Jaime López Gutiérrez
Expediente 772/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime López Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
QUEJOSO PRETENDE CUMPLIR PREVENCIÓN, NO HA LUGAR PORQUE NO SE FORMULÓ NINGUNA... RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE LE HACE SABER QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES QUIEN DEBERÁ ACORDAR LO CONDUCENTE, MÁXIME QUE NO SE TRATA DE ALGUNO DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL...
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados en esta instancia constitucional son: I. La resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve dictada en el toca de apelación ************* del índice de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En ella, el magistrado responsable confirmó la sentencia condenatoria de quince de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal ************ del Juzgado Tercero Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato; y, II. Las consecuencias jurídicas, que se traducen en la ejecución de la sentencia. SE DECLARA INCOMPETENCIA LEGAL. Se estima que este juzgado carece de legal competencia para conocer del presente asunto conforme con lo siguiente: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: [.] Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; b) los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, c) se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la sentencia de primera instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como sentencia definitiva. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que la parte quejosa narra en su demanda de amparo que el diecinueve de junio de dos mil diecinueve fue dictada la sentencia respectiva dentro del procedimiento penal que se sigue en su contra por la probable comisión del delito de fraude; inconforme con esa resolución, interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto el veintinueve de agosto siguiente, ésta última determinación es la que constituye el acto reclamado. De ahí que la emisión y ejecución de la sentencia definitiva deben ser impugnados mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un Tribunal Colegiado de Circuito; por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por tanto, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto controvertido pues no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso numeral 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que no pone en peligro la integridad del peticionario, como lo establece el artículo 48, que obliga a pronunciarse sobre la suspensión en declaratorias de incompetencias. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término , se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita . PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Notifíquese el presente auto por medio de lista en razón de que el Tribunal que se considera competente, al momento de radicar y aceptar el conocimiento del asunto, notificará de manera personal dicho proveído, atento al criterio de la jurisprudencia de rubro: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en estricto cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciecinueve, se notifica a la parte quejosa, el AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN RESUMEN DICE: EXPEDIENTE Y REGISTRO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados en esta instancia constitucional son: I. La resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve dictada en el toca de apelación ************* del índice de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En ella, el magistrado responsable confirmó la sentencia condenatoria de quince de octubre de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal ************ del Juzgado Tercero Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato; y, II. Las consecuencias jurídicas, que se traducen en la ejecución de la sentencia. SE DECLARA INCOMPETENCIA LEGAL. Se estima que este juzgado carece de legal competencia para conocer del presente asunto conforme con lo siguiente: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: [.] Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; b) los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, c) se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la sentencia de primera instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como sentencia definitiva. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que la parte quejosa narra en su demanda de amparo que el diecinueve de junio de dos mil diecinueve fue dictada la sentencia respectiva dentro del procedimiento penal que se sigue en su contra por la probable comisión del delito de fraude; inconforme con esa resolución, interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto el veintinueve de agosto siguiente, ésta última determinación es la que constituye el acto reclamado. De ahí que la emisión y ejecución de la sentencia definitiva deben ser impugnados mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un Tribunal Colegiado de Circuito; por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por tanto, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto controvertido pues no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso numeral 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que no pone en peligro la integridad del peticionario, como lo establece el artículo 48, que obliga a pronunciarse sobre la suspensión en declaratorias de incompetencias. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término , se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita . PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Notifíquese el presente auto por medio de lista en razón de que el Tribunal que se considera competente, al momento de radicar y aceptar el conocimiento del asunto, notificará de manera personal dicho proveído, atento al criterio de la jurisprudencia de rubro: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
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