Jaime Limón Ríos

Expediente 258/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
258/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
14/11/2017

Partes del expediente

  • Jaime Limón Ríos
  • Director de Seguridad Pública del Municipio de Ciudad Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA EN LO ESENCIAL LA EJECUTORIA DE AMPARO, SE DA VISTA A LAS PARTES Y SE LES HACE SABER QUE PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DENTRO DE LOS SIGUIENTES QUINCE DÍAS, HECHO LO ANTERIOR ARCHÍVESE ASUNTO COMO CONCLUIDO, DEPURABLE EN CINCO AÑOS.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Tesorero Municipal de Juárez, Chihuahua, en esta ciudad, mediante el cual indica que dictó acuerdo mediante el cual se declaró insubsistente lo actuado dentro del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en contra de Jaime Limón Ríos, por concepto de adeudo de impuesto predial, incluyendo el embargo y demás consecuencias derivadas del mismo, ordenándose de nueva cuenta la notificación personal a la parte quejosa de la liquidación del crédito fiscal, por dicho rubro, así como la cancelación de la escritura pública 44,883 de cinco de julio de dos mil once, volumen 1,440, en la que consta la adjudicación a favor del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector de garantías; apercibida que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y escrito firmados respectivamente, por el Secretario del Ayuntamiento y encargado del despacho de los asuntos de la Presidencia Municipal, por ministerio de ley y el apoderado legal del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, ambos en esta ciudad, mediante los cuales, el primero en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables Tesorero Municipal, Director de Ingresos y Coordinador del Programa Integral de Notificación y Cobranza, indica que giró a éstas las instrucciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en el segundo, la citada autoridad responsable, refiere que inicio el tramite interno para la reactivación del crédito 0809051319 a nombre del quejoso Jaime Limón Ríos; sin perjuicio de que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el expediente auxiliar 881/2017, correspondiente a la sesión celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, derivado del amparo en revisión 589/2017, interpuesto contra la sentencia emitida en el juicio de amparo 258/2017-I, promovido por ********************, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento en el juicio de amparo 258/2017. Promovido por ********************, en relación con los actos reclamados al Director de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, secretario del Ayuntamiento encargado del despacho de los asuntos de la Presidencia, ambos del Municipio de Juárez y Recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, precisados en el considerando tercero de la sentencia impugnada. SEGUNDO. Se confirma la sentencia Recurrida, dictada el veintidós de junio de dos mil diecisiete, por Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Chihuahua, en el juicio de amparo indirecto 258/2017. - - - TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados al Tesorero Municipal, Director, de Ingresos, Director del Programa Integral de Notificación y Cobranza, todos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Jefe del Registro Público de la Propiedad, del Distrito Judicial Bravos e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, todos con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, consistentes en al sustanciación del procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/3715/2011, por concepto de adeudo del impuesto predial correspondiente al tercer bimestre del dos mil nueve al primer bimestre de dos mil once, relativo al inmueble ubicado en la calle Río Matachic, número 8841 del fraccionamiento Papagochic, Etapa I, Lote I, Manzana 2ª, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para los efectos precisados en la última parte del considerado séptimo de la sentencia que se revisa.". Adjuntando al comunicado de cuenta el expediente original del citado juicio de amparo; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese el cuaderno de antecedentes, previo desglose de las copias certificadas con las que se formó a fin de reutilizarlas, en su caso, en trámites posteriores; notifíquese lo anterior a las autoridades responsables conforme a lo dispuesto en el artículo 192, primer párrafo de la Ley de Amparo, para su conocimiento y efectos legales; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el veintidós de junio del año dos mil diecisiete, específicamente en el considerando séptimo, se determinó el efecto de la protección constitucional, al señalarse lo siguiente: "SÉPTIMO (.) En tales circunstancias, con apoyo en lo establecido en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es otorgar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********************, para el efecto de que las autoridades responsables Tesorero, Directora de Ingresos y Coordinador del Programa Integral de Notificación y Cobranza del Municipio de Juárez, Chihuahua, Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta localidad, realicen los siguientes actos: 1. Dejen insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de ejecución número DI/PAE/3715/2011, instaurado en contra del ahora quejoso ********************, por falta de pago del impuesto predial del periodo comprendido del tercer bimestre del dos mil nueve al primer bimestre de dos mil once, respecto del inmueble de su propiedad identificado con la clave catastral ********************, a partir del auto por medio del cual se ordenó la notificación por edictos de la resolución determinante del crédito fiscal, debiendo dejar a su vez sin efectos todas las consecuencias legales que de ello se derivaron, relacionadas con el remate y adjudicación del bien inmueble embargado, realizar la cancelación de dicha adjudicación en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, inscrita bajo en número 101, folio 101, libro 5494 de la sección primera y dejar vigentes las inscripciones anteriores; y, 2. Hecho lo anterior, en el caso le sea respetado a ********************, su derecho humano de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional; en la inteligencia