Jaime Omar Torres Saucedo y Otros.

Expediente 708/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
708/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Jaime Omar Torres Saucedo y Otros.
  • Jaime Omar Torres Saucedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio; asimismo, se advierte que sí existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el Secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para el efecto de que dentro del plazo de noventa días hábiles, acuda a este órgano jurisdiccional, a recuperar los documentos originales que exhibió en su demanda de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente cuaderno, tal y como lo señala el segundo párrafo, del artículo 21 del referido acuerdo. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger los referidos documentos, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 708/2020-III, promovido por * * por su propio derecho, contra los actos del Juez Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Colima, con sede en Villa de Álvarez, por estimarlos violatorios del derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, * * * (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada) solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que en seguida se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene este carácter el C. Juez de lo Civil en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima; con domicilio ampliamente conocido en dicha ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS: de la autoridad mencionada, se reclama: a).- La recurrente violación a los artículos 1°, 14° y 17° Constitucionales, consistentes en las dilaciones, omisiones, retrasos, tardanzas, entorpecimientos e inactividad, así como las consecuencias que de ello deriven, provocando un retraso en la impartición de justicia, en los autos del juicio por responsabilidad civil por pago de daños y perjuicios, seguido bajo el expediente número 18-0632-117C del índice de la responsable; atentando en perjuicio de los quejosos en el derecho de acceso a una justicia pronta y en consecuencia afectan la emisión de una resolución que ponga fin al procedimiento". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 708/2020-III; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado a fin de que alegara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez emplazado el tercero interesado y exhibidos en autos el informe justificado, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, página: 255, registro digital 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral de los escritos de demanda, ampliación y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de acordar lo relativo a la admisión y preparación de las pruebas ofertadas por su parte, no obstante haberle solicitado de manera escrita el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del expediente judicial 18-0632-117C del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Colima, con sede en Villa de Álvarez. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, tesis: P./J. 40/2000, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que respectivamente presentaron cada una de las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: La Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez por Ministerio de Ley del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial en el Estado con sede en Villa de Álvarez, Colima, aceptó la certeza del acto reclamado. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse éste como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa confesión de que existe el acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación la referida autoridad responsable ordenadora, consistentes en las copias certificadas del expediente judicial 18-0632-117C, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Ahora bien, en el caso, quien aquí resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El artículo en cita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Ahora bien, de constancias de autos, previamente valoradas, se acredita que la autoridad responsable el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictó el acuerdo correspondiente a la admisión de las pruebas ofertadas por la parte quejosa (accionante en el juicio de origen) dentro de los autos del juicio 18-0632-117C. Por tanto, si los quejosos reclaman la omisión de acordar lo relativo a la admisión y preparación de las pruebas ofertadas por su parte, no obstante haberle solicitado de manera escrita el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del expediente judicial 18-0632-117C del Juzgado Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Colima, con sede en Villa de Álvarez, y la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, emitió acuerdo respectivo; asimismo, se le notificó de manera personal a los quejosos en el domicilio que para tal efecto señalaron en su escrito inicial de demanda, tal y como consta a fojas 124 a la 127 vuelta del cuaderno de pruebas. De esta manera, es evidente que los actos reclamados se destruyeron en forma total e incondicional sin que al efecto hubiesen dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En este contexto, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 61, fracción XXI, del propio ordenamiento legal. QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos * * contra los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Colima, con sede en Villa de Álvarez; en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.

  3. Principal

    De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual no se celebró la audiencia constitucional señalada para el veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, toda vez que el día de hoy se reanudan las labores, se señalan las once horas con tres minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    De la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

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