Jaime Nova Palma
Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, Michoacán
- Jaime Nova Palma
- Administrador de Procedimientos Penales 1 de la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, entréguese al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración del amparo Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó el juicio de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó y se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original y duplicado de los cuadernos incidentales son susceptibles de DEPURACIÓN y no es de relevancia documental. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del refirod acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Lo anterior, hágase constar en la carátula de los mismos de conformidad con el arábigo 35 del referido acuerdo. Documentos irrecuperables Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, como complemento de su informe justificado, se ordena su devolución en un cuaderno, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Billete de depósito. En relación al billete de depósito número N887185, exhibido para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva; una vez que fenezca el plazo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, podrá recibir el título valor citado, para lo cual cuenta con el plazo de dos años, apercibida que de no comparecer a recogerlo, se decretará la prescripción en favor de la Tesorería de la Federación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Javier Ivan Contreras Osorio, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 810/2022. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintidós, Jaime Nova Palma, a través de su abogado defensor, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad, demanda que fue presentada a través del sistema en línea, misma que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito turnó el a este Juzgado de Distrito. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; por lo que, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós se admitió a trámite la misma, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos respecto a una autoridad sobre la cual este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia: La resolución de once de julio de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 236/2021, por virtud de la cual determinó negar: i) por una parte el control judicial a efecto de que se diera el acceso al Sistema Automatizado Aduanero Integral y con ello pudiera realizarse la pericial necesaria, a favor del quejoso, y por otra ii) la concesión de la prórroga de investigación complementaria solicitada y a su vez dictó auto de cierre de investigación complementaria. La resolución de once de julio de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 236/2021, en el recurso de revocación hecho valer por la defensa del quejoso en audiencia de esa misma fecha, por virtud de la cual confirmó la determinación recurrida. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con los autos relativos a la carpeta administrativa 236/2021, así como un disco compacto que contiene la grabación de la audiencia de once de julio de dos mil veintidós, que acompañó la responsable a su informe de ley; documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a lasconstancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la video grabación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha video grabación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se reclaman actos de tribunales judiciales -como en el caso-, administrativos o del trabajo, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando tales actos tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para calificar un acto como irreparable, necesita producir afectación material directa a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo, además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo que se tiene que el legislador secundario dispuso dos condiciones para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento judicial, consistentes en: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de r naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Se entiende por derechos sustantivos aquellos inherentes al ser humano, como la vida, la personalidad, la libertad, la propiedad, y aquellos que derivan de determinadas relaciones como las familiares, por mencionar algunos. En tanto que, los derechos procesales o adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo, que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía en el goce de aquéllos. En el caso particular, la resolución reclamada dictada en la causa penal 236/2021, fue emitida dentro de la etapa de investigación, fase complementaria. A efecto de determinar la naturaleza procesal del acto reclamado, conviene recordar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal se desarrolla en las siguientes etapas: "Artículo 211. Etapas de/procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, y Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio' hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." La etapa de investigación comienza con la fase de investigación inicial que es regulada en los artículos 212 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual se centra en la indagación que el Ministerio Público realiza con el auxilio de la policía y de los peritos, para efecto de determinar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, comienza la fase de investigación complementaria normada por los artículos 307 a 333 del ordenamiento en cita, que comprende desde el comienzo de la audiencia