Jaime Liberto Gutiérrez y Otros.

Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
560/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Jaime Liberto Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 17324 que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el que se transcribe el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Titular de este órgano jurisdiccional, por el que se informa que en atención a la solicitud planteada en oficio 18452 deducido del proveído de diez de octubre de dos mil veintiuno, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jaime Liberto Gutiérrez, Sandra Berenice Manríquez López, Karen Yazmín Jiménez Lozano y Leonardo López Román y/o Leopoldo David López Romano, contra actos que atribuye al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; la cual fue registrada con el número 959/2021. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto lo actuado dentro del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que en auto de once de octubre actual este órgano jurisdiccional, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, y como se advierte del comunicado de cuenta el Juzgado Séptimo de aquél Distrito, asumió el conocimiento del líbelo constitucional de que se trata; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece artículo 21, inciso b), del acuerdo que nos ocupa. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida Jaime Liberto Gutiérrez, Sandra Berenice Manríquez López, Karen Yazmín Jiménez Lozano y Leonardo López Román y/o Leopoldo David López Romano, contra actos que atribuye al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 560/2021-I. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia territorial, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia en la que el acto reclamado tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado dentro de los limites jurisdiccionales que comprendan a su competencia Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridad Responsable: Juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelia, Michoacán. Acto reclamado, el siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado el día 16 de SEPTIEMBRE DEL 2021, dentro de la causa penal CAUSA PENAL 357/2021, dictado en nuestra contra por el JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELIA, MICHOACÁN, así como sus consecuencias legales, desde luego, reclamo también las violaciones previas, como la calificación de legal de nuestra detención sin flagrancia, así como el estado de indefensión, Quedando debidamente notificado de dicha resolución los suscrito con fecha 16 de Septiembre del 2021." Lugar donde se encuentran detenidos: Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Es decir, el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso dictado el día dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Michoacán, con residencia en Morelia. Cabe resaltar que con relación a lo anteriormente expuesto se tiene que la parte quejosa explícitamente preciso que la autoridad judicial a quien reclama el acto lo es de la ciudad de Morelia. Tiene sustento lo anterior en el criterio siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Por lo que, el Juez competente para conocer de la presente demanda, será el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, quien tiene jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado y las consecuencias jurídicas que combate el quejoso en esta vía, tal como lo dispone el artículo 37 de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mazatlán, número 1432, del Fraccionamiento Huertas del Cupatitzio, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Sepúlveda Carrillo, toda vez que tienen su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación Secretarial de cuenta; en tanto que, a Luis Fernando Diaz Valencia, Juan Carlos Cuevas Prado, Alejandro Ramírez García y Diego Esaul Barragán Naranjo, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado, lo anterior hasta en tanto acrediten los extremos anteriores. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Medios electrónicos. Asimismo, conforme a su diversa petición solicitada en su escrito inicial de la demanda de cuenta, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. En la inteligencia de que ello lo podrán solicitar de manera verbal al Secretario adscrito a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y sólo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

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