Jaime Moreno Limones

Expediente 792/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
792/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Octavo Distrito Judicial, con sede en Guadalupe Victoria, Durango.
  • Jaime Moreno Limones

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo que remite el Juez de primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Guadalupe Victoria, Durango, mediante el cual se devuelve debidamente diligenciada la requisitoria enviada en este expediente, a fin de notificar al quejoso de forma personal el auto de veintinueve de junio del presente año, mediante el cual causa estado el auto por el que se desechó la presente demanda y se ordenó el archivo de la misma. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los fines estadísticos correspondientes, y dese de baja la misma. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo que remite el Juez de primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Guadalupe Victoria, Durango, mediante el cual se devuelve debidamente diligenciada la requisitoria enviada en este expediente, a fin de notificar al quejoso el proveído de dos de junio de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los fines estadísticos correspondientes, y dese de baja la misma. Estado desechada. Vista la requisitoria de cuenta, se advierte que el proveído de dos de junio del año en curso, se notificó a la parte quejosa el nueve del mismo mes y año, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jaime Moreno Limones, contra actos atribuidos al Juez de Control y Enjuiciamiento del Octavo Distrito Judicial, con sede en Guadalupe Victoria, Durango, asimismo, y apareciendo que no se recurrió la misma; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Valoración. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Requisitoria Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa tiene su dominio en el Andador Infantería número 204, colonia El Paraíso, de la población Francisco I. Madero, del municipio de Pánuco de Coronado, Durango, con fundamento en los artículos 45, 46, 47 y 53 del Código Federal de Procedimientos Penales, líbrese requisitoria vía correo electrónico al Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria, Durango, para que por encomienda y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, diligencie en sus términos la citada comunicación oficial. Hecho que sea lo anterior, se solicita al juzgador requerido, devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible. Notifíquese, Vía requisitoria.