inicial y hasta que sea cerrado el plazo de investigación. Con base, en el numeral 307 de dicho ordenamiento, en la audiencia inicial se informa al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. La fase de investigación complementaria da inicio una vez que se emite el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares, como podría ser la de prisión preventiva oficiosa o a petición de parte, cuya declaratoria implica que el imputado estaría privado de su libertad bajo los efectos de esa medida y no del plazo de investigación complementario. Por su parte, el artículo 321 del código adjetivo de referencia, establece que previo a finalizar la audiencia inicial, el Juez de Control debe establecer el plazo para el cierre de la investigación complementaria, con base en las propuestas de las partes, mismo que no podrá ser mayor a dos meses tratándose de delitos cuya pena máxima no exceda 'de dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excede de ese tiempo. Transcurrido dicho plazo o, en su caso, antes de su vencimiento, el Ministerio Público debe concluir la investigación 'complementaria, salvo que el imputado, la víctima u ofendido o el Ministerio Público soliciten de manera justificada prórroga del mismo antes de la terminación del plazo, pero siempre bajo estricta observancia de los límites máximos mencionados en el párrafo anterior. Una vez cerrado el plazo de investigación complementaria, dentro de los quince días siguientes, el Ministerio Público podrá realizar lo siguiente: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. En este último supuesto, el proceso continuará con la etapa intermedia, que tiene precisamente por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que las partes estimen conducentes, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, de conformidad con el precepto 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual es evidente que dado el supuesto el imputado podrá ofrecer pruebas más adelante. Ahora, de lo narrado en la demanda de amparo y constancias que remitió la autoridad responsable, se advierten los siguientes antecedentes: El cuatro de mayo de dos mil veinte, se inició en contra del quejoso la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/276/2020, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, con motivo de la denuncia presentada por Iván Miranda Tamayo, Administrador de Procedimientos Penales 1 de la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su posible participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la hipótesis de que el servidor público ilícitamente otorgue subsidios sobre impuestos. El uno de octubre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial, la cual concluyó el seis del mismo mes y año, en la cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Estado de Michoacán, vinculó a proceso a Jaime Nova Palma, dentro de la causa penal 236/2021. Derivado de lo anterior, se señaló el día veinte de enero del año en curso para el cierre de la investigación complementaria. Mediante escrito de uno de diciembre de dos mil veintiuno, la defensa del quejoso solicitó a la agente del Ministerio Público la realización de diversos actos de investigación a efecto de recabar datos de prueba para la defensa del quejoso. Dentro de dichos actos se encontraba la elaboración de una prueba pericial en materia de informática y/o sistemas dentro del Sistema Automatizado Aduanero Integral. Por lo anterior, la defensa del quejoso solicitó a la citada agente ministerial que remitiera la lista de peritos adscritos a los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, a efecto de conocer su especialidad dentro del campo de informática y sistemas, para así determinar el perito idóneo para la elaboración de dicha pericial, ya que la información del citado Sistema es tema de Seguridad Nacional. El cinco de enero del año en curso, la defensa del quejoso solicitó a la autoridad responsable prórroga para el cierre de la investigación complementaria; petición que se reiteró el diecisiete del mismo mes y año, lo cual fue acordado el veinte de enero siguiente, en el sentido de concederla hasta el veinte de marzo de dos mil veintidós. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, se solicitó al Administrador de Procedimientos Penales "1", que remitiera la lista de peritos especializados en materia de informática, adscritos a los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República que contaran con acceso al Sistema Automatizado Aduanero Integral para la elaboración del dictamen. Dichas dependencias contestaron que no se contaba con una lista de peritos especializados en materia informática adscritos a Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República que cuenten con acceso al "SAAI", por lo que no fue posible señalar fecha y hora para que acudiera el perito de la defensa, en virtud de que dicha Unidad carece de facultades, porque el "SAAI", corresponde a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Mediante escrito de dieciséis de junio del año en curso, se solicitó a la agente del Ministerio Público, señalara día y hora para que la defensa del quejoso pudiera acudir con un perito particular o, en su caso, se señalara la lista de peritos que contaran con el acceso al referido sistema. Dicha solicitud fue hecha también al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, solicitando fuera señalado día y hora a efecto de que la defensa pudiera acudir con un perito particular o, en su caso, se señalara la lista de peritos que contaran con el acceso al multicitado sistema, a efecto de que fuera elaborado el citado dictamen. EI veinte de junio de dos mil veintidós, se recibió la contestación recaída a la petición formulada al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, refiriendo que no era posible proporcionar la información solicitada, ya que permitir el acceso al sistema podría redundar en un perjuicio a las actividades de la Agencia Aduanal de México, señalando que el Ministerio Público, en un proceso penal, es la única autoridad que les puede realizar la solicitud y efectuar los requerimientos dentro del proceso. En uno de julio de la presente anualidad, se notificó a la defensa del quejoso la contestación dada a la agente del Ministerio Público por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México, quien le refirió que no pueden dar el acceso al Sistema Automatizado Aduanero Integral, a un perito, ya que se trata de información confidencial. Debido a que no había podido realizarse la última diligencia solicitada por la defensa del quejoso, el propio uno de julio de dos mil veintidós se solicitó una prórroga más de dos meses de cierre de investigación complementaria para poder realizar el referido dictamen en materia de informática y sistemas, además del control judicial para que el juez ordenara se permitiera al perito de la defensa para acceder al Sistema Automatizado Aduanero Integral, y poder llevar a cabo el dictamen de referencia. Lo anterior fue acordado el cinco de julio siguiente, en el que el Juez de Control fijó para el once de julio del año en curso, la audiencia en la que se debatirían dichas cuestiones. En la citada audiencia, el Juez responsable determinó: a) negar realizar control judicial respecto de la solicitud para que el perito de la defensa pudiera acceder al Sistema Automatizado Aduanero Integral, en relación con la prueba pericial ofrecida; b) negar la solicitud de prórroga de dos meses para el cierre de investigación complementaria en la causa penal 236/2021; y, c) dictó auto de cierre de investigación complementaria. En virtud de lo anterior, la defensa del quejoso interpuso recurso de revocación en contra de dichas determinaciones, el cual fue declarado infundado por la autoridad responsable. Las determinaciones descritas en los últimos dos puntos constituyen los actos reclamados ante esta instancia constitucional. Ahora, si bien es cierto que las determinaciones relacionadas con la petición de las partes en el proceso penal para que la autoridad judicial prorrogue el cierre de la investigación complementaria, pueden eventualmente afectar de manera directa derechos sustantivos de las misma y, por tal razón, el juicio de amparo en su contra, de inicio, no es notoriamente improcedente, ya que en todo caso se requiere del análisis completo de las constancias que integran el proceso de origen a fin de corroborar si el acto tiene tal naturaleza o no, es decir, hasta entonces el órgano resolutor tendrá la posibilidad de determinar el tipo de afectación producida y si ésta fue de índole meramente intraprocesal o si, en su caso, se generó alguna lesión a sus derechos fundamentales. Al respecto, se cita la tesis II.3o.P.15 P (11a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE LA AUTORIZA A PETICIÓN DE LA FISCALÍA, AL NO SER NOTORIO NI MANIFIESTO QUE SOLAMENTE AFECTA DERECHOS ADJETIVOS DEL IMPUTADO O NO IRROGA LESIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Hechos: Un Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda de amparo en la que se reclamó la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria autorizada por el Juez de Control, a petición de la Fiscalía, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo pues, a su parecer, debía agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, este órgano colegiado advirtió que, según lo manifestado por el quejoso, el Juez de Control responsable convocó a las partes a efecto de generar debate y contradicción antes de resolver dicha petición ministerial, por lo que no se trataba de una cuestión de mero trámite, emitida sin previamente seguir una tramitación especial y, por ende, no estaba obligado a interponer aquel medio de defensa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito puede determinar si emerge una causa de improcedencia diversa a la analizada por el Juzgado de Distrito, pero para que esto suceda, debe ser indudable y manifiesta; en una primera vista, el análisis oficioso del asunto lleva a considerar la posibilidad de que se actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, como la única información con la que se cuenta es la contenida en el escrito de demanda, resuelve que no es factible establecer el tipo de afectación irrogado al quejoso, por lo que no puede concluirse que existe una causa notoria y manifiesta que conduzca a su desechamiento. Justificación: La determinación de ampliar el plazo para el cierre de la investigación complementaria, a solicitud de la Fiscalía, constituye una resolución que, eventualmente, puede producir afectación a derechos adjetivos del imputado, cuyos efectos sean solamente de carácter formal o intraprocesal, pero también es susceptible de irrogar lesión a sus derechos fundamentales; ello, dependiendo de su resultado e, incluso, de que la solicitud de la prórroga para el cierre de la investigación complementaria se haya realizado oportunamente y se encuentre debidamente justificada, pues una vez agotado el plazo otorgado para tal efecto, el Ministerio Público necesariamente habrá de solicitar el sobreseimiento parcial o total en la causa, la suspensión del proceso, o bien, formular acusación; lo anterior, de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sólo con pleno conocimiento de la forma en que se desenvolvió esa fase, es que se puede llegar a dilucidar cuál de esas dos afectaciones tuvo lugar, es decir, si la lesión irrogada al imputado fue de índole meramente intraprocesal o si, en su caso, se generó alguna afectación a sus derechos fundamentales, por violentarse el principio de igualdad procesal de las partes, al colocarlo en una posición sustancialmente desventajosa frente al órgano acusador; al derecho a una justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e, incluso, al derecho de ser juzgado dentro del plazo legalmente previsto, por lo que es inviable desechar de plano la demanda de amparo". Sin embargo, ello no constituye una regla general sino una expresión cuyo análisis debe realizarse caso por caso, como el presente que, por la naturaleza de los actos que se reclaman ante esta instancia constitucional, es necesario dilucidar si se trata de afectaciones a derechos sustantivos del quejoso, o bien, cuestiones de índole adjetivo o intraprocesal que no le representa una vulneración directa a sus derechos. En la especie, del análisis de las constancias de las que emanan los actos reclamados se puede afirmar que éstos no tienen sobre el quejoso una ejecución de imposible reparación, pues no afectan o restringen de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de los que es titular. Lo anterior, porque de las manifestaciones expuestas por el quejoso en su escrito de demanda de amparo y constancias allegadas por la autoridad, se advierte que la solicitud que presentó para que la responsable realizara el control judicial a efecto de que se pudiera tener acceso al sistema electrónico aduanal fue para que se pudiera emitir dictamen pericial en relación con la obtención de datos de prueba por parte de la defensa, concretamente para determinar si el quejoso accedió y manipuló dicha plataforma electrónica, respecto de lo cual se solicitaron diversas prórrogas para que no se decretara el cierre de la investigación complementaria, específicamente desde la primera solicitud ocurrida el uno de diciembre de dos mil veintiuno. De esta manera, la prórroga solicitada descansa en la intención de lograr el desahogo de una prueba, la cual, incluso, fue analizada en la propia audiencia, donde el Juez de control responsable determinó la inviabilidad de la solicitud de realizar control judicial para tener acceso al sistema electrónico aduanal. Ello porque, como sostuvo el Juez responsable, se ha prolongado la etapa de investigación complementaria; que información relacionada con la prueba pericial que se pretende desahogar ya obra en la carpeta de investigación; que la solicitud para consultar el sistema electrónico aduanal comprende una cuestión de seguridad nacional cuya área de intromisión expondría datos de comercio exterior de diversas personas físicas y morales, por lo que se considera de alta reserva; que dicha negativa no afecta el derecho humano de acceso a la justicia ni la garantía de adecuada defensa; y, que la fiscalía asumió el riesgo de formular la acusación con los elementos contenidos en el proceso penal. Luego, tanto la negativa a ejercer control judicial para el acceso a dicho sistema electrónico, solicitado para preparar la prueba pericial, como la negativa a prorrogar el plazo de investigación complementaria, afectan solamente derechos procesales o adjetivos que incluso pueden ser reparados en etapas posteriores del proceso, por lo que no existe afectación material directa a sus derechos sustantivos, es decir, no se actualizan consecuencias que le impidan el ejercicio de un derecho, lo que denota que no se actualiza un supuesto de irreparabilidad de derechos fundamentales. Por ello se considera que los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, pues no trastocan derechos sustantivos del quejoso dentro de la causa penal, ya que no se traduce en la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa, tampoco lo colocan en una situación de desventaja procesal frente a otras partes en la causa, ni le impiden acceder al derecho a una justicia pronta y expedita e, incluso, tampoco el derecho de ser juzgado dentro del plazo legalmente previsto para ello. Se cita la tesis I.4o.P.2 P (11a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LLEVAR A CABO ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN ESA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: El Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación acordó no favorable la solicitud de la defensa del imputado, durante la etapa de investigación complementaria, de llevar a cabo actos de investigación. Esta determinación fue reclamada por éste en el juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque la representación social no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, determina que contra la negativa del Ministerio Público de llevar a cabo actos de investigación en la etapa de investigación complementaria en el sistema penal acusatorio, es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no constituir un acto de imposible reparación. Justificación: La negativa ministerial de realizar las diversas diligencias indagatorias formuladas por el quejoso durante el proceso penal (que deben realizarse en la etapa de investigación complementaria), por sí sola no tiene como consecuencia inmediata la afectación irreparable de alguno de sus derechos fundamentales, pues la investigación complementaria está sujeta a control judicial y, de acuerdo con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el justiciable, hasta antes de presentada la acusación, tiene la posibilidad de exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesarios los actos de investigación solicitados al fiscal investigador y que, de manera previa, le rechazó. Así, la negativa de la Fiscalía de realizar actos de investigación en dicha fase procesal no constituye un acto que resuelva de manera definitiva la cuestión, ya que los efectos que pudiera causar sobre los derechos del imputado podrán ser reparados si éste o su defensa reitera, ante el Juez de Control y antes de la presentación de la acusación, la petición de diligencias de investigación que negó realizar el Ministerio Público; además, sigue existiendo la posibilidad de que el asunto se resuelva a favor de sus intereses". Así, de acuerdo con el desarrollo del procedimiento penal acusatorio, la resolución emitida el once de julio de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la resolución de once de julio de dos mil veintidós, en la que negó realizar control judicial respecto de la solicitud para que el perito de la defensa pudiera acceder al Sistema Automatizado Aduanero Integral, en relación con la prueba pericial ofrecida; también, negó la solicitud de prórroga de dos meses para el cierre de investigación complementaria en la causa penal 236/2021; y, en consecuencia, dictó auto de cierre de investigación complementaria, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Ello, porque, como se dijo, esa determinación que se emitió en la etapa de investigación complementaria, sólo genera consecuencias de índole intraprocesal y no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del gobernado, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos, pues en la etapa intermedia pueden ofrecerse y admitirse medios de prueba, ya que en dicha etapa se depuran los hechos controvertidos que serán materia del juicio; momento en el cual podrá reiterar el ofrecimiento de pruebas tendentes a fortalecer su defensa, entre ellas la pericial aludida. Lo anterior es así, pues el contenido del artículo 334 del referido código procedimental, pone de manifiesto que durante la etapa intermedia el imputado tiene la facultad de ofrecer pruebas; por lo que, la violación de que se duele no trasciende en su perjuicio. Además, el Ministerio Público, cerrada la investigación complementaria, puede solicitar el sobreseimiento o la suspensión del proceso o no formule acusación; y ante ello, los efectos del acto que reclama la parte quejosa se extinguirían sin originar afectación a sus derechos fundamentales. En ese tenor, resulta improcedente el amparo indirecto promovido por el quejoso, ya que la resolución reclamada no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso; en síntesis, en el caso no se está en presencia de una afectación o ejecución irreparable. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Por último, no se soslaya que la parte tercera interesada Administrador de Procedimientos Penales 1 de la Administración General de Evaluación del Servido de Administración Tributaria, órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones de una de las partes, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse de manera expresa respecto de las mismas. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Así pues, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dichas causas de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Nova Palma, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, de conformidad a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
En veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la secretaria certifica: (1) Que se encuentran señaladas las once horas con once minutos de este día para el desahogo de la audiencia constitucional. (2) Que de las constancias de notificación, se advierte que el tercero interesado De´Russbell Vizcaya Pelaez fue emplazado el diecinueve de agosto pasado. Doy fe. Con lo anterior y el estado de autos se da cuenta a la juez. Conste. Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Estado de autos. Se advierte de las constancias que integran el presente juicio, que a la fecha, no ha transcurrido, para el tercero interesado De´Russbell Vizcaya Pelaez, los ocho días que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado para imponerse de los autos, respecto de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en auto de cuatro de agosto pasado, dado que el emplazamiento de la mencionada parte tercera interesada se llevó a cabo el diecinueve de agosto del año en curso. 2. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. 1. Se apersona tercero interesado. Agréguense a los autos el oficio signado por Iván Miranda Tamayo, representante de la parte tercera interesada Administrador de Procedimientos Penales 1 de la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, quien acredita su calidad en términos del documento que anexa; en su atención, se le tiene compareciendo a juicio con tal carácter. 1.1. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, así como correo electrónico, el que señala. 1.1 Datos de contacto. Asimismo, se le tiene proporcionando el número telefónico que refiere en su escrito, por tanto, manténganse bajo resguardo este dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 1.2. Designación de delegados. Se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que refiere. 2. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir de hoy la Jueza Katia Orozco Alfaro, será la titular de este órgano jurisdiccional, lo que se hace saber a la partes a efecto de que se encuentran en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.
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