Jaime Manuel Ramirez Sandoval

Expediente 1087/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1087/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Jaime Manuel Ramirez Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. POR TANTO, UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE 15 DÍAS PARA INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DEL PRESENTE PROVEÍDO, SE PROVEERÁ LO RELATIVO AL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiocho de febrero del presente año, se reservó a proveer respecto de la prueba testimonial ofrecida por Gloria Flores Ramírez, parte quejosa, hasta en tanto se encontraran emplazadas la totalidad de las partes, circunstancia que ya aconteció. En esas condiciones, se admite la prueba testimonial, a cargo de los testigos Ángel Javier Zúñiga Toscano, Blanca Rosario Serna y Porfirio Antonio Rodríguez García, en el cual deberán contestar las preguntas que se les formulen al tenor del interrogatorio que se exhibió, mismo que será calificado al momento del desahogo de la prueba, comprometiéndose la oferente a presentar a los citados testigos para el desahogo de la misma. En razón de lo anterior, con apoyo en el séptimo párrafo del numeral citado, se ordena correr traslado a las demás partes con copia del interrogatorio respectivo, para que si así lo desean formulen las repreguntas que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria de la Ley de Amparo, se requiere al oferente para que el día y hora que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia constitucional, en la cual tendrá verificativo la prueba, presente en el local que ocupa este Juzgado Federal a los testigos mencionados, para lo cual deberán exhibir documento fehaciente con el cual demuestren su identidad; se apercibe, al oferente que de no cumplir con lo anterior se le tendrá por perdido su derecho de desahogar el medio de convicción que nos ocupa, de conformidad con el numeral 288 del código en cita. Por otro lado, por lo ve que ve a la prueba pericial en grafoscopía, la misma se tiene por admitida de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene a la parte quejosa nombrando como perito de su parte a Ricardo Isaac Mares Flores, quien deberá ser notificado en el domicilio ubicado en Avenida 16 de septiembre 157-83, Edificio Guadalupe, Zona Centro, en Guadañajara, Jalisco; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 del Código Federal invocado con anterioridad, se requiere al citado perito para que en el término de tres días mencionado, comparezca ante este Juzgado de Distrito y ante la presencia judicial, acepte y proteste el cargo conferido; se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo así su perito, se le tendrá por perdido su derecho para designar diestro, y dicha prueba se integrará con el dictamen que al efecto emita el perito oficial que designe este Juzgado, y en su caso los que señalen las restantes partes y cumplan con los requerimientos que realice este Órgano Jurisdiccional, en términos de artículo 120 de la Ley de Amparo. Con las copias del cuestionario respectivo córrase traslado a las partes, haciéndoles de su conocimiento que tienen un término de tres días para adicionar y designar perito de su parte, en el entendido que de no hacerlo así, de conformidad con el artículo 119 último párrafo y 120 ambos de la Ley de Amparo, se les tendrá por perdido en su perjuicio el derecho a ello, y la prueba de que se trata se integrará con los dictámenes que obren ratificados en autos, y de acuerdo con el cuestionario propuesto por la oferente, lo anterior de conformidad con los citados numerales. Ahora bien, previo a designar perito oficial que intervenga en el desahogo de dicho medio de convicción, a fin de agotar el trámite previsto en el Acuerdo General 16/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las instituciones públicas: Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Procuraduría General de la República, Área de Peritajes de la Delegación Jalisco, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se les notifique esta determinación, de conformidad con la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, informe a este Juzgado de Distrito, si cuentan con un profesional en materia de grafoscopía, que pueda intervenir de manera gratuita como perito en la prueba pericial en esa materia y, en caso afirmativo, deberá proporcionar el nombre y domicilio de dicho diestro. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de no cumplir con ello, o de no manifestar el impedimento que tengan para realizarlo, se impondrá a la omisa la sanción prevista en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cincuenta veces el valor inicial diario, de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional), tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es igual al salario mínimo general vigente diario para todo el país, esto es, $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), de conformidad con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. En esas condiciones, a fin de dar lugar a que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del once de julio de dos mil diecinueve, para su verificativo.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se resuelve: primero se sobresee el presente juicio de amparo. segundo se ordena su publicación con supresión de datos personales.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: (.)" para el efecto de que una vez que quede firme el presente fallo, la autoridad Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley de la materia, realice las siguientes acciones: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), y fracción IV de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 40969410 emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 125 de Guadalajara, Jalisco, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional). c) Reintegre a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto; y d) En lugar de dicho recibo, emita otro por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar el cálculo porcentual que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso a), de la ley reclamada). En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97 que dice: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que la siguiente autoridad, en el ámbito de su respectiva competencia, deben realizar lo siguiente: La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), y fracción IV de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A 40969410 emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 125 de Guadalajara, Jalisco, Jalisco, de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional). Reintegre a ésta el numerario que exceda de la tarifa que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto; y En lugar de dicho recibo, emita otro por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar el cálculo porcentual que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, inciso a), de la ley reclamada). En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsables Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco no hubiese sido señalada como autoridad responsable en el presente asunto, toda vez que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, para lograr el estricto cumplimiento de la sentencia de amparo aquí dictada, todas aquellas autoridades que en razón de sus funciones tengan a su cargo la realización de algún trámite para ello, quedan constreñidas a ejecutar todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, dentro de los límites de su competencia. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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