de que, de practicarse nuevamente la notificación de la liquidación del crédito fiscal, éste deberá realizarse con todas las formalidades previstas legalmente para tal diligencia, así como sin soslayar que con el objeto de subsanar las irregularidades apuntadas, en su caso, la propio autoridad responsable deberá intentar notificar al deudor, inclusive, en el lugar precisado por aquél en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por contenido jurídico, la tesis I.7o.C.115 C, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2361, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO PORQUE TAL DILIGENCIA SE PRACTICÓ MEDIANTE EDICTOS, SIN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES Y EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL QUEJOSO MANIFIESTA COMO SUYO ALGÚN DOMICILIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE EL LLAMAMIENTO AL JUICIO NATURAL SE HAGA EN ESE LUGAR, ANTES DE INTENTARLO NUEVAMENTE POR EDICTOS. De conformidad con los artículos 114, fracción I y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el emplazamiento a juicio debe realizarse preferentemente en el domicilio que habita el demandado, esto es, en su domicilio real. En relación con el emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es la formalidad del procedimiento de mayor envergadura, cuya realización contraria a las disposiciones legales correspondientes deja sin defensa a quien se le practicó. Así, el juzgador está obligado a tomar las medidas que estime pertinentes para lograr que el emplazamiento se cumplimente con el mayor apego a la ley, por tanto, cuando en un juicio de amparo promovido por quien se ostenta tercero extraño al procedimiento por equiparación, se otorgue la protección constitucional porque el emplazamiento se realizó mediante edictos, sin observarse las formalidades que corresponden al caso, y, se advierta que en la demanda de amparo el quejoso manifestó expresamente la ubicación de su domicilio, el Juez de Distrito, en aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, debe ordenar, como un efecto del fallo protector, que antes de que se subsane la irregularidad de la diligencia por edictos, se intente llamar a juicio al buscado en el lugar que éste precisó en el amparo, con apoyo en los artículos 114 y 116 del código adjetivo citado, porque se presume que es su domicilio real, al haberse señalado por el propio interesado ante una autoridad judicial. (.)". En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero, Directora de Ingresos y Coordinador del Programa Integral de Notificación y Cobranza del Municipio de Juárez, Chihuahua, Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta localidad, , para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, de cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio; es decir, realicen los siguientes actos: 1. Dejen insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de ejecución número DI/PAE/3715/2011, instaurado en contra del ahora quejoso ********************, por falta de pago del impuesto predial del periodo comprendido del tercer bimestre del dos mil nueve al primer bimestre de dos mil once, respecto del inmueble de su propiedad identificado con la clave catastral ********************, a partir del auto por medio del cual se ordenó la notificación por edictos de la resolución determinante del crédito fiscal, debiendo dejar a su vez sin efectos todas las consecuencias legales que de ello se derivaron, relacionadas con el remate y adjudicación del bien inmueble embargado, realizar la cancelación de dicha adjudicación en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, inscrita bajo en número 101, folio 101, libro 5494 de la sección primera y dejar vigentes las inscripciones anteriores; y, 2. Hecho lo anterior, en el caso le sea respetado a ********************, su derecho humano de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional; en la inteligencia de que, de practicarse nuevamente la notificación de la liquidación del crédito fiscal, éste deberá realizarse con todas las formalidades previstas legalmente para tal diligencia, así como sin soslayar que con el objeto de subsanar las irregularidades apuntadas, en su caso, la propio autoridad responsable deberá intentar notificar al deudor, inclusive, en el lugar precisado por aquél en la demanda de amparo, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas dichas autoridades que de no cumplir con lo ordenado o no informar a este órgano de control de la constitucionalidad el impedimento legal que les asista para ello, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258, de la de la Ley de Amparo, se les impondrá individualmente como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Del mismo modo, requiérase en términos del citado artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, al Presidente del Municipio de Juárez, con residencia en esta ciudad, Director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, con sede en la capital de esta entidad federativa y Director General del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con asiento en la Ciudad de México, respectivamente, como superiores jerárquicos de la autoridades responsables antes mencionada, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciban la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, hagan uso de los medios legales que tengan a su alcance y ordenen a sus inferiores a que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acrediten. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, página 1380, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito". En la inteligencia que de no demostrar que dieron la orden para que sus inferiores cumplan con el fallo protector, individualmente se les impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; además de que en su carácter de superiores jerárquicos incurren en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que las autoridades en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también se les apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminaron eficazmente a sus inferiores a cumplir el fallo protector, se harán igualmente acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpecen la pronta impartición de la Justicia Federal.

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