Jaime Pedro Abarca Reyna
Expediente 839/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jaime Pedro Abarca Reyna
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio presentado en línea, firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, por medio de cual confirma la recepción del expediente 839/2020 y comunica que dicho juzgado federal acepta la competencia declinada respecto a la demanda de amparo promovida por ***, registrándola con el número de expediente 1192/2020. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso i), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.********************Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, promovente, por medio del cual, desahoga la prevención realizada mediante auto de nueve de octubre de dos mil veinte.********************NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO********************Del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente del amparo reclama del Titular de Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otras, el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 108 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y su primer acto de aplicación de forma retroactiva. ****************************************Con base en ello, la suscrita considera que el acto reclamado es de naturaleza laboral en términos del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues con independencia de la literalidad de sus fracciones, de la lectura de los antecedentes narrados en la demanda, se conoce que la inconstitucionalidad del artículo 108 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y su primer acto de aplicación de forma retroactiva, es con motivo de una relación laboral de supra subordinación entre éste y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuyo régimen está sujeto al Estatuto Orgánico de la Universidad antes mencionada.****************************************Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:********************I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden;********************II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo;********************III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y********************IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio****************************************Por consiguiente, el órgano jurisdiccional del conocimiento debe ser el especializado en materia laboral, pues para resolver el presente asunto, necesariamente habrá que recurrirse a las disposiciones tanto constitucionales como legales que regulan aspectos identificados con el campo del derecho del trabajo. ****************************************Resultando aplicable en lo conducente, por analogía, la jurisprudencia III.4o.T.J/3, que a letra expresa lo siguiente:****************************************AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.********************COMPETENCIA********************En atención a lo anterior, y toda vez que en los lugares en los que existe especialización por materia, corresponde la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto al juez de Distrito de la especialidad correspondiente a la materia a la que pertenezca el acto reclamado por su naturaleza intrínseca, este juzgado considera que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, con jurisdicción en esta Ciudad de México.********************Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis aislada I.14o.C.8 K, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada durante la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ****************************************JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil.****************************************Así como la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ****************************************COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.********************De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.****************************************Lo anterior es, además, congruente con el principio de especialización por materia que rige en nuestra ciudad, pues para analizar las causas, efectos y naturaleza del acto reclamado, así como la normatividad que lo rige, es conveniente que el estudio lo realice quien posee mayor conocimiento sobre la materia, precisamente por su especialización; y en cambio, un Juez de Distrito en Materia Administrativa difícilmente podría examinar la legalidad de los actos reclamados.****************************************Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el artículo segundo, fracción I, punto tercero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgador se declara incompetente legalmente por razón de materia, y DECLINA la competencia para conocer del presente asunto, y por lo tanto ordena remitir VÍA INTERCONEXIÓN la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor.**************************************** .****************************************NOTIFÍQUESE.***************************
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito firmado criptográficamente por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual, solicita se requiera a la autoridad responsable en el presente juicio a efecto de que informe el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este sumario. Al respecto, del contenido del diverso proveído de nueve de septiembre del año en curso, se desprende que se ordenó reexpedir el oficio 21881/2020 de veintiuno de agosto de dos mil veinte dirigido al Titular de la Dirección de Normatividad de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, toda vez que por error fue entregado en la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, y toda vez que el término de treinta días otorgado a la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte se encuentra transcurriendo, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
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