Jaime Morelos Solís
Expediente 855/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime Morelos Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGA OFICIO. Agréguese el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, a través del cual remite testimonio autorizado de la resolución dictada por el Tribunal de su adscripción en sesión de veinticuatro de noviembre del año en curso, dentro de la queja 352/2023, en la que por mayoría de votos, textualmente se resolvió: "PRIMERO. Es improcedente el recurso de queja interpuesto por los Subsecretarios de Trabajo, de Empleo y Productividad Laboral, del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, ambos de la secretaría en cita, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. SEGUNDO. Es fundado el recurso de queja" Lo anterior, a efecto de revocar el acuerdo recurrido en la parte impugnada y negar a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados. Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, con copia de la ejecutoria de referencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes, por oficio a la autoridad responsable y a la superioridad.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Secretario del Trabajo y Previsión Social, así como de la Dependencia que éste representa, del Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, rindiendo informe su justificado, con vista a las partes. DESIGNACIÓN DELEGADOS Y DOMICILIO. En términos de los artículos 9 y 28, fracción II, de la legislación invocada, ténganse como delegados a Mauricio Santillán Cadena, y otros; y como domicilio para recibir oficios notificatorios el que se precisa en el comunicado de cuenta. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Asimismo, téngasele señalando correo electrónico y número telefónico; ello, con la finalidad de garantizar a las partes la expedites a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO [18610]. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Secretario de Trabajo y Previsión Social, así como de la Dependencia que éste representa, del Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, rindiendo informe su previo, con vista a las partes. DESIGNACIÓN DELEGADOS Y DOMICILIO. En términos de los artículos 9 y 28, fracción II, de la legislación invocada, ténganse como delegados a Mauricio Santillán Cadena, y otros; y como domicilio para recibir oficios notificatorios el que se precisa en el comunicado de cuenta. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Asimismo, téngasele señalando correo electrónico y número telefónico; ello, con la finalidad de garantizar a las partes la expedites a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUEJA [18612]. Por otra parte, agréguese a los autos copia del oficio signado por el citado Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Secretario de Trabajo y Previsión Social, así como de la Dependencia que éste representa, del Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja y formulando agravios, en contra del proveído de nueve de noviembre del año en curso, en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados. REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Por tanto, mediante oficio correspondiente, con copia certificada de los autos, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, en cumplimiento a la Circular SECNO/7/2023, de nueve de mayo del año en curso, firmada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para la substanciación de dicho medio de oposición, así como con el oficio de expresión de agravios con número de registro 18612; ello, sin esperar a que se cuente con las constancias de notificación a las partes; es decir, sin que sean necesarios los respectivos acuses de recibo, en razón a la inmediatez con la que se debe sustanciar el recurso de queja de carácter urgente, por ser interpuesto, en el caso, contra la suspensión provisional. Sirve como apoyo la tesis jurisprudencial 1ª./J 126/2022 (11ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2025397, de rubro y texto: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. Justificación: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo.". NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a la Superioridad, así como a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. ********************FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda, tramítese como expediente único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 855/2023-III, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con sede en la Ciudad de México. ****************************************AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental.****************************************Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita, el señalamiento de la audiencia incidental, pues se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que la autoridad responsable foránea allegue el informe previo respectivo, considerando el lugar de su residencia, cuestión que desde luego no se encuentra normada en el ordinal 141 de la Ley Amparo, dejando por tanto, la apreciación al criterio del Juzgador.****************************************Al efecto, se invoca por identidad de razones la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: "AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA".****************************************INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.****************************************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.****************************************En esa medida, indíquesele que basta con que dé cumplimiento al presente requerimiento por correo electrónico, dicho de otro modo, por ejemplo, si informa lo peticionado por dicha vía, resultará innecesario que lo haga también por otra diversa. ****************************************INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rindan su informe previo proporcione a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe previo, se hará acreedora a una multa una equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo.************************************************************DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se le anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente.**************************************** Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción.**************************************** Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".****************************************FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa.****************************************Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.****************************************Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."****************************************PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado, lo siguiente: ************************************************************"La expedición del ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de noviembre de 2022."************************************************************EFECTO PARA EL QUE SOLICITA LA MEDIDA. La parte promovente solicita la medida cautelar en los siguientes términos: ".con la finalidad de poder dar certeza jurídica a los clientes de mi persona, de que se puede seguir ejerciendo la actividad de corte y no hay consecuencias de su contratación."****************************************CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora, en el caso, el acto reclamado constituye en esencia la expedición y aplicación del referido acuerdo publicado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, emitido por la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México. ****************************************De lo que se sigue que, en sí mismo, tal acto de molestia es susceptible a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación a las garantías de trabajo y seguridad jurídica de la parte quejosa.******************** ********************Asimismo, se toma en consideración de que además se actualizan las condiciones que establece el artículo 128 de la ley de la materia, es decir: "I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". ****************************************Cabe precisar que el artículo 148 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, dispone que cuando en el amparo se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.****************************************Apoya esta consideración la tesis XXVII.3o.4 K (10a.), visible en la página 1956, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra versa: ****************************************"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello, deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión". ****************************************Por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable la tesis: I.7o.A.3 K, pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 401, Tomo VIII, Julio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor alude: ****************************************"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE TRATÁNDOSE DE LEYES AUTOAPLICATIVAS. Tratándose de leyes que por su sola vigencia obligan al gobernado a realizar una conducta de hacer, de no hacer o de dar son impugnables desde su publicación mediante la acción constitucional, toda vez que sus efectos no quedan supeditados a un acto posterior futuro e incierto por parte de la autoridad, sino contrariamente, el incumplimiento de dicha disposición legal por parte del obligado generaría sanciones de diversos tipos cuya aplicación es oficiosa por parte del Estado, de lo que se colige que constituyen actos razonables futuros que son susceptibles de suspensión ya que en principio el fin de esta institución es evitar a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación, así como evitar que se dificulte el retorno de las cosas al estado que tenían en caso de concederse el amparo". ************************************************************En efecto, en lo referente al acto reclamado en cuestión, se encuentran satisfechos los requisitos que para la concesión de la medida cautelar de que se trata, refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que:****************************************En lo relativo a la fracción I del precepto en comento, la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión del acto reclamado. ******************** ********************Por lo que ve a la fracción II del artículo en mención, debe decirse que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que solo se trata de sus intereses y únicamente afectaría a la parte quejosa. ****************************************Luego, de no concederse la suspensión solicitada, se ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación, a consecuencia de la privación temporal de algunos de sus derechos laborales, los cuales no podrían ser ejercitados mientras surta plenamente sus efectos el acto reclamado, pues se afectaría su esfera jurídica protegida por la norma legal.****************************************Asimismo, de las constancias que se adjuntan a la demanda se advierte que la parte quejosa desarrolla su actividad económica en el contexto de la agricultura, tal como se observa de la constancia de situación fiscal, apartado de "actividad económica".****************************************Máxime que el quejoso al contar con una autorización para desarrollar la actividad relacionada con la agricultura, se estima que no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público en términos del artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, porque le asiste la apariencia del buen derecho garantizado en los artículos 5° y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos a la libertad de trabajo, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna establece en el artículo 1°, lo que en la especie no acontece; de lo contrario se pondría en riesgo la preservación intacta de los derechos laborales cuestionados de la parte quejosa, en contravención al artículo 139 de la Ley de Amparo, al existir posibilidad de que se le ocasionen perjuicios de difícil reparación. ****************************************Resulta aplicable por similitud jurídica y en lo conducente la Jurisprudencia PC.IV.A. J/37 A (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en la página 1713, Tomo III, noviembre de 2017, Libro 48, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, decima época, materia común, administrativa, con registro digital 2015644, del tenor siguiente:************************************************************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y SU ÁREA METROPOLITANA, QUE ESTABLECEN, RESTRINGEN Y LIMITAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA. La suspensión provisional contra la aplicación de las restricciones y limitaciones contenidas en los artículos 38 a 41 y 43 a 47, fracción IV, del ordenamiento aludido, otorgada a quien cuenta con la autorización para desarrollar la actividad del transporte de carga, no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque le asiste la apariencia del buen derecho garantizado en los artículos 5o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos a la libertad de trabajo y de tránsito, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna fija en su artículo 1o. En ese contexto, la ponderación entre esos derechos y el interés social inmerso en los preceptos impugnados que lo limitan o restringen, conforme al primer párrafo de la fracción X del artículo 107 constitucional, permite concluir que la medida cautelar privilegia un interés social mayor que es el orden público, el cual no sólo consiste en el bienestar colectivo, sino en un fin más relevante que es la armonía social, esto es, la coexistencia pacífica entre los actos de la administración y la eficacia de los derechos y las libertades de los gobernados. Además, la Ley de Amparo, en el último párrafo de su artículo 129, faculta al juzgador para conceder la suspensión si, a su juicio, con su negativa puede causarse mayor afectación al interés social; de manera que si las restricciones que imponen los preceptos impugnados a la circulación del transporte de carga repercuten en la regularidad de la actividad social y económica de la colectividad, lo adecuado es evitar el mayor perjuicio que al interés social produciría la negativa de la medida cautelar. En ese contexto, y mientras se resuelve en definitiva sobre la medida, la suspensión provisional del acto reclamado es idónea para garantizar el interés colectivo, preservar intactos los derechos cuestionados y evitar un daño irreparable en la esfera jurídica de los quejosos.".************************************************************Sin que pase inadvierto, que de conformidad con el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, que de negar la suspensión provisional contra el acuerdo reclamado, puede causar mayor afectación al interés colectivo que su concesión, pues las disposiciones ahí contenidas están vinculadas con la actividad económica local basada en la producción, intercambio y distribución en artículos, servicios, bienes de consumo general, lo que en el caso repercute en la vida económica y social del trabajador y la sociedad dedicada a la producción agrícola, la que según se advierte de las constancias exhibidas desarrolla licita y habitualmente al amparo de los permisos y/o autorizaciones de las autoridades competentes para ello, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, lo cual genera una confianza legítima en que esa situación de legalidad impera para el desarrollo de sus actividades, lo que pone de manifiesto que se labora sobre la base de la seguridad jurídica, lo que conlleva a salvaguardar sus derechos ante los daños de difícil reparación que puedan suscitarse, para evitar un perjuicio al interés social y colectivo. ****************************************Resulta aplicable por similitud jurídica y en lo conducente la Jurisprudencia IV.2o.A. J/11 (10a.), sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en la página 1812, Tomo III, Mayo de 2022, Libro 42, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, decima época, materia común, administrativa, con registro digital 2014355, del tenor siguiente:****************************************"TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, APODACA, GENERAL ESCOBEDO, GUADALUPE, JUÁREZ Y SANTIAGO, NUEVO LEÓN. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS DISPOSICIONES DE LOS REGLAMENTOS RELATIVOS, VIGENTES EN 2017, QUE ESTABLECEN RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA. En una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye, con apoyo en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, que la negativa de la suspensión provisional contra las disposiciones de los reglamentos mencionados (homologados en su redacción), que establecen restricciones a la circulación de los vehículos de transporte de carga pesada, aplicables en los Municipios que integran la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, puede causar una mayor afectación al interés colectivo que su concesión, pues involucra un giro vinculado estrechamente con la actividad económica local basada en la producción, intercambio y distribución tanto de artículos, como de servicios y bienes de consumo general, cuya limitación o restricción repercute en la regularidad de la vida económica y social de la comunidad. En este contexto, como en el concepto de interés social tiene cabida la armonización tanto de la seguridad vial de los peatones y conductores, como de los derechos de quienes realizan la actividad económica del transporte, entre otros, de carga pesada, cabe considerar que si bien estos últimos obtienen un beneficio económico directo con motivo de ese servicio, no por ello su pretensión se reduce a un mero interés particular frente a otro colectivo pues, por una parte, el transporte de carga encuentra respaldo en el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de tránsito y de trabajo y, por otra, es una actividad que los quejosos desarrollan lícita y habitualmente al amparo de los permisos de transporte federal o locales correspondientes, lo cual generó una confianza legítima en que esa situación de legalidad se mantendría sobre la base de la seguridad jurídica, ante la tolerancia y silencio que mantuvieron los Municipios durante el tiempo que no ejercieron la potestad de la que ahora hacen uso. Por tanto, si derivado de un cambio súbito, esa expectativa se vio quebrantada, debe concederse la medida cautelar en el amparo promovido contra las citadas disposiciones, a fin de que, hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva o, eventualmente, sobre su constitucionalidad, las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban, tanto para salvaguardar los derechos ante el peligro de los perjuicios de difícil reparación que la demora en la solución final origine, como para evitar un mayor perjuicio al interés social."******************** ********************Por consiguiente, al acreditar su interés suspensional se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que por el momento no se le aplique el Acuerdo emitido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionadas con la agroindustria de exportación publicado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, que tilda de inconstitucional; así como las consecuencias que esto implique, entre las que se encuentra que no se cancele y/o revoque del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.****************************************GARANTIA. Sin que en el presente caso haya lugar a fijar fianza alguna a la parte quejosa, a fin de que surta efectos la medida cautelar decretada, toda vez que del contenido de la demanda de amparo, hasta el momento, no se desprende que exista tercero perjudicado a quien se le pudieran ocasionar daños y perjuicios con el otorgamiento de la suspensión provisional, ni se advierte que se actualicen los supuestos contenidos en el artículo 135 de la Ley de Amparo. ****************************************Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 379, Tomo IV, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: ****************************************"SUSPENSIÓN SIN FIANZA. La suspensión debe concederse sin fianza cuando, además de llenarse los requisitos de la ley, no hay tercero perjudicado".****************************************VIGENCIA DE LA MEDIDA. Así las cosas, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución de la suspensión definitiva, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 20006797 y de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE."****************************************COMPULSA DE DOCUMENTOS. Como está ordenado en autos del juicio principal del cual deriva el presente incidente, agréguese copia certificada de las documentales que se compulsaron y que fueron allegadas por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, para los efectos legales procedentes.**************************************** PRUEBAS. Ahora, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, agréguese las documentales que se compulsaron conforme a lo ordenado en autos del juicio principal, y ténganse como pruebas de la moral quejosa, las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental.****************************************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma.****************************************Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y********************que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de********************la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.****************************************También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. ****************************************La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada********************por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su********************Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente:****************************************"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".****************************************Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente incidente.****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito.****************************************SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público.****************************************PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: ****************************************"COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados."****************************************ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario "********************", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa.****************************************De igual forma, como lo solicita el ocursante, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se le practiquen por vía electrónica mediante el usuario señalado con antelación; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, y, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación.****************************************Consecuentemente, con apoyo en el citado numeral 31, fracción III, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que se deberá agregar al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación.****************************************AUTORIZADOS. Por otra parte, ténganse como autorizados del quejoso, en los términos restringidos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a ********************y********************al así haberlo solicitado expresamente.****************************************HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós.****************************************En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.****************************************CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal.****************************************EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).****************************************TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia********************y Acceso a la Información Pública.****************************************FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.****************************************NOTIFÍQUESE; mediante oficio a la autoridad responsable.
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