Jaime Molinero Flores
Expediente 330/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 09/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Molinero Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se desprende que ha transcurrido la vista concedida a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso, respecto del informe rendido por las autoridades responsables sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se pasa a establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables con los elementos que obran en autos. Se advierte en primer lugar que en la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el veintitrés de enero del año en curso, en su resolutivo segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jaime Molinero Flores, para el efecto de que el Juez responsable: "a) Deberá dejar insubsistente la determinación de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, así como las diversas providencias que sean consecuencia jurídica de esa resolución. --- b) Dictará una nueva determinación en la que reiterando lo que no fue materia de concesión, con sujeción a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, provea lo concerniente al derecho humano que asiste al impetrante en lo que se refiere a su interés o no de someterse ante el Juez para la continuación del proceso de origen, ya sea recluirse en el Centro de Reinserción Social de Tamazunchale, San Luis Potosí o hacer valer el derecho a la libertad provisional bajo caución y garantizar esta última." Ahora, de los informes que obran en autos, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, las autoridades responsables Subprocurador Regional de Justicia para la Huasteca Sur, Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Encargado de la Subdirección de Zona Huasteca Sur de la Policía Ministerial del Estado y Director General de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, se sujetaron al fallo amparatorio. Por su parte, del informe rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, se advierte que mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió otra, en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, declaró improcedente el incidente no especificado de cambio de lugar de reclusión a domicilio particular o libertad a favor del aquí quejoso, requiriéndolo para que se recluyera de manera voluntaria en el Centro Estatal de Reinserción Social de esa ciudad, además hizo de su conocimiento que era su derecho solicitar, si era su deseo la libertad bajo caución, en términos del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a las reformas del dos mil ocho; aunado a que, de igual forma hizo del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, tuvo al aquí quejoso acogiéndose al beneficio de su libertad provisional bajo caución. En consecuencia, toda vez que se cumplieron los extremos de la ejecutoria de mérito, de conformidad con el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la misma. Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. En consecuencia, y con apoyo en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, archívese el presente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los puntos Noveno, fracción III y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; una vez transcurrido el plazo de cinco años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. Por otra parte, con fundamento en los puntos noveno fracción III, y vigésimo primero fracción III, párrafo primero, del citado acuerdo, el original del cuaderno incidental es depurable, en virtud de que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión definitiva y dado que no existen documentos originales, glósese al expediente principal una vez que se envíe físicamente al archivo de este Juzgado y transcurrido el plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción, previo desglose de las constancias relativas que sirvieron de base para conceder la medida cautelar. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en el punto vigésimo, fracción III, del indicado Acuerdo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que los cuadernos principal y original incidental son susceptibles de depuración, que el duplicado incidental es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de ellos se desprende que ha transcurrido la vista concedida a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso, respecto del informe rendido por las autoridades responsables sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se pasa a establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables con los elementos que obran en autos. Se advierte en primer lugar que en la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el veintitrés de enero del año en curso, en su resolutivo segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jaime Molinero Flores, para el efecto de que el Juez responsable: "a) Deberá dejar insubsistente la determinación de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, así como las diversas providencias que sean consecuencia jurídica de esa resolución. --- b) Dictará una nueva determinación en la que reiterando lo que no fue materia de concesión, con sujeción a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, provea lo concerniente al derecho humano que asiste al impetrante en lo que se refiere a su interés o no de someterse ante el Juez para la continuación del proceso de origen, ya sea recluirse en el Centro de Reinserción Social de Tamazunchale, San Luis Potosí o hacer valer el derecho a la libertad provisional bajo caución y garantizar esta última." Ahora, de los informes que obran en autos, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, las autoridades responsables Subprocurador Regional de Justicia para la Huasteca Sur, Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia, Encargado de la Subdirección de Zona Huasteca Sur de la Policía Ministerial del Estado y Director General de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, se sujetaron al fallo amparatorio. Por su parte, del informe rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, se advierte que mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió otra, en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, declaró improcedente el incidente no especificado de cambio de lugar de reclusión a domicilio particular o libertad a favor del aquí quejoso, requiriéndolo para que se recluyera de manera voluntaria en el Centro Estatal de Reinserción Social de esa ciudad, además hizo de su conocimiento que era su derecho solicitar, si era su deseo la libertad bajo caución, en términos del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a las reformas del dos mil ocho; aunado a que, de igual forma hizo del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, tuvo al aquí quejoso acogiéndose al beneficio de su libertad provisional bajo caución. En consecuencia, toda vez que se cumplieron los extremos de la ejecutoria de mérito, de conformidad con el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la misma. Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. En consecuencia, y con apoyo en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, archívese el presente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los puntos Noveno, fracción III y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; una vez transcurrido el plazo de cinco años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. Por otra parte, con fundamento en los puntos noveno fracción III, y vigésimo primero fracción III, párrafo primero, del citado acuerdo, el original del cuaderno incidental es depurable, en virtud de que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión definitiva y dado que no existen documentos originales, glósese al expediente principal una vez que se envíe físicamente al archivo de este Juzgado y transcurrido el plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción, previo desglose de las constancias relativas que sirvieron de base para conceder la medida cautelar. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en el punto vigésimo, fracción III, del indicado Acuerdo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que los cuadernos principal y original incidental son susceptibles de depuración, que el duplicado incidental es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. "
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados respectivamente por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y por el Encargado de la Subdirección de Zona Huasteca Sur de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABLES En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios de mérito dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de' vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos... se requiere nuevamente a autoridades rindan informe sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien los actos que hayan realizado para ese efecto, apercibidos...
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