Jaime Leal Garza

Expediente 397/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
397/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Jaime Leal Garza
  • Juez Federal de Control con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    se concluye el original del presente cuaderno es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente, ya que se concedió en forma provisional y definitiva la medida cautelar solicitada; además, no obran documentos originales. Por otra parte, acorde al precepto 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, el duplicado de este cuaderno es destruible, transcurridos seis meses del dictado de la resolución incidental.

  2. Principal

    apareciendo dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, por tanto, con fundamento en los normativos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la misma ha causado ejecutoria. En consecuencia, en atención a que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente juicio, como totalmente concluido, previas anotaciones se hagan en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado.

  3. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente.

  4. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA a Miguel Ángel Abramo Martínez, defensor particular de Jaime Leal Garza, la resolución de tres de agosto del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo... RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. Monterrey, Nuevo León, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 397/2020-IX promovido por Miguel Ángel Abramo Martínez, en su carácter de defensor particular de Jaime Leal Garza, contra los actos que reclama del Juez Federal de Control con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, Miguel Ángel Abramo Martínez, en su carácter de defensor particular de Jaime Leal Garza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto del Juez Federal de Control con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, que hizo consistir en "(i) El Auto de Vinculación a Proceso que fue dictado en la Audiencia Inicial, el pasado 09 de septiembre del año 2020, por parte del C. Juez Federal de Control con Residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, que actúa dentro de la Carpeta Judicial No.- 108/2019, derivado del proceso penal instruido en contra de JAIME LEAL GARZA, en lo personal y por sus propias obligaciones, en razón de ser Administrador Único de la persona jurídica COVER INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., lo anterior por delitos fiscales establecidos en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación; y (ii) En consecuencia a dicho Auto de Vinculación a Proceso, todas las consecuencias legales inherentes, es decir, aquéllas que fueran directas y/o indirectas, mediatas y/o inmediatas, en el proceso penal."; mismos que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos por el artículo1, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Carta Magna; así como 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, mediante auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda de amparo indirecto, la cual quedó registrada con el número de expediente 397/2020-IX, por lo que se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se emplazó a los terceros interesados y se fijó fecha para la audiencia constitucional, constando la celebración de la misma en los términos del acta de fecha veintitrés de junio pasado, y; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Federal es legalmente competente para conocer del presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República, 1º, fracción I, 35, primer párrafo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; a los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2004, que establece la creación de este órgano jurisdiccional, atento a su punto de acuerdo primero, que remite a los diversos Acuerdos Generales de la propia instancia, números 23/2001, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 44/2002 y 03/2013, relativo a la especialización, nueva denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en esta ciudad; de los que se deduce que la competencia de este Juzgado se circunscribe al conocimiento de los asuntos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior en razón de que se reclama una determinación judicial emitida en audiencia de vinculación a proceso, emanada de una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional y que se está ejecutando dentro de la misma. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer cuáles son los actos reclamados por la parte quejosa para poder definir en principio si son ciertos o no, y en su caso, la suerte que deben correr en este juicio de garantías. En esas condiciones, cabe decir que del análisis lógico e integral de la demanda de amparo, se advierte que Miