Jaime Nicolas Lopez
Expediente 517/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Nicolas Lopez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene al Jefe de Administración Postal de Correos de la Oficina "Tangamanga", informando las gestiones relativas respecto a lo solicitado en proveído de diez de mayo del año en curso.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de mayo de dos mil veintidós. Se acuerda escrito. Visto el escrito de cuenta signado por el promovente Jaime Nicolás López; en atención a su contenido, se provee: Autoriza devolución de documentos. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del documento que refiere, para lo cual deberá comparecer ante este Juzgado con copia simple de éste, y se realice su cotejo y compulsa, para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente. Para lo cual deberá presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de los autos se advierte que por auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se requirió a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de lo Familiar, de esta ciudad, a efecto de que informaran si existía en los registros de los órganos a su cargo algún juicio sucesorio testamentario o intestamentario a bienes de la sucesión del tercero interesado Domingo Vila Pérez; sin embargo, en cumplimiento al referido requerimiento los citados jueces informaron a este Juzgado que no encontraron registros en sus respectivos sistemas a bienes de la sucesión de que se trata. Requerimiento. En consecuencia, requiérase nuevamente a los mencionados jueces familiares, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que reciban el presente oficio, informen a este Juzgado, si al dia de la fecha se encuentra tramitando algún juicio sucesorio testamentario o intestamentario a bienes de la sucesión de la tercera interesada Domingo Vila Pérez y, en su caso, el nombre del representante de dicha sucesión, o bien manifiesten el impedimento legal que tenga para ello, a efecto de estar en posibilidad de emplazarlo al presente juicio de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores a una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de lo Familiar, de esta ciudad.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Radicación. Con la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Director de Servicios Municipales del Ayuntamiento De San Luis Potosí; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 517/2022-IV. Desechamiento de la demanda. Examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma ya que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte de la parte promovente para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o. y 6o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica, en virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, si bien el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona -física o moral- titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11 autoriza que la persona afectada pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Dichas figuras jurídicas entendidas como la calidad procesal para actuar en un juicio a nombre de otro, constituyen la expresión de un acto jurídico regular que exige la satisfacción de ciertos requisitos en los que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los formales que deba contener para su validez. Todo lo anterior, resulta congruente con el mandato constitucional que instaura el principio de "instancia de parte agraviada", conforme al que, como ya se vio, se veda la posibilidad de que una persona distinta de la que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo a quien afecte la norma general o el acto reclamado, o bien, de su representante o apoderado legal, pueda promover amparo (salvo las excepciones previstas en la ley); lo que justifica que sean sólo ellos los que accionen el juicio, en tanto a éstos es a quienes les corresponde exteriorizar la voluntad para someter a control constitucional de los órganos jurisdiccionales de amparo un acto o norma que les cause perjuicio, así como el señalar el alcance de su pretensión. Asimismo, la Corte ha establecido que si bien el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; lo cierto es también que la promoción del amparo presentada físicamente sin firma autógrafa, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda la firma autografa del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Consecuentemente y bajo las consideraciones hasta aquí expuestas, el Tribunal Pleno arribó a la convicción de que el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita -con firma autógrafa- directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo; resulta válido concluir que la demanda de amparo presentada físicamente, requiere estar firmada por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente. Sin que tal situación pueda considerarse una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que al tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, no amerita prevención alguna, ya que al no contener el escrito de demanda la firma autógrafa del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y, como se dijo, no hay instancia de parte, por lo que, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Sobre tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada físicamente sin firma autógrafa del promovente Jaime Nicolás López, es patente que no se ha ejercido la acción constitucional, pues la ausencia de firma equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Es decir, no hay instancia de parte, pues sin firma autógrafa no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Máxime, que en el presente caso no se actualizan los suspuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea motivo de excepción la firma autógrafa. Luego, como la demanda que originó este asunto no se presentó con la firma autógrafa, no existe la voluntad de quien aparece como promovente, y por tanto es inconcuso que tampoco hay instancia de parte. Todo lo expuesto actualiza la causal de improcedencia analizada; ante lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** y ********, por no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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