Jaime Mauricio Pérez Cruz
Expediente 100/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jaime Mauricio Pérez Cruz
Actuaciones
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- Principal
CITATORIO-TERCERA INTERESADA. Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. V i s t o s los autos del presente juicio de amparo indirecto 1797/2019, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado a Jorge Aurelio Braga González, Luis Jesús Ávila Cárdenas y Miguel Adrián Álvarez Manzo alias Miguel Ángel Álvarez Manzo, en contra de los actos que reclaman del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Segundo. Por oficio TUA 34-349/2016, de la Magistrada Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con el referido oficio y su anexo para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia ejecutoria dictada en autos, se concedió el amparo y protección para el efecto que de una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable Delegado Estatal de Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, debería actuar en los siguientes términos: ".En el presente caso, el amparo y protección de los derechos fundamentales, deberá restituir a los impetrantes en su derecho de seguridad jurídica, para lo cual, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trigésimo Cuarto, con residencia en esta ciudad, deberá: 1. Dejar insubsistente el acuerdo número cuatro contenido en el acta de audiencia celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve relativa al juicio agrario TUA 34-349/2016 de su índice, y en su lugar, emitir una nueva Determinación con libertad de jurisdicción, en la cual deberá valorar si a Jorge Aurelio Braga González, Luis Jesús Ávila Cárdenas y Miguel Ángel Álvarez Manzo les recae el carácter de demandados en el citado juicio, lo anterior de manera fundada y motivada." Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, en auto de once de noviembre de dos mil veinte, manifestó la imposibilidad material y jurídica que se presentó, ya que se había decretado la caducidad de la instancia y dicho acuerdo estaba recurrido mediante amparo directo 286/2020, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mismo que con fecha diez de febrero del dos mil veintiuno, amparo y protegió a las aquí quejosas, y por tanto, se dejó sin efecto el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, en el que se decretó la caducidad, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia, asimismo, mediante acta de audiencia de veinticuatro de marzo del mismo año, se decretó la interrupción del procedimiento condigno, por virtud del vencimiento de los nombramientos de los integrantes del comisariado ejidal del poblado Conkal, Municipio de Conkal. Por tanto, se dejó sin efectos lo determinado en el punto Cuarto del acuerdo emitido en el acta de audiencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, relativa al juicio agrario 349/2016, por el cual se tienen con el carácter de codemandados en la causa a los aquí quejosos; y una vez que la representación de la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán, notifique quienes son los nuevos integrantes del Comisariado Ejidal del Poblado Conkal, municipio de Conkal, se ordenara la prosecución del presente juicio. Por tanto, de lo anterior se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, de conformidad con el artículo tercero transitorio; y al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de veinticuatro de febrero del año en curso, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán; al que adjunta en diez fojas útiles el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 252/2021 relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia firmada el siete de octubre de dos mil veintiuno; asimismo, devuelve el expediente original; ejecutoria de la que aparece que el citado cuerpo colegiado confirmó la sentencia recurrida que negó a la parte agraviada el amparo y protección de la justicia federal. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes y se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Glósese a este expediente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el siete de octubre de dos mil veintiuno, en su punto resolutivo primero se negó el amparo a la parte quejosa; siendo que dicha negativa fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 252/2021, en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Ahora, por cuanto que aún obra en autos un documento exhibido por la parte quejosa con su escrito de demanda y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena glosar a este expediente. Se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital de los informes de cuenta. Por lo que refiere a la Agente del Ministerio Público Federal, en caso de que estime necesario imponerse de los informes de cuenta, deberán solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión de los mismos a su correo electrónico. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que claramente aparezca demostrado que no existe el acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la tesis XIII.1º.P.T.27 K (10ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019803, que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." De lo anterior, se infiere que cuando exista una causal de sobreseimiento que fuese notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y...". La causal de sobreseimiento prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda y del informe justificado de cuenta, se advierte que en esencia la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, lo siguiente: 1. La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 545/2018 de su índice. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes del expediente 545/2018 que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, remitió en apoyo a su informe justificado de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que se emitió la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el referido expediente laboral, la cual fue elevada a categoría de laudo por acuerdo de veintidós de noviembre citado. De lo anterior, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el trece de enero de dos mil veintidós, no existía el acto de omisión reclamado, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Lo anterior permite deducir sin lugar a dudas la inexistencia del acto reclamado, sin que haya posibilidad alguna de que se pueda desvirtuar dicha inexistencia con algún medio de prueba que exhiban las partes. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ********************mediante el cual solicita se expida a su costa copias certificadas de los autos que conforman el presente juicio de amparo.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su oportunidad procédase a expedir a costa del ocursante, las copias certificadas que solicita y entréguese la misma previo recibo que se otorgue en autos.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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