Jaime Navarro Perez
Expediente 911/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 911/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jaime Navarro Perez
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 911/2023-I. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe testimonio de queja. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal en sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 195/2023, en cuyo único punto resolutivo establece: ".ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Jaime Navarro Pérez en contra del proveído emitido el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 911/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla." En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Incidente de suspensión. En este expediente no se ordenó la apertura del incidente de suspensión pues desde el acuerdo inicial se desechó la demanda. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su mando, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto del sentido de la resolución emitida en el recurso de queja, así como del archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si el quejoso deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Juicio de amparo 911/2023-I. Puebla, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. A los autos el oficio signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en el que inserta el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el magistrado presidente de ese tribunal, mediante el cual admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Jaime Navarro Pérez, bajó el número 195/2023. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo 911/2023-I. Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por +++++, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios, contra el proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso -al margen de que no señaló las constancias que se deben remitir a la superioridad para la resolución de la queja-. Ahora, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo primer párrafo, se prescinde de dar vista a las partes para que señalen constancias, porque con motivo del desechamiento de la demanda no se integró la litis constitucional. Asimismo, se procederá a vincular el expediente electrónico con el tribunal de alzada para la resolución del recurso, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico de este asunto. Por tanto, sólo se generará un oficio para la remisión del escrito original de interposición del recurso (y formulación de agravios), mismo que deberá dirigirse al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste lo turne al órgano que deba substanciar el recurso de queja. Informe para el recurso de queja. Además, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes1 : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, como ya se indicó, habrá de vincularse el expediente electrónico relativo a este juicio para su consulta por el tribunal de alzada. Vinculación del expediente electrónico. En mérito de lo anterior, desde este momento, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado al que por turno le corresponda conocer del recurso de queja, esté en oportunidad de consultarlo y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 911/2023. Puebla, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. A los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al cual acompaña el expediente original relativo al juicio de amparo 1471/2021 de su índice y un anexo. En ese oficio se inserta el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que la autoridad oficiante se declaró legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++++, contra un acto del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Se acepta la competencia. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, esta juzgadora acepta la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Jaime Navarro Pérez, contra una acto del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y se avoca al conocimiento del asunto; se ordena colocar al expediente de amparo recibido, una carátula con los datos de este órgano y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Líbrese el oficio de acuse para el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remítase por interconexión. Radicación del expediente. De conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda signada por Jaime Navarro Pérez, por derecho propio, contra un acto del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: El segundo punto resolutivo de la sentencia interlocutoria de veintiuno de julio de dos mil veintitrés (revocación), dictado en el expediente 97/2023 del inciden del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, el cual aduce el impetrante de amparo, refiere: ".SEGUNDO.- No es de revocarse ni se revoca el auto combatido por el recurrente en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución.". Luego, de los antecedentes de la demanda, se observa que en efecto, el quejoso reclama la resolución que decidió un recurso de revocación contra el auto que declaró cerrada la instrucción en la causa penal 97/2003, que se le instruye por los delitos de homicidio calificado y violación tumultuaria. Por tanto, es evidente que el reclamo planteado en la demanda no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse en amparo indirecto durante el trámite de un proceso, ya que no quebranta de manera directa e inmediata un derecho fundamental del quejoso; en todo caso, sólo podría configurarse una violación a los derechos adjetivos (procesal) del quejoso en caso de que obtuviera una sentencia contraria a sus intereses, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado éste último en sentido contrario. Ambos numerales, a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones 3 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: fracción III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: inciso b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, pues en la actualidad fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica, y es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la resolución combatida por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la resolución emitida por el juez responsable, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, emitió resolución en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, donde se dejó sin efectos el diverso acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual se declaró cerrada la instrucción, únicamente para el efecto de investigar el domicilio de un testigo que el quejoso pretendía interrogar; sin embargo, pese a la búsqueda que se realizó en los registros de diversas persona morales privadas y oficiales, al parecer, sin éxito, por lo que se turnaron los autos de nueva cuenta a la vista del agente del Ministerio Público para que, en el plazo de tres días manifestara si ratificaba o rectificaba las conclusiones acusatorias que presentó desde el nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Entonces, el único efecto de la resolución comentada (de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno), estriba en declarar infundado el recurso de revocación que se interpuso contra el acuerdo que decretó nuevamente el cierre de la instrucción dada la imposibilidad de hacer comparecer a un testigo que la defensa del quejoso pretendía interrogar. Lo que de ninguna forma implica una restricción a los derechos sustantivos del quejoso, porque se insiste, cuando más, podría configurarse una violación procesal que, en todo caso, debe hacerla valer en el recurso de apelación que interponga contra la sentencia, en caso de que le sea adversa y, si en segunda instancia persiste una decisión en contravención a sus intereses; entonces, puede destacarla como una violación adjetiva en el amparo directo que, en su caso, promueva, tal como lo dispone el artículo 173, fracciones VII y XIV de la ley de la materia. Ello conduce a estimar que la resolución combatida en la demanda de amparo, no tiene las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados por el quejoso y sus conceptos de violación, revelan que su pretensión únicamente atañe a la resolución del recurso de revocación que se declaró infundado. Resolución que no permitiría en este juicio de amparo, examinar la procedencia de la solicitud presentada por el quejoso, para lograr que se reabriera la instrucción en el proceso penal de origen. Por consiguiente, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia anunciada en líneas precedentes, pues la resolución se decidió no revocar la declaración del cierre de instrucción. De modo que el quejoso mantiene la posibilidad de obtener sentencia favorable, lo cual desvanecería cualquier afectación procesal que le hubiese generado el que se declarar infundado el recurso de revocación. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la comentada resolución, pues el juez responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la mencionada resolución, permiten descartar que esta hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe concluirse que el quejoso pretende combatir una resolución que sólo generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que la resolución combatida por el quejoso -en su demanda-, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo (éste último aplicado en sentido contrario), con las características de indudable y manifiesta. En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso Jaime Navarro Pérez, dado que la resolución que éste reclamó al juez señalado como responsable, no encuadra en los actos de imposible reparación conforme a las razones expuestas con antelación, y que determinaron la actualización de la invocada causal de improcedencia, con las características de manifiesta e indudable. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso el señalado en su demanda, y queda autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Sandra Paredes García, porque así se solicitó; además, se encontró su cedula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado, el cual podrá ser utilizado en circunstancias extraordinarias. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso y cúmplase
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