Jaime López Hernández

Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
180/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Jaime López Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación secretarial se advierte que feneció el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra del auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional.VI

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de marzo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, por conducto del encargado de presidencia, rindiendo informe justificado. Por tanto, visto el informe de mérito, se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De la copia certificada de la constancia remitida por la autoridad responsable, se desprende que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual, acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, la omisión de emitir laudo dentro del expediente laboral *** Sin embargo, de las constancias recibidas en esta fecha, se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintidós la autoridad responsable emitió laudo en el expediente 479/2016, y lo notificó a la quejosa hasta el uno de marzo de dos mil veintitrés. Esto es, la quejosa, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión reclamada era violatoria de derechos; sin embargo, dejó de existir, toda vez que la responsable notificó a la quejosa el laudo el veintitrés de junio de dos mil veintidós, hasta el uno de marzo de dos mil veintitrés, de ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues si bien al momento de promover el juicio de amparo ha había sido emitido el laudo, no había sido notificado del mismo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas dado que ya no están surtiendo sus efectos y que, además, no dejaron huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional. ...M-VI

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Glósese a los autos el escrito presentado por ***, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, como lo solicita el promovente con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo; se ordena realizar las gestiones pertinentes para que la parte quejosa cuente con acceso al expediente electrónico únicamente para su consulta, a través del usuario ***. En el entendido de que, la autorización otorgada no implica el permiso para notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales....M-VI

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de febrero de dos mil veintitrés. IMSS CUENTA CON DOMICILIO. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al Instituto Mexicano de Seguro Social, por conducto de la Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, informando que se localizó domicilio de la tercera interesada *****, siendo el ubicado en *****. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado federal, a fin de que se constituya, en el citado lugar, a efecto de que emplace a la parte tercera interesada de referencia. En atención a que la citada parte procesal en comento es persona moral, su llamamiento a juicio deberá llevarse a cabo por conducto de quien legalmente la represente, circunstancia de la cual deberá cerciorarse el fedatario que lo practique. Para lo cual, deberá correrle traslado con copia autorizada de la demanda, auto admisorio y del presente proveído, a fin de que se apersonen, aleguen y ofrezcan pruebas si a su interés conviene; también deberá hacerle de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con cinco minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, deberá requerirla para que en el término de tres días señale domicilio procesal en Pachuca de Soto, Hidalgo, o bien, en el área conurbada; apercibida que de no hacerlo así dentro del término que al efecto se le concede, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por lista...I

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