Jaime Oswaldo Martell Hernández

Expediente 206/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
206/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Jaime Oswaldo Martell Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del autorizado de las quejosas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la vista que le fue otorgada mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual manifiesta que no se le han pagado los apoyos económico correspondiente a los meses a que tiene derecho (enero y febrero de dos mil diecinueve), por los servicios ya otorgados en las Estancias Infantiles de las que son responsables, atento ello al respecto se acuerda. Vistas las constancias que obran en autos de las que se advierte que el titular de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Bienestar, por oficio registrado con el folio 6540, informó lo siguiente: ... Ahora, del oficio citado y de las constancias que obran anexas al mismo no se advierte que sí realizó el pago correspondiente a los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, a las quejosas ********************, en su carácter de responsables de las estancias infantiles, conforme se venía haciendo conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, tal y como se encuentra ordenado en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo en revisión 1548/2020 de su índice, en la que determinó modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia Federal, por los motivos y para los efectos que precisó, por lo que dicha resolución al encontrarse firme, las autoridades señaladas como responsables en este juicio, o bien, las que de conformidad con sus atribuciones, se encuentren vinculadas a su acatamiento, están obligadas a cumplir los efectos para los que se concedió la protección constitucional. De ahí que, lo manifestado y el contenido de las constancias remitidas por el titular de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Bienestar, no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento al fallo protector, además que no queda a cargo de las autoridades fijar los términos en que debe cumplirse el fallo protector; es decir, la sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la ejecutoria de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar, no a las autoridades responsables y/o las vinculadas, si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada; estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas. En esas condiciones, y considerando que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo es de orden público respecto de la cual esta juzgadora está obligada a velar por su acatamiento; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta al titular de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Bienestar, en su carácter de autoridad vinculada, para que, en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo atento a los efectos para los cuales se concedió el fallo protector. Esto es, acredite con documentos fehacientes el pago realizado a las quejosas ********************, como responsables de diversas estancias infantiles, por concepto de la ayuda económica correspondiente a los meses de enero y de febrero de dos mil diecinueve (que son los meses que establece el acuerdo combatido), en tanto está acreditada la obligación de la autoridad responsable Secretaría de Bienestar, de realizar ese pago, conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual siguió vigente hasta el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. En el entendido de que: 1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.

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