Jaime Medina Rios

Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
249/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Jaime Medina Rios y Otros.
  • J. A. M. L. y Otros.
  • Jaime Medina Rios
  • J. A. M. L.
  • Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, San Luis Rió Colorado, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación de cuenta practicada por la Secretaria del juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 249/2022, promovido por Jaime Medina Ríos, por su propio derecho y en nombre y representación de su menor hijo J.A.M.L., por la cual NO SE AMPARÓ NI PROTEGIÓ A LA PARTE QUEJOSA en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en la inteligencia de que conforme al artículo 18, inciso b), del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años. En lo tocante al original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Por lo que hace al duplicado del incidente suspensional es susceptible de destrucción, de acuerdo al artículo 20, fracción II, inciso a), del precisado Acuerdo. El cual deberá mantenerse por separado en el archivo del presente Juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de SEIS MESES previsto en tal artículo, luego del cual se procederá a su destrucción. De igual manera, es de indicarse que este expediente no es de relevancia documental, de conformidad con el numeral 15, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así también, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello, conforme con lo dispuesto en el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito y anexos que presenta la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos de Violencia Familiar y Delitos Sexuales, en San Luis Rio Colorado, Sonora, mediante el cual en atención al requerimiento de nueve de mayo del presente año, informa que niega el incumplimiento de la suspensión señalada, debido a que el quejoso nunca fue privado de su libertad, con motivo de la medida de protección, ni de su libre tránsito, ni mucho menos se le tuvo retenido en el lugar; así también, la agente del Ministerio Público informa, que nunca ordenó la obstrucción del camino del quejoso mandando llevar un cerrajero para que abriera la puerta y bajar por la fuerza a su menor hijo. Asimismo, precisa que el veintiocho de abril del año en curso, después de dos meses y veinte días, se logró ubicar al menor de iniciales J.A.M.L., razón por la cual los agentes de investigación criminal, acudieron a dar cumplimiento a la notificaciones de la medida de protección dictada en la carpeta de investigación SLR/344/00046/01/202, y materializar la misma, lo cual no se llevó a cabo por obstaculización del abogado defensor de la parte quejosa, señalando que el menor se subió al vehículo junto con el imputado, aquí quejoso y no dejaron bajar al menor. Posteriormente, el día cuatro de mayo en curso, los agentes de la policía de la agencia ministerial de investigación, ubicaron de nueva cuenta al quejoso junto al menor J.A.M.L., transitando por la calle 15 de Septiembre y calle 22 en San Luis Rio Colorado, Sonora, motivo por el que le hacen la parada para efecto de dar cumplimiento a la medida de protección, y no ha obstaculizar su libre tránsito, como lo ordeno el juez de control en audiencia de tres de los corrientes; asimismo, la oficiante indicó que los agentes iban acompañados de la psicóloga adscrita a la Fiscalía Estatal; que nunca ordenó que se obstruyera el libre tránsito del quejoso por parte de los agentes de investigación criminal, quienes solo estaban realizando la notificación y materialización de la medida de protección, sin restringir el libre tránsito de la parte quejosa, quien podía retirarse del lugar en cualquier momento; y, tampoco hubo arresto en contra del quejoso, solo dialogo. Continua informando, que una vez culminada la diligencia, el quejoso se retiró del lugar en su propio vehículo, y que si no se retiraba era porque su abogado defensor le aconsejaba que se encerrara en su vehículo y poner seguros a las puertas del mismo para que no se materializara la medida de protección ordenada por la autoridad oficiante. Al respecto, remite copia de las constancias con las cuales se corrobora lo informado por la citada responsable, así como disco compacto de audio y video de la audiencia general de tres de mayo en curso. Por otra parte, glósense a los autos para que obren como correspondan el oficio y telegrama que presenta el Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en San Luis Rio Colorado, Sonora, mediante lo cual en atención al requerimiento de nueve de mayo del presente año, informa que niega el incumplimiento de la suspensión señalada, debido a que el quejoso nunca fue privado de su libertad con motivo de la medida de protección por parte de los elementos de dicha autoridad; ya que solo atendieron al mandato de la Agente del Ministerio Publico para la notificación de la medida de protección emitida y para el cumplimiento de la misma; también manifiesta que en ningún momento se le obstruyó el libre tránsito y que se le explicó el motivo por el cual se le pidió detuviera la marcha, pero que en ningún momento se le obligó a orillarse, ni se le retuvo como menciona el quejoso. Por otro lado, intégrese el oficio del Coordinador Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, mediante el cual informa en cumplimiento al requerimiento del citado nueve de mayo en curso, el aquí quejoso no fue privado de su libertad, ya que los elementos únicamente hicieron acto de presencia por solicitud de la licenciada Elva Leticia Ubamea López, Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar; asimismo, que se contó con la presencia de la Sub Procuradora de la Defensa del Menor de esa ciudad, y personal social para resguardar la integridad emocional del menor y de los abogados del aquí quejoso y madre del menor aquí tercero interesada. Ahora bien, el quejoso precisa que existe incumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en el presente asunto, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializados en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, así como por el jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y Jefe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, todos con domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora; ya que indicó que transitaba en su vehículo cuando fue interceptado por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora y por elementos de la Policía y Tránsito Municipal de la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, quienes le marcaron el alto, obligándolo a orillarse; asimismo, que dichos agentes le informaron que estaban dando cumplimiento a una orden emitida por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Violencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y que debían notificarle las medidas de protección de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictadas en el número único de caso SON/SLR/FGE/2022/344/02952, carpeta de investigación CI/SLR/344/204/1-2022; asimismo, que dicho quejoso indicó que les mostró la suspensión conferida en el presente incidente y que dichos agentes lo obligaron a permanecer en el lugar donde fue interceptado impidiendo su libertad de tránsito, manifestando que lo hacían por mandato de la licenciada Elva Leticia Ubamea López. Sostiene el aquí quejoso que estuvo retenido en la avenida 16 de Septiembre y calle 22 de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, por los agentes Policiacos de ambas corporaciones, aproximadamente una hora, hasta que se presentó el titular de la agencia del ministerio público, quien le manifestó que iba a reintegrar a su hijo, quien en ese momento lo acompañaba al domicilio de su madre; asimismo, refirió que la Ministerio Público giró instrucciones a los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, para que obstruyera su camino, ordenando llevar a un cerrajero para que abriera la puerta de su vehículo y bajar por la fuerza a su hijo, manifestando que con ello violentó la suspensión concedida ya que para poder realizar el aseguramiento del menor, ordenó a elementos policiacos que lo detuvieran en la vía pública. Asimismo, la parte quejosa allegó un dispositivo USB, para acreditar su dicho. Ahora bien, cabe precisar que el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva para los efectos siguientes: "Concesión de la medida cautelar Respecto de la medida de apremio consistente -en la orden de arresto-; de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para que no sea privada de su libertad personal o sea restringida de la de tránsito con motivo de la medida de apremio dictada en su contra, si fuera el caso, lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables, la ejecutoria que cause la sentencia, que en su caso, se dicte en el juicio de amparo del cual deriva este incidente. Cabe precisar, que respecto a este acto reclamado no es necesario exigir garantía alguna para la permanencia de los efectos de la suspensión solicitada, toda vez, que se trata de un acto de los contemplados en el artículo 17 constitucional, en virtud de que es una medida de apremio; por tanto, es distinta a las órdenes de aprehensión, detención o retención por las cuales al concederse la suspensión es dable exigir garantía para el efecto de tener la seguridad de que la parte quejosa sea devuelta a las autoridades responsables, además de que aquéllos actos tienen su consecuencia en la concreción de una conducta ilícita, mientras que la orden de arresto de conformidad con el artículo 21 constitucional sólo tiene como límite máximo de la privación de la libertad por una conducta contumaz, treinta y seis horas, por ende, no es dable imponer las medidas de aseguramiento establecidos en los artículos 139 y 166 de la Ley de Amparo. Esta última medida cautelar no surtirá efectos si el acto reclamado ha sido dictado por autoridades distintas a las señaladas, ni contra actos diversos de los precisados en la demanda de amparo." Ahora bien, del análisis de los informes remitidos por las responsables antes citadas, así como de la reproducción del elemento USB, ofrecido por la parte quejosa, no se advierte violación a la suspensión definitiva. Ello es así, ya que de los propios videos se advierte que la agente del Ministerio Público se encontraba hablando con el menor, quien a su vez estaba sentado en el interior de un vehículo; que le hizo saber al menor que iba a cumplir la medida de protección de dos de febrero de dos mil veintidós, y que por tal motivo tenía que acompañarla; que si bien se encontraban elementos policiales, era únicamente para salvaguardar la integridad de la agente del Ministerio Público, y al preguntarles en repetidas ocasiones si se encontraba detenido el aquí quejoso, se le informó que no y que únicamente se pretendía cumplir con la medida de protección. Por tanto, si como se precisó la medida fue concedida únicamente para que no fuera privado de su libertad personal o fuera restringida con motivo de la medida de apremio dictada en su contra, sin que se advierta si quiera que trató de hacerse efectiva, pues únicamente acudieron los elementos policiales, así como la agente del Ministerio Público a efecto de cumplir con la medida de protección dictada a favor del menor, es que se concluye que no se advierte violación a la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el escrito de cuenta del que se advierte que el quejoso denuncia el incumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en el presente asunto, a efecto de que no fuera privado de su libertad con motivo de la medida de protección de dos de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del número único de caso SON/SLR/FGE/2022/344/02952, carpeta de investigación CI/SLR/344/204/1-2022, a favor del menor J.A.M.L, atribuyendo tal violación al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializados en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, así como por el jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal y Jefe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora. Señala que transitaba en su vehículo cuando fue interceptado por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora y por elementos de la Policía y Tránsito Municipal de la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, quienes le marcaron el alto, obligándolo a orillarse. Precisa que dichos agentes le informaron que daban cumplimiento a una orden emitida por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Violencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y notificarle de las medidas de protección de veintidós de febrero de dos mil veintidós dictadas en el número único de caso