Jaime Olán González

Expediente 838/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
838/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Jaime Olán González

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 19216/2022, de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, con el cual se le remitió el original del juicio de amparo 838/2022-4, del índice de este juzgado; asimismo, informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida JAIME OLAN GONZÁLEZ, quedando registrada con el número de expediente 853/2022-VI, de su índice. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso i), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diecinueve de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Matea González López, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Mediante oficio recibido el treinta de enero de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada de la audiencia de veintinueve del precitado mes, derivada del expediente laboral 2115/2008 de su índice, de la que se advierte que compareció el perito Sergio Manuel García Pérez, a ratificar el oficio 0409/2019 de dos de septiembre de dos mil diecinueve. Mediante proveídos de diez, veinte y treinta y uno de mayo, veintidós y veintiocho de junio, doce de julio, veinticuatro de septiembre, veintiuno de octubre, veintidós y veintinueve de octubre, veintitrés y veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, siete de enero de dos mil veintidós, once, veintiuno y veinticuatro de febrero, doce de abril, diez y diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 2115/2008 de su índice, relacionadas con el cumplimiento del fallo protector. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo se obtiene que se otorgó la protección de la justicia federal a la quejosa para que la autoridad responsable: "Con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 2115/2008 de su índice, que en el caso consiste en requerir al ingeniero Sergio Manuel García Pérez, para que de inmediato comparezca ante ella a ratificar el avalúo y aclaración del mismo, y provea lo conducente respecto al remate del bien inmueble embargado hasta lograr el total cumplimiento del laudo de quince de octubre de dos mil ocho, y verifique el total cumplimiento. Para lo anterior, la autoridad deberá adoptar las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 688 de la Ley Federal del Trabajo". Al respecto, de la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria de mérito, a partir de su interpretación y de la naturaleza de la violación examinada en la misma, se obtiene que la autoridad responsable se encontraba constreñida expresamente a procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 2115/2008 de su índice, que en el caso consistía en requerir al ingeniero Sergio Manuel García Pérez, para que compareciera ante ella a ratificar el avalúo y aclaración del mismo. Sobre el particular, mediante oficio recibido el treinta de enero de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada de la audiencia de veintinueve del precitado mes, de la que se advierte que ante ella compareció el aludido perito, a ratificar el oficio 0409/2019 de dos de septiembre de dos mil diecinueve, que contiene la aclaración del avalúo comercial de catorce de marzo de ese mismo año, respecto del inmueble embargado en la referida controversia laboral; lo cual es congruente con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Asimismo, de los lineamientos impuestos a la autoridad en cuestión, substancialmente se dijo que debía proveer lo conducente respecto al remate del bien inmueble embargado hasta lograr el total cumplimiento del laudo de quince de octubre de dos mil ocho. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que, en audiencia de remate de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, declaró adjudicado a favor de la parte actora el 50% del bien inmueble embargado, por la cantidad de $338,817.50 (trescientos treinta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 50/100 moneda nacional). En dicha diligencia también quedó establecido que el crédito a que tiene derecho la trabajadora en cuestión, en el auto de ejecución de veinte de enero de dos mil nueve, es por la suma de $3´316,261.90 (tres millones trescientos dieciséis mil doscientos sesenta y un pesos 90/100 moneda nacional), resultando pendiente un remanente de $2´977,444.40 (dos millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 moneda nacional). CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, se considera NO CUMPLIDO el fallo protector, pues de los lineamientos impuestos a la autoridad en cuestión, substancialmente se dijo que debía proveer lo conducente respecto al remate del bien inmueble embargado hasta lograr el total cumplimiento del laudo de quince de octubre de dos mil ocho; sin embargo, aún queda pendiente por pagar a la aquí quejosa la suma precitada. Cabe establecer que lo anterior no impide que, conforme al último párrafo del artículo 205 de la Ley de Amparo, las partes puedan celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria, del cual deberá darse aviso a este órgano judicial federal, para que, una vez que se le compruebe que los términos del mismo fueron cumplidos, se mande archivar el expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las medidas y acciones encaminadas a efectos de lograr el pago del remanente pendiente a favor de la aquí quejosa Matea González López, por la suma de $2´977,444.40 (dos millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 moneda nacional). En el entendido, que de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le impondrá a Juana Inés López Carrillo, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1520, intitulada "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS". Notifíquese.

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