Jaime Mojica Cervantes

Expediente 184/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
184/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Jaime Mojica Cervantes
  • Jaime Mojica Cervantes y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ARCHIVO

  2. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  3. Principal

    SE GLOSA OFICIO. Agréguese el oficio enviado por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, y únicamente téngase por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno que corresponde con el número de orden 184/2021-IV, que le corresponde. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En su demanda de amparo, el quejoso reclama de las responsables, la orden de visita de inspección y el acta de inspección en el domicilio calle Constancia número 307, en la colonia Obregón de esta ciudad, y el pronunciamiento de instauración del procedimiento administrativo, los cuales no constituyen actos cuyo efecto sea de imposible reparación, que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forme parte; tampoco ponen fin a la vía administrativa respectiva, que además concluya con alguna sanción al quejoso. Por una parte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón a que no constituyen una determinación definitiva dictada dentro del procedimiento respectivo. En efecto, respecto de actos provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, el juicio de amparo es procedente cuando se impugnan aquellas resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución y contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, conviene precisar que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no solo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho fundamental de audiencia. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, abril de 2003, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la ??????????????? necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. En efecto, los actos reclamados solo sirven para, en su caso, preparar el dictado de la resolución administrativa correspondiente, en la que, de manera definitiva se señalarán o adicionarán las medidas necesarias para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, así como las posibles sanciones a las que se haga acreedor el infractor; es decir, forman parte de una secuela procedimental que concluye con una resolución en la que puede o no imponerse sanciones u obligaciones al presunto infractor , de ahí que por regla general, dichas actuaciones no son impugnables en la presente instancia constitucional conforme lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Así, las actuaciones reclamadas, forman parte de la preparación y el inicio del procedimiento administrativo tendente al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato y el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano de este municipio, a fin de inspeccionar y vigilar la utilización o uso de predios o inmuebles cuente con el permiso de uso de suelo y la autorización de uso y ocupación; y en su caso, a subsanar o corregir las deficiencias o irregularidades observadas, así como imponer las sanciones correspondientes; actuaciones preliminares que no son impugnables en la presente instancia constitucional, sino en su caso, hasta que se emita la última resolución en el procedimiento administrativo. Lo anterior, en el entendido que el juicio de amparo solo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento; es decir, la definitiva, pudiéndose reclamarse en tal oportunidad todas y cada una de las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En el entendido que, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, esto es, que exista certeza sobre su realización, se podrá impugnar su constitucionalidad, sin necesidad de que el mismo sea definitivo, pero cuando el actuar de la responsable, se encuentra condicionado por la conducta previa de los particulares o partes en litigio, como en el caso acontece, debe sujetarse al procedimiento respectivo que no es definitivo. Pensar lo contrario, obstaculizaría injustificadamente la secuencia procesal, ya que de ser así, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen un daño de imposible reparación, desnaturalizando con ello al juicio constitucional. Sostiene lo anterior, solo en lo conducente y por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 37/2014, visible en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." No pasa desapercibida la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) que estimó la procedencia del amparo indirecto en ????????????? cuanto a la orden de visita domiciliaria ya sea con motivo de su dictado o con posterioridad; sin embargo, dicho criterio se refiere a que la visita domiciliaria en materia fiscal -por su propia naturaleza-, implica una invasión a la privacidad e intimidad del visitado, cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales durante su práctica, mientras que en el caso que nos ocupa, la orden de inspección y su desahogo se encuentran dirigidas única y exclusivamente a constatar el permiso de uso de suelo y la autorización de uso y ocupación , lo que no implica una intromisión a la intimidad o privacidad del quejoso. Luego, se considera que la orden de inspección, el acta de visita, de dieciocho y diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictados dentro del expediente 0018/2021-U, no son de imposible reparación, porque a través de ellos únicamente se pretende constatar la existencia del permiso de uso de suelo y la autorización de uso y ocupación, requiriendo al visitado para que adopte las medidas necesarias para cumplir con la normatividad vigente, otorgándole el derecho a ser escuchado y ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar los hechos que se le atribuyen. Es decir, con ello, no se conculcan derechos sustantivos de manera irreparable, que hagan procedente la presente instancia constitucional, en el entendido que las violaciones cometidas durante tal procedimiento podrán ser alegadas cuando se combata en la vía elegida al momento en que se emita la resolución que ponga fin a tal procedimiento. Teniendo la oportunidad, por ejemplo, de acreditar quién es el actual poseedor o propietario del inmueble y exhibir los permisos de uso de suelo correspondientes, requerir a la autoridad administrativa la actualización de los datos inherentes al inmueble, o bien, que en su caso, controvertir que no es factible que al promovente se le imponga sanción alguna en virtud de que la orden de inspección, pues si bien está dirigida al inmueble ubicado en donde tiene actualizado su domicilio fiscal, está dirigido a una persona diversa. Aunado a ello, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad, por no haberse agotado, previo a promover el juicio constitucional, el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Así las cosas, en la especie, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo, debe impugnar el acto reclamado a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el recurso de inconformidad, y el numeral 234 de la citada codificación contempla la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. De conformidad con el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. ??????????????? De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos, tal y como se requiere en el juicio de amparo. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. Ahora bien, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgara, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Asimismo, el artículo 249 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1536, tomo II, libro 17, abril de 2015, Décima Época, con número de registro 2008891, cuyo rubro es: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS ?????????????? PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene a su alcance los medios legales para impugnar en su caso, el acto que manifiesta le causa agravio, toda vez de que debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, toda afectación que se tenga en una contienda judicial, debe ser analizada en cualquier momento del procedimiento, ya que el enfoque del control difuso obliga a toda autoridad a respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y estos no fueron agotados, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, se rubro: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De manera que, como de la demanda de cuenta se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jaime Mojica Cervantes. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Julián de Obregón número 238, en la colonia Obregón de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Aldo Adán Flores Montes, pues demuestra estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ya que tiene registrada la cédula profesional número 6015908, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Luis Gerardo Flores López, Laura Esthela Flores Ramírez, Luis Eder Flores Ramírez e Isabella Alejandra Flores Ramírez, por así solicitarlo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalar el nombre su usuario y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la e??????????????? integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo. cjf.gob.mx. 8:30 a 14:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos - queja, revisión o inconformidad -, incidentes, ampliaciones de demanda, requerimientos de demandas aclaradas o promociones de término, los cuales deben presentarse en escrito o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto)..

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