Jaime Núñez Fragoso
Expediente 1656/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2021
Partes del expediente
- Jaime Núñez Fragoso
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que el auto que declaró cumplido el fallo protector, ha causado estado. Archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Se estima que este expediente es depurable. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/1130/2021, suscrito electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la primera adscripción de la Jueza Tatiana Elizondo Piña, como titular de este órgano jurisdiccional, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.
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ZAPOPAN, JALISCO, A VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LILIAN MARGARITA GARCÍA BERNAL, EL AUTO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. EN EL QUE SE ESTABLECIÓ LO SIGUIENTE: Dese vista a las partes para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique, se manifiesten en relación con el billete de depósito número N 856677, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, exhibido con motivo de la suspensión definitiva concedida en el presente incidente de suspensión. Apercibidas que de no hacerlo, transcurrido dicho término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante la autoridad judicial competente. S exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten, la autorización para acceder al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que en su momento se dicten, a fin de transitar hacia una actuación a través del portal de servicios en línea teniendo como eje rector del quehacer jurisdiccional la tramitación de expedientes por medios electrónico. LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE
- Principal
con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de amparo, se notifica por lista de acuerdos a OSIRIS RAMON CEDEÑO MUÑOZ, POR SI Y EN REPRESENTACION DE SUS MENORES HIJOS, la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, en donde se tiene por recibidos el oficio y anexos que remite la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al que adjuntó los autos del juicio de amparo 961/2019-I, del índice de este Juzgado de Distrito, cinco cuadernos de pruebas y testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 187/2021-II, de su índice, de la que se advierte que, en su resolutivo único, se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el tercero interesado Osiris Ramón Cedeño Muñoz, contra el acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno. Se levanta la suspensión del procedimiento decretada en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, se señalan las once horas con un minuto del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, el Tribunal Colegiado oficiante determinó fundado el recurso de queja y procedió a modificar el acuerdo recurrido para quedar en los términos siguientes: "Se recibe escrito. Agréguese a los autos el ocurso presentado vía electrónica por el tercero interesado Osiris Ramón Cedeño Muñoz, por derecho propio y ostentándose como representante de los menores C. y M. ambos de apellidos C.I. En atención a su petición de requerir al Delegado en Jalisco del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a fin de que designe a un profesional del derecho que asesore al represente especial designado por su menor hija X.C.I., en virtud de que, carece de autorización para ejercer la licenciatura en derecho, lo que va en detrimento del interés superior de la adolescente a recibir una defensa adecuada; se prevé: En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia P./J. 3/2019, el Máximo Tribunal de la Nación, después de precisar que, el interés superior de la infancia implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado, debe buscar el beneficio directo del infante, por lo que cualquier análisis de una disposición respecto de menores de edad, implica que sea prioritario reconocer dicho principio; destacó que, la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con una asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades. Luego, el mencionado Máximo Tribunal agregó que, resulta claro que el Estado debe tutelar el interés superior del menor en cualquier procedimiento, lo que por supuesto implica también que dicho mandato cobra aplicación tratándose del juicio de amparo; por consiguiente, toda medida puede y debe armonizarse en su interpretación jurisdiccional para que proteja el interés superior del menor en todo momento, interpretación que resulta naturalmente aplicable a la Ley de Amparo en cualquiera de sus artículos si impactan los derechos de los menores. Finalmente, el comentado Máximo Tribunal concluyó que, el interés superior del menor es un principio que en procesos de cualquier naturaleza implica dos vertientes, una sustantiva y otra procesal, la primera implica que, el juzgador se encuentra obligado a la tutela sustantiva de sus derechos y debe privilegiar la defensa de los mismos en la resolución de fondo de los asuntos y, la segunda, consistente en que el interés superior del niño es un derecho procesal que obliga a cualquier ente del Estado a introducir disposiciones en el proceso de adaptación de medidas para garantizar que se tenga en consideración o se efectivice el interés superior del niño. Por tanto, el juzgador se encuentra obligado a interpretar las normas procesales de tal suerte que permitan que los intereses del menor encuentren una defensa letrada efectiva dentro del proceso y que éste sea escuchado. En ese sentido, la defensa del menor bajo la vertiente procesal del interés superior implica que debe ser real y material, no sólo formal, tutelando que la representación legal ejercida sobre el menor sea adecuada y garantista, lo que de suyo atañe a que, en cualquier proceso jurisdiccional, el juzgador debe vigilar que quien representa al menor verdaderamente proteja los intereses de éste, no los suyos propios o los de otros. Jurisprudencia de literalidad siguiente: "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO). El precepto citado establece la posibilidad de que el menor de edad pida amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, nombrándole para ello un representante especial en los casos en que por conflictos de intereses sea necesario. Ahora bien, tomando en cuenta las obligaciones constitucional y convencional de tutelar el interés superior del menor, la disposición prevista en el artículo 8o. de la Ley de Amparo debe aplicarse extensivamente a los supuestos en los cuales el menor comparece en calidad de tercero interesado al juicio de amparo, por lo que, cuando su legítimo representante se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido, se niegue a representarlo, o bien, haya conflicto de intereses entre sus legítimos representantes o motivos que justifiquen la designación de persona diversa, el órgano jurisdiccional, en aras de defender y tutelar sus intereses, deberá nombrarle un representante especial para que intervenga en el juicio". Lo hasta aquí expuesto permite a este juzgador concluir que, si bien es cierto, el artículo 8 de la Ley de Amparo, no establece que el cargo de representante especial sólo podrá otorgarse a persona que cuente con título de abogado o licenciado en derecho, o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho. También lo es que, la interpretación jurisdiccional del citado precepto, atento al interés superior de las niñas, niños y adolescentes de que se garantice su asistencia letrada efectiva en cualquier procedimiento en que estén involucrados, la cual debe ser real y material, no sólo formal, es el sentido de tutelar que la representación legal ejercida sobre el menor sea adecuada y garantista. Para cumplir con esa finalidad, es necesario que la persona que éste designe, de no ejercer la profesión de abogado, como en el caso acontece, ya que Jorge Humberto Icazbalceta Ocampo, abuelo materno de X.C.I., no demostró encontrarse autorizado para ejercer la licenciatura en derecho ni estar asesorado por algún profesional del derecho, esté aconsejado durante la substanciación del juicio de amparo, por un abogado, a fin de otorgar a aquélla una defensa letrada, lo contrario implicaría que la representación otorgada por la menor a favor de su familiar, resulte meramente formal, esto es, que no garantice la defensa efectiva y real de los intereses de la adolescente. Máxime que, el evento de que se designe un profesional del derecho que preste sus servicios para el Instituto Federal de la Defensoría Pública, de manera alguna priva a la menor de su derecho de nombrar a la persona que la represente en el juicio de amparo, por el contrario, constituye una medida que refuerza esa representación, mediante la asesoría jurídica necesaria para su defensa en el sumario constitucional. Aunado a que, sus progenitores han manifestado su conformidad con esa designación, Osiris Ramón Cedeño Muñoz, en su carácter de tercero interesado, de manera expresa en el ocurso que se provee y, Laura Icazbalceta Vargas, en el diverso de quejosa, implícitamente, al no oponerse a ese nombramiento, según adujo en su ocurso de dos de marzo de dos mil veintiuno. En esta tesitura, requiérase al Delegado en Jalisco del Instituto Federal de la Defensoría de Oficio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que dentro del término de tres días, contado a partir al siguiente en que reciba el oficio correspondiente, designe a un profesional del derecho que pueda fingir como asesor de Jorge Humberto Icazbalceta Ocampo, en su carácter de representante especial de la menor X.C.I., durante la substanciación del presente juicio de amparo". Por lo antes expuesto, con copia de la ejecutoria en comento, gírese el oficio relativo al Delegado en Jalisco del Instituto Federal de la Defensoría de Oficio, a efecto de dar cumplimiento a la misma. Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
El auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Archívese. Expediente es depurable. Carece de relevancia documental. No existen documentos considerados originales. Secretaria del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, informa imposibilidad que tuvo el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Juxtlahuaca, Oaxaca, para devolver el despacho 236/2020, número de orden 292/2020. Envía despachos que le fueron devueltos.
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