SON/SLR/FGE/2022/344/02952, carpeta de investigación CI/SLR/344/204/1-2022 a lo que él les mostró la suspensión conferida en el presente juicio y dichos agentes lo obligaron a permanecer en el lugar donde fue interceptado impidiendo su libertad de tránsito, manifestando que lo hacían por mandato de la licenciada Elva Leticia Ubamea López. Sostiene que el día de hoy estuvo retenido en la avenida dieciséis de septiembre y calle veintidós de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, por los agentes Policiacos de ambas corporaciones, aproximadamente una hora, hasta que se presentó el titular de la agencia del ministerio público, quien le manifestó que venía a reintegrar a su hijo, quien en ese momento lo acompañaba al domicilio de su madre. Refiere que la ministerio público se negó a su petición y giró instrucciones a los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para que obstruyera su camino, mandando traer un cerrajero para que abriera la puerta de su vehículo y bajar por la fuerza a su hijo, manifestando que con ello violentó la suspensión concedida ya que para poder realizar el aseguramiento del menor, ordenó a elementos policiacos que lo detuvieran en la vía pública. Ahora bien, cabe precisar que el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva para los efectos siguientes: "Concesión de la medida cautelar Respecto de la medida de apremio consistente -en la orden de arresto-; de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para que no sea privada de su libertad personal o sea restringida de la de tránsito con motivo de la medida de apremio dictada en su contra, si fuera el caso, lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables, la ejecutoria que cause la sentencia, que en su caso, se dicte en el juicio de amparo del cual deriva este incidente. Cabe precisar, que respecto a este acto reclamado no es necesario exigir garantía alguna para la permanencia de los efectos de la suspensión solicitada, toda vez, que se trata de un acto de los contemplados en el artículo 17 constitucional, en virtud de que es una medida de apremio; por tanto, es distinta a las órdenes de aprehensión, detención o retención por las cuales al concederse la suspensión es dable exigir garantía para el efecto de tener la seguridad de que la parte quejosa sea devuelta a las autoridades responsables, además de que aquéllos actos tienen su consecuencia en la concreción de una conducta ilícita, mientras que la orden de arresto de conformidad con el artículo 21 constitucional sólo tiene como límite máximo de la privación de la libertad por una conducta contumaz, treinta y seis horas, por ende, no es dable imponer las medidas de aseguramiento establecidos en los artículos 139 y 166 de la Ley de Amparo. 1 Esta última medida cautelar no surtirá efectos si el acto reclamado ha sido dictado por autoridades distintas a las señaladas, ni contra actos diversos de los precisados en la demanda de amparo." ...***.. Al respecto, si bien de sus manifestaciones no se advierte que actualmente se encuentre privado de su libertad personal, a fin de velar por el cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el presente asunto, REQUIÉRASE al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CASOS, ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR; JEFE DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL y JEFE DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AUTORIDAD RESPONSABLE), todas con residencia en SAN LUIS RÍO COLORADO, a fin de que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en el presente asunto, en relación a las manifestaciones vertidas por dicha parte, para lo cual, se le anexa copia con dicho escrito. Apercibidas que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con los artículos 147, 158, 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le podrá imponer una multa por un monto equivalente a CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, conforme lo establece el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos disposiciones de la referida constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Lo anterior, con independencia de que esta Juzgadora pueda emplear los diversos medios que tiene a KARINA TAPIA GERARDO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.0d 09/05/23 17:21:05 su alcance, para lograr el cumplimiento cabal y completo de la medida cautelar otorgada. Se reitera a la autoridad requerida que el desacato a la suspensión de plano decretada podría configurar un hecho señalado por la ley como delito en términos del 262, fracción III, de la Ley de Amparo, conforme al cual se sancionará con pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Así también, solicita le sea autorizado el acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona nombre de usuario. Por último, atento el escrito de cuenta, de la revisión del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, se advierte que el usuario "NAVARROROGELIO" ya se encuentra debidamente autorizado para consulta, así como notificaciones electrónicas por tal medio. Proporciona correo electrónico... NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que las autoridades responsables INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES, del referido Instituto, ambas con residencia en esta ciudad, no han informado las gestiones que ha realizado en torno al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, a fin de velar por el eventual cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las autoridades responsables INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PENSIONES Y JUBILACIONES, del referido Instituto, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término TRES DÍAS contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, informen las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio; o bien, informen el impedimento legal que tuviere para ello. Quedan APERCIBIDAS, que en caso de omisión a este mandato judicial en el término que para tal efecto se les concede, se harán acreedoras a una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos disposiciones de la referida constitución en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo; y de igual manera, se podrá proceder en términos del numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,143 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano