Jaime Monroy Garnica
Expediente 349/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Jaime Monroy Garnica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese el oficio de cuenta, del Juez Tercero en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; en atención al mismo, téngasele acusando recibo de lo que refiere. Finalmente, al haberse tenido por consentida el veintinueve de junio de dos mil veintiuno la resolución de quince de junio del año actual, por la cual esta potestad federal desechó de plano la demanda de garantías promovida; y, al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21 inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintitrés al veinticinco de junio de dos mil veintiuno, sin que el quejoso Jaime Monroy Garnica, impugnara la resolución de quince de junio del año actual, por la cual este tribunal desechó de plano la demanda de garantías promovida en contra del acto reclamado consistente en la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Tercero en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en los autos del expediente 374/2020; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, devuélvanse al Juez Tercero en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, los autos del expediente 374/2020, solicitando a la brevedad posible acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio 1123/2021 del Juez Tercero en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, al cual acompaña: el cuaderno de amparo directo, mismo que contiene: oficio 3428 del índice de este tribunal federal, demanda de garantías promovida por el quejoso Jaime Monroy Garnica, auto de veintiocho de mayo del año en curso, constancia de emplazamiento y copia de credencial de elector; los autos del expediente 374/2020; original con copia del oficio 1058/2021, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, el suscrito advierte, que respecto de la demanda de amparo promovida en contra de la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 374/2020, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Primeramente cabe apuntar, que el ordinal 17 de la ley de la materia, establece como término para la interposición del juicio constitucional, quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numeral 18, que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior se deduce, que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, o a aquél en que haya tenido conocimiento o sabedor del acto reclamado; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Comercio, ya que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en los autos del expediente 374/2020; toda vez que la notificación del acto reclamado fue realizada al impetrante personalmente el cuatro de mayo del año en curso. Bajo ese orden de ideas, y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el seis de mayo siguiente, el término de quince días para la presentación de la demanda de derechos transcurrió del siete al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, descontando como inhábiles los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo, todos del año que corre; por lo tanto, si el libelo constitucional fue presentado ante la oficialía de partes de la autoridad responsable hasta el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (como se advierte del sello de recibido visible en el oficio 3428 del registro de este órgano colegiado a fojas trece del dosier en que se actúa), es inconcuso que el mismo es extemporáneo, razón por la cual el acto reclamado fue tácitamente consentido por el quejoso, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos de excepción enumerados en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo anterior, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jaime Monroy Garnica, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 2a. I/2018 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 531, del Libro 50, enero de 2018, Tomo I, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto rezan: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE. EL ARTÍCULO 176, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, AL SEÑALAR QUE ELLO NO INTERRUMPE LOS PLAZOS QUE PARA SU PROMOCIÓN ESTABLECE LA LEY, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos para su promoción, no viola el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que contiene una formalidad constitucionalmente razonable, ya que ese requisito procesal atiende a razones de seguridad jurídica, pues precisamente con esa enunciación legislativa expresa se dota al justiciable de certeza legal respecto a las consecuencias jurídicas que le depara presentarla ante una autoridad distinta de la responsable. Asimismo, la aludida ininterrupción del plazo para accionar dicho medio de control constitucional responde a las exigencias de una correcta y eficiente administración de justicia, en tanto tiende a evitar que las demandas de amparo se interpongan, sin consecuencia alguna, ante cualesquiera autoridades del Estado, teniendo que remitir éstas, a su vez, los escritos a las autoridades que estimen competentes, con las dificultades y cargas presupuestarias operacionales que de ello deriven, generando un escenario de mayor incertidumbre jurídica a los gobernados en detrimento de la adecuada funcionalidad y operabilidad del juicio de amparo. Finalmente, esa formalidad procedimental no resulta excesiva ni desproporcionada pues, en todo caso, la consecuencia jurídica de no tener por interrumpido el plazo de 15 días para presentarla deriva de circunstancias estrictamente imputables al propio justiciable, quien tiene la carga procedimental mínima y básica de depositarla ante la propia autoridad que emitió la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que puso fin al juicio o procedimiento seguido en forma de juicio.". De igual forma sustenta lo anterior, la jurisprudencia 18/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), y III, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. Luego, dada la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en términos del artículo 5º, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y para no contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional; téngase el correo electrónico proporcionado únicamente como comunicación, sin que ello sea motivo de tomarse en cuenta como medio para notificación alguna. En su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otro lado, con fundamento en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma."
- Juicio de Amparo Directo
NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.
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