Jaime Mejia Vargas

Expediente 1778/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 60 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1778/2015
Año
2015
Actuaciones
60
Última actuación
12/01/2017

Partes del expediente

  • Jaime Mejia Vargas
  • Juzgado Segundo Mercantil de Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 60.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en los artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto las copias que solicita.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se determina que la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Jaime Mejía Vargas, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese al presente juicio el original del incidente de suspensión; y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, y en la carátula del juicio en que se actúa; asimismo, glósese al presente juicio el original del incidente de suspensión correspondiente Por otro lado, con apoyo en la certificación que antecede y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, pues, por un lado se negó y por otro se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo. De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán ser depurados y en su momento destruidos junto con éste. Finalmente, devuélvanse al Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, las copias certificadas del expediente 412/2015; de lo cual deberá acusar de recibo, apercibido que de ser omiso a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238, 259, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, en el que causó ejecutoria; en consecuencia, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 1778/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, remitido a este órgano jurisdiccional en la misma data, Jaime Mejía Vargas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: A) El C. Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México antes (Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México), autoridad ordenadora y ejecutora. B) Titular del Instituto de la Función Registral del Estado de México, antes (Registrador de la Propiedad y Comercio del Estado de México. ACTOS RECLAMADOS: De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables: su intervención en el procedimiento judicial 412/2011 radicado en el Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, (hoy Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México) y los actos desarrollados dentro o como consecuencia del mismo, relativos a mi persona, propiedades, posesiones y derechos, ordenados o ejecutados sin mi consentimiento, conocimiento ni intervención. SEGUNDO. Preceptos constitucionales y garantías individuales violados. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y dada la naturaleza del acto reclamado señaló como tercera interesada a Zenaida Vargas Esquivel, expresó el concepto de violación que estimó pertinente y precisó que los actos impugnados son violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 38 a 39) se radicó la demanda, se registró con el número 1778/2015 y se previno al promovente para que dentro del plazo de cinco días diera cumplimiento a diversas prevenciones; así, una vez colmadas las exigencias procesales formuladas, en proveído de diecinueve de noviembre siguiente (fojas 50 a 51) se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, se solicitó a la autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, después de diferirse en diversas ocasiones por las razones que constan en autos, se inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados derivan de un juicio ordinario de naturaleza civil tramitado ante una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el municipio de Toluca, esto es, dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, que es del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato, otorgamiento y firma de escritura 412/2011, del índice del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México -actualmente Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México- instaurado por Zenaida Vargas Esquivel contra Ernestina Vargas Medina, respecto de una fracción del terreno ubicado en calle de Lucas Alamán, número 206, barrio de San Miguel Apinahuizco, Toluca, Estado de México. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México negó la existencia del acto que se le reclamó y el impetrante no ofreció ninguna prueba para desvirtuar dicha negativa ni objetó el informe rendido; por tanto, se establece que éste surte efectos plenos. Máxime que el informe con justificación rendido por la autoridad responsable mencionada reviste el carácter de documento público, como lo dispone el numeral 129 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que se trata de un documento expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; y, por tanto, de conformidad con el diverso 202 del mencionado ordenamiento, gozan de valor probatorio los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que procede. Bajo esta premisa, ante la inexistencia del acto reclamado a la responsable indicada, lo procedente es sobreseer en este juicio al tenor de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento al razonamiento expuesto, por similitud jurídica, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917- 2000, que es del rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También se cita, por analogía, la tesis número III.2o.A.58 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 2449, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, materia común, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la existencia de los actos reclamados. Así, cuando la autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales actos deriven de diversas autoridades. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, sólo por cuanto hace a todo lo actuado en el juicio ordinario civil sobre cumplimiento de contrato, otorgamiento y firma de escritura 412/2011, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 85), por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Al respecto, conviene invocar la tesis jurisprudencial novecientos noventa y cuatro, visible en la página mil seiscientos trece, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que señala: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa al autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto. La certeza de que se habla, se corrobora además con las constancias que anexaron las responsables a su informe con justificación, consistentes en copias certificadas del expediente 412/2011 y de los documentos exhibidos por las partes en ese juicio, las cuales obran por separado en dos anexos; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Marco referencial. A continuación se enuncian los antecedentes del juicio de origen, los cuales se desprenden de las constancias que el juez responsable acompañó a su informe con justificación, a saber: 1) En febrero de mil novecientos ochenta y nueve Zenaida Vargas Esquivel, en su carácter de compradora y Ernestina Vargas Medina, como vendedora, aparentemente celebraron contrato privado de compraventa respecto de una fracción de terreno con un total de setenta y dos punto treinta y siete metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias (foja 8 del anexo II de pruebas): Al Norte 9.80 mts. Con Francisca Vargas Al Sur 6.30 mts. Con Ernestina Vargas Medina Al Oriente 9.60 mts. Con Ernestina Vargas Medina Al Poniente 7.25 mts. Con Ernestina Vargas Medina El valor de la compraventa fue fijado en la cantidad de $10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 moneda nacional), misma que, según la cláusula tercera del contrato respectivo, fue recibida a satisfacción de la vendedora. 2) Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil once la tercera interesada Zenaida Vargas Esquivel demandó de Ernestina Vargas Medina el cumplimiento de contrato privado de compraventa, y por ende, el otorgamiento y firma de escritura, ocurso de la que correspondió conocer al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, dentro del expediente 412/2011 (fojas 2 a 7 del anexo I de pruebas). 3) Por auto de veintiocho de junio de dos mil once se admitió a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento de la demandada Ernestina Vargas Medina, para que dentro del plazo de nueve días contestara la demanda y opusiera excepciones y defensas (fojas 8 a 9 del anexo I de pruebas). 4) El nueve de agosto de ese año se tuvo a Ernestina Vargas Medina dando contestación a la demandada instaurada en su contra (foja 19 del anexo I de pruebas). 5) Seguido el juicio en sus etapas, el uno de diciembre de dos mil once se dictó sentencia en la que se resolvió que la parte actora Zenaida Vargas Esquivel justificó los extremos de la acción ejercida y se condenó a la demandada Ernestina Vargas Medina al cumplimiento del contrato de compraventa celebrado en febrero de mil novecientos ochenta y nueve, así como a otorgar y firmar la escritura pública correspondiente en relación al inmueble que fue materia de la litis (fojas 43 a 45 del anexo I de pruebas). 6) En acuerdo de veintitrés de enero de dos mil doce se declaró que la resolución reseñada en el punto anterior, había causado ejecutoria (foja 47del anexo I de pruebas). SEXTO. Cuestiones de procedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio constitucional, como lo dispone el numeral artículo 62 de la legislación de la materia. En ese sentido, de oficio, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inició de su vigencia." A su vez, los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La ley de la materia en su artículo 6 señala lo siguiente: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley (.) De lo anterior se deduce que es presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo la plena comprobación del interés jurídico, mismo que no puede tenerse por acreditado por el sólo hecho de haber promovido el juicio biinstancial, sino que además se debe demostrar que el acto de autoridad lesiona los derechos del quejoso que legítimamente se encuentran tutelados en la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que por interés jurídico, para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, debe entenderse lo que la doctrina conoce como derecho subjetivo; es decir, aquél derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Una de las tesis jurisprudenciales que se ocupa de definir el interés jurídico, es la sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 193-198, Cuarta Parte, página 80, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. En el presente sumario constitucional el quejoso reclama la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 412/2011, del índice del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México -actualmente Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México- instaurado por Zenaida Vargas Esquivel contra Ernestina Vargas Medina, respecto de una fracción del terreno ubicado en calle de Lucas Alamán, número 206, barrio de San Miguel Apinahuizco, Toluca, Estado de México, pues aduce que con motivo de dicho proceso judicial se ordenó que se escriture a favor de la tercera interesada Zenaida Vargas Esquivel parte del bien inmueble descrito por el quejoso en su demanda que aduce es de su propiedad, misma que deriva de la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil nueve en el expediente 104/2009 por el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, sin que se le diera la oportunidad de ser oído y vencido en el primer expediente mencionado. En ese sentido, debe precisarse que el agraviado no es parte en el juicio ordinario civil 412/2011, por lo que comparece en este juicio con el carácter de tercero extraño. Ahora, de las constancias del expediente de origen, como se dijo, la tercera interesada Zenaida Vargas Esquivel demandó en la vía ordinaria civil el cumplimiento de contrato privado de compraventa, así como el otorgamiento y firma de escritura respecto del bien inmueble que quedó precisado anteriormente, la cual encuentra apoyo legal en lo previsto por el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México aplicable, que literalmente establece: Artículo 500. El perjudicado por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente. Por otra parte el artículo 1662 del Código Civil para el Estado de México, dispone: Artículo 1662. Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Dicho dispositivo establece que cuando la ley exija determinada forma para la celebración de un contrato, éste no será válido entre tanto no revista dicha forma, pero si la voluntad de las partes consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede pedir que se le dé la forma legal. En ese orden de ideas, se tiene que el juez responsable al resolver el juicio ordinario civil 412/2011 determinó que la actora probó la acción ejercida contra la demandada y condenó a ésta a firmar la escritura pública correspondiente a favor de Zenaida Vargas Esquivel, respecto del contrato de compraventa celebrado en el mes de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, en relación a una fracción del inmueble situado en calle de Lucas Alamán, número 206, barrio de San Miguel Apinahuizco, Toluca, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo de manera voluntaria él lo hará en su rebeldía. De tal modo que no se ha ordenado la privación de la posesión y de la propiedad en perjuicio del solicitante del amparo, toda vez que en el juicio de origen la autoridad responsable se concretó al análisis de la acción proforma hecha valer, misma que es de naturaleza personal y tiene como finalidad únicamente que se condene a los demandados a que se dé la forma exigida por la ley a un acto jurídico, de acuerdo con los artículos 498 y 500 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que respectivamente disponen que las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto, y que el perjudicado por falta de título tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente, como aconteció en el juicio natural. Resulta ilustrativa la tesis II.2o.C.410 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 907, que dispone: ACCIÓN PROFORMA O DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. REGLAMENTACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1662 del anterior Código Civil para el Estado de México (cuyo texto es similar al numeral 7.74 del actual código sustantivo), entrelazado con el diverso 500 del código procesal de la materia abrogado, cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no la revista no será en definitiva válido, salvo disposición en contrario, pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma requerida por la ley, pudiendo el perjudicado por falta de título legal ejercitar acción para exigir que el obligado le extienda la escritura correspondiente. Así, conforme al texto de las invocadas normas, la acción que de ello se deriva es precisamente la de la formalización a través de la escritura correspondiente del acto jurídico realizado de modo informal, denominándose a ello acción proforma; consecuentemente, si en el juicio de otorgamiento y firma de escritura la autoridad alude a dicha pretensión con la designación de "acción proforma", ello no significa la aplicación de alguna ley privativa, por tratarse de un aspecto debidamente reglamentado. Sin que posterior a la sentencia emitida y hasta la fecha en que la autoridad rindió su informe se advierta que se emitió acto alguno tendente a privar de la posesión y propiedad que tiene el aquí quejoso sobre el inmueble que defiende, ya que después de emitida a la sentencia sólo existen: i) el auto de veintitrés de enero de dos mil doce, por el cual quedó firme la misma; ii) el escrito signado por el quejoso mediante el cual solicita la devolución del expediente natural; y, iii) proveídos de nueve de septiembre y doce de octubre de dos mil quince, por los cuales se acordó la petición formulada por el impetrante y se le expidieron las copias solicitadas (fojas 47, 51 a 52, 53 y 57, respectivamente, del tomo I de pruebas). Por tanto, debe decirse que la acción intentada por la tercera interesada versó sobre una acción personal que se ejercitó con el objeto de que la parte demandada otorgara la escrituración a la actora del inmueble respecto del cual había celebrado contrato de compraventa, por lo que en este caso el objeto del juicio sólo interesa a las partes, debido a que la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llamara a juicio al aquí quejoso, ya que a éste no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que se dictó no le irroga ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte a través de sus derechos fundamentales y menos aun el de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 Constitucional, lo que no ocurre con la sentencia dictada en el juicio natural, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya escrituración se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho de la actora de que se le otorgue la escrituración, pero no prejuzga ni nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar al quejoso de sus derechos de propiedad o posesión. Además, si la acción que nos ocupa únicamente tuvo como finalidad lograr que se obligara a la demandada a otorgar un contrato que aunque existente, adoleció del vicio de falta de la forma exigida por la ley, no puedo ser materia de juicio el derecho de propiedad de la vendedora respecto del bien objeto materia del contrato de compraventa, por lo que la sentencia dictada en ese procedimiento solamente substituirá al instrumento que los propios contratantes pudieron haber obtenido de un Notario Público, tan es así que la referida acción se extingue al firmarse la escritura correspondiente. De lo que se obtiene que lo actuado en el juicio ordinario civil 412/2011 surtió efectos únicamente entre las partes y no afecta derecho alguno del peticionario del amparo, de tal guisa que no haya razón legal para que fuera llamado al juicio generador, máxime que en éste sólo se debatió y decidió lo relativo a la escrituración de la compraventa celebrada entre Zenaida Vargas Esquivel en su carácter de compradora y Ernestina Vargas Medina, como vendedora, sin que se afectara la acción de dominio del quejoso o algún otro derecho, por lo que resulta inconcuso que no hay afectación a su garantía de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.1o.26 C del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 397, que establece: GARANTÍA DE AUDIENCIA. NO ES NECESARIO OTORGARLA A TERCEROS RESPECTO DE LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE ACCIONES PERSONALES. Cuando en el juicio de garantías, el acto reclamado se haga consistir en que no se otorgó la garantía de audiencia a un tercero extraño en los juicios que versen sobre acciones personales, como lo es el de otorgamiento de escrituras, en aquél debe sobreseerse porque este último no afecta el interés jurídico del tercero, pues el citado juicio versó sobre una acción personal que se ejercita con el objeto de que la parte demandada otorgue la escrituración al actor del inmueble respecto del cual había celebrado contrato de compraventa, de tal manera que en este caso, el objeto del juicio sólo interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte exclusivamente surte efectos entre ellas, por lo que no existe razón legal para que se llame a juicio al tercero, ya que a éste no le resulta el carácter de parte interesada en lo que fue materia del referido litigio y, por ende, la resolución que en el mismo se dicte, no le afecta ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales y menos aún la de audiencia, porque para que su otorgamiento se haga procedente es indispensable que se pretenda privar o se prive al gobernado de alguno de los derechos enunciados en el artículo 14 constitucional, lo que no ocurre con el dictado de la sentencia en el juicio de referencia, pues ésta no puede afectar los derechos de propiedad o posesión que algún tercero haya adquirido respecto del inmueble de cuya escrituración se trate, porque los efectos de dicha sentencia sólo se limitan al derecho del actor de que se le otorgue la escrituración, pero no prejuzga ni nulifica la existencia de los derechos de terceros ajenos al juicio en que se emita, salvo que con base en ella se pretenda, en ejecución, privar al quejoso de sus derechos de propiedad o posesión. No se soslaya que el quejoso también alegue en su demanda situaciones relativas a un conflicto de propiedad, ya que tales cuestiones deben, en su caso, ser resueltas previamente ante la autoridad judicial correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la tesis XXI.1o.48 K del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, enero de 1997, página 521, cuyo contenido es el siguiente: PROPIEDAD, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA VIOLACIONES AL DERECHO DE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia, en el sentido de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las autoridades judiciales correspondientes; esto significa que en aquél no puede determinarse a quién de las dos partes contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado; en tal circunstancia el contrato de compraventa respecto a bienes embargados, de fecha posterior a la diligencia respectiva practicada sobre éstos, es indudable que es un título apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, sin que se deba analizar su validez o eficacia contra terceros, pues esto no es propio en la vía constitucional, la que tiene por objeto no el reconocimiento del derecho de propiedad, sino el impedir que sin juicio se desconozcan derechos de tal naturaleza. De lo anterior se concluye que al no haber demostrado el quejoso que el acto de autoridad ha causado afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta como el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por ser aplicable, se cita la tesis (V Región) 5o.10 C (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1803, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA). Conforme a la doctrina judicial, el interés jurídico en el juicio de amparo se entiende como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese; por tanto, carece de éste el quejoso que, ostentándose como tercero extraño a juicio, reclama la falta de emplazamiento al juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura, pues aun cuando resultara ser propietario del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de la sentencia que ahí se pronuncia, por la propia naturaleza de la acción pro forma, no lo priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que, aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad del vendedor (demandado en el juicio natural) o de algún tercero. Finalmente, cabe señalar que aun cuando algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el cuerpo del presente fallo hacen alusión a preceptos legales de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que su contenido es aplicable por contener similares razones previstas en artículos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; por ende, tales criterios, a pesar de haberse integrado conforme a la legislación anterior, continúan en vigor al no oponerse a lo que establece la vigente y resultar aplicables al caso, tal como se establece en el dispositivo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 61, fracción XII, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1778/2015, promovido por Jaime Mejía Vargas, por derecho propio, en términos de lo expuesto en el considerando tercero y sexto de esta resolución. Notifíquese; personalmente al quejoso, a la tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el día de hoy ocho de septiembre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores del juzgado, asistido de Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe.

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