  3. Principal

    Victoria de Durango, Durango, dos de junio de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Octavo Distrito Judicial, con sede en Guadalupe Victoria, Durango, y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 792/2023. III. Decisión Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esa tesitura, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la citada normatividad. De tales numerales, se obtiene que el juicio constitucional solo puede promoverse por la persona física o moral que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica con motivo del acto que considera violatorio de sus derechos fundamentales, lo que puede realizar, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos legalmente. Dicha promoción, salvo el caso en que se autoriza hacerse por medio de comparecencia -que no es el caso-, debe promoverse mediante escrito que deberá contener la firma correspondiente (autógrafa o electrónica), en la medida que se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. De manera que la carencia de firma autógrafa o electrónica en un escrito, impide tener certeza de que en éste se refleje realmente la intención del suscribiente, poniendo en duda la autenticidad del documento, lo que torna inviable la acción de tutela constitucional, esto, ante la ausencia de voluntad del promovente. En la especie, la demanda que se analiza carece de la firma electrónica del promovente ya que fue presentada de manera digital. En esas condiciones, al no contener la firma electrónica del interesado, lo cual, es un requisito esencial para acreditar la voluntad del suscribiente, no se cumple con el presupuesto relativo a que el juicio de amparo se siga a instancia de parte agraviada, lo que lleva a la convicción de que no puede considerarse ejercida la acción constitucional por la ausencia de voluntad de quien ha sido afectado por el acto de autoridad. Es aplicable al respecto: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019715 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Contradicción de tesis 45/2018. Entre las sustentadas, por una parte, por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Primero en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, Segundo del Décimo Noveno Circuito y el entonces del Vigésimo Octavo Circuito, actualmente Primero del Vigésimo Octavo Circuito y, por otra, por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito y Sexto en Materia Penal del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2018. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Javier Laynez Potisek. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 219/2016, el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 51/2017, el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja 94/2017, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 217/2017, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 192/2017, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la queja 186/2017, el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver la queja 26/2017, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver la queja 105/2016, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver la queja 67/2017, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver la queja 49/2017, y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver la queja 145/2017. El Tribunal Pleno, el cuatro de abril en curso, aprobó, con el número 8/2019 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. Nota: Los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015 citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1667, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1393, respectivamente. De las sentencias recaídas a las quejas 219/2016 y 94/2017, resueltas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, derivaron las tesis aisladas I.3o.C.99 K (10a.) y I.6o.P.13 K (10a.) de títulos y subtítulos: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA POR VÍA ELECTRÓNICA. ANTE LA FALTA DE EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA EN LA INFORMACIÓN QUE RECIBA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL FEDERAL, DEBE REQUERIRSE AL PROMOVENTE PARA QUE LA RATIFIQUE, ATENTO AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN." y "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LÍNEA. SI CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA, PERO EXISTE INDICIO DE QUE SE FIRMÓ DE MANERA AUTÓGRAFA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE FUE FIRMADA POR EL QUEJOSO Y, POR TANTO, NO DEBE DESECHARSE, SINO REQUERIR AL PROMOVENTE.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de noviembre de 2018 a las 10:27 y del viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 60, Tomo III, noviembre de 2018, página 2211, y 50, Tomo IV, enero de 2018, página 2108, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 26 de abril de 2019 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de abril de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la boleta de turno de la demanda, se establezca que la demanda sí está firmada y, que en el sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado no se haya asentado nada al respecto, toda vez que al haberse presentado por el sistema de servicios en línea, es requisito esencial que se encuentre firmada electrónicamente, lo que no acontece; de ahí que se actualiza la improcedencia en cuestión. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025488 Instancia: Pleno Undécima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 11/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la falta de la firma electrónica en la demanda de amparo indirecto presentada durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y arribaron a posturas contrarias, pues para un Tribunal debía desecharse de plano, en virtud de que existían otros medios para instar el juicio constitucional, esto es, por escrito, mientras que el diverso Tribunal estimó que era dable su admisión porque la vía electrónica constituía la única opción para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico: Aun en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carezca de la firma electrónica del promovente, salvo que se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el juicio se promueva con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal. Justificación: Durante la pandemia por el virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la normativa para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por tal razón, a fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales podría promoverse indistintamente el juicio constitucional por medios impresos o electrónicos, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se advierte una razón suficiente para que, en la contingencia sanitaria, se dispensara de la firma electrónica para presentar la demanda de amparo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al juicio constitucional, ya que la forma impresa también se garantizó para presentar demandas de amparo. No se desconoce, como hecho notorio, que en la crisis sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran ante las autoridades competentes a realizar los trámites respectivos para obtener su firma electrónica y promover el juicio de amparo por esa vía; sin embargo, tal requisito no puede considerarse como una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, en la medida en que la presentación por medios electrónicos de la demanda integraba una de las opciones para instar el juicio constitucional, ya que los justiciables estuvieron en aptitud de presentar el escrito inicial por cualquiera de las vías disponibles (electrónica o por escrito), de tal manera que el requisito de firmar electrónicamente la demanda en el esquema de contingencia para evitar la concentración de personas y la propagación del virus en los órganos jurisdiccionales, no puede catalogarse como una exigencia que imposibilitara la promoción del juicio de amparo en detrimento del derecho de acceso a la justicia. Contradicción de tesis 100/2021. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 21 de junio de 2022. Mayoría de seis votos de las Ministras y de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Loretta Ortiz Ahlf. Disidentes: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Suleiman Meraz Ortiz. Tesis y/o criterios contendientes: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver las quejas 55/2020 y 89/2020, las cuales dieron origen a la tesis aislada I.7o.P.14 K (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)].", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Tomo IV, marzo de 2021, página 2825, con número de registro digital: 2022886; y, El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la queja 30/2021. El Tribunal Pleno, el quince de noviembre en curso, aprobó, con el número 11/2022 (11a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2022 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 22 de noviembre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021." Consecuentemente al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ********************. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el proporcionado en la presente demanda. V. Requisitoria Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa tiene su dominio en el ********************, Durango, con fundamento en los artículos 45, 46, 47 y 53 del Código Federal de Procedimientos Penales, líbrese requisitoria vía correo electrónico al Juez Mixto de Primera Instancia de Guadalupe Victoria, Durango, para que por encomienda y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, diligencie en sus términos la citada comunicación oficial. Hecho que sea lo anterior, se solicita al juzgador requerido, devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese. Vía requisitoria

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