiene el número de matrícula asignado al vehículo, y que debe colocarse y portarse en los lugares destinados para ello, conforme al diseño de los vehículos y a la normatividad aplicable; X.- Propietario, la persona física o moral que acredite la propiedad de un vehículo; XI.- Registro Público Vehicular, el instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos; XII.- Registro Vehicular Estatal, la relación nominal de datos, registros y archivos, sistematizados por la Secretaría, que contiene la información relativa a los vehículos inscritos en él, y la de sus propietarios. Sin perjuicio de su carácter fiscal, los datos contenidos en este Registro formarán parte de los registros e información para la seguridad pública establecidos en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo; XIII.- Reglamento, el Reglamento de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo; XIV.- Secretaría, la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo; XV.- Tarjeta de Circulación, el documento expedido por la Secretaría, indispensable para la circulación, que contiene el nombre del propietario, las características y el número de matrícula asignados al vehículo; XVI.- Trámites de Control Vehicular, los que se enuncian en el Artículo 11 de la Ley; XVII.- Vehículo, todo bien mueble identificado en su individualidad, diseñado para el transporte terrestre de personas o cosas en vías públicas, y que su movimiento sea generado por una fuerza mecánica, ya sea por combustión, electricidad u otra fuente de energía. Para efectos del presente ordenamiento jurídico, no quedan comprendidos dentro de esta definición los vehículos y el equipo de transporte ferroviario de pasajeros y de carga; XVIII.- Vehículo Nuevo, todo aquel vehículo que es enajenado por primera ocasión y en forma directa por los fabricantes, ensambladores, distribuidores o comerciantes de vehículos; y XIX.- Vehículo Usado, todo aquel vehículo no comprendido en la fracción anterior. Artículo 4. Para que un vehículo circule en territorio del Estado de Hidalgo, es obligatorio que el mismo cuente con elementos de identificación vehicular vigentes, y que los porte en los sitios autorizados para ello, ya sea que éstos sean emitidos por el Estado, por las demás Entidades Federativas o por la Federación. Solo quienes acrediten su residencia en el Estado y cumplan con los requisitos que señala esta Ley, podrán tramitar elementos de identificación vehicular. Para realizar trámites ambientales, es necesario que los vehículos cuenten con elementos de identificación vehicular vigentes. Artículo 5. En el ámbito de la presente Ley corresponde a la Secretaría: I.- Expedir los elementos de identificación vehicular; II.- Determinar los documentos a través de los cuales se cumplen los requisitos para la expedición de los elementos de identificación vehicular; III.- Emitir la clasificación que se pretenda otorgar a los vehículos en razón de atributos como su peso, uso y los demás que no se encuentren normados por la presente Ley y el Reglamento; IV.- Implementar los sistemas y mecanismos necesarios para el control vehicular; V.- Expedir normas generales de carácter técnico y administrativo en materia de control vehicular; VI.- Celebrar convenios con los fabricantes, ensambladores, distribuidores o comerciantes de autos nuevos y asociaciones, en materia de control vehicular; VII.- Emitir reglas de carácter general, circulares, acuerdos, lineamientos y otros instrumentos que permitan el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, el Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables; y VIII.- Las demás que sean necesarias para llevar a cabo lo previsto por esta Ley, y demás disposiciones legales aplicables Artículo 11. La Secretaría autorizará a los propietarios de vehículos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, los siguientes trámites: I.- Incorporación de vehículo al Registro Vehicular Estatal; II.- Desincorporación de vehículo del Registro Vehicular Estatal; III.- Actualización de datos al Registro Vehicular Estatal; IV.- Canje de placas metálicas. Los trámites antes citados son de obligatorio cumplimiento por parte del o los propietarios de vehículos que se ubiquen en estos supuestos. Artículo 12. El Registro Vehicular Estatal deberá contener los siguientes datos de los vehículos y de sus propietarios: I.- De los vehículos: A) Las características esenciales del vehículo, que consisten en el número de serie o de identificación vehicular, número de identificación vehicular en el Registro Público Vehicular, clase de vehículo, año-modelo, clave vehicular, marca, modelo, versión, peso bruto vehicular, tipo de servicio, descripción de uso y origen o procedencia; B) Las características esenciales del chasis, que consisten en número de serie y capacidad de carga o transporte en su caso; C) Las características esenciales del motor, que consisten en número de motor, tipo de motor, tipo de combustible, capacidad en centímetros cúbicos, número de cilindros, país de origen; D) Las características esenciales de la carrocería, que consisten en número de serie, número de puertas, capacidad de personas, color principal, características del color, tipo de carrocería, blindaje y modificaciones a la carrocería original; y E) Los demás establecidos en el Reglamento. II.- De los propietarios: A) Datos generales de la persona física consistentes en nombre, apellido paterno, apellido materno, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, en caso de contar con el mismo; B) Los datos generales de la persona moral consistentes en denominación o razón social, fecha de constitución, domicilio, teléfono y Registro Federal de Contribuyentes; así como del representante legal nombre, apellido paterno, apellido materno, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes; y C) Los demás establecidos en el Reglamento. Artículo 13. Cuando las personas pretendan que el vehículo se incorpore al Registro Vehicular Estatal para un uso determinado, deberán presentar la documentación expedida por la autoridad competente del transporte, en la que conste que el vehículo reúne las condiciones necesarias e indispensables para el uso pretendido. En los casos de sustitución vehicular del transporte público, sea cual sea la denominación con que a ello se refiera en las leyes de la materia, será indispensable la desincorporación del vehículo correspondiente, y De los normativos legales transcritos, evidencia que dicho endoso debe ser inscrito en el Registro Público Vehicular, a fin de que tenga fecha cierta, pues sólo de esa manera puede saberse con certeza a partir de cuándo el impetrante se convirtió es propietario del vehículo relacionado con el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Así como la diversa tesis emitida por el anterior Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto, siguientes: "VEHICULOS, PROPIEDAD DE LOS. SE EVIDENCIA CON EL REGISTRO FEDERAL DE AUTOMOVILES. Tratándose de vehículos de motor, el documento idóneo para demostrar la propiedad lo es el certificado expedido por la Dirección Federal de Automóviles en favor de quienes acrediten ser los adquirentes de tales unidades, pues esta dependencia tiene encomendado su control, en forma similar a la del Registro Público de la Propiedad raíz, con los inmuebles, de conformidad con los artículos 1o., 6o., 9o. y 16, fracción I, inciso a) de la Ley del Registro Federal de Vehículos, en cuya virtud, cuando sean enfrentados los certificados en cuestión con factura y otros documentos de esta índole, a fin de evidenciar la propiedad de los vehículos, deben prevalecer aquéllos por ser públicos, al haber sido expedidos por la oficina que controla la titularidad de tales derechos y ser las facturas simples documentos privados." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE DERECHOS, promovida por ***, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la persona que hace alusión. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese Personalmente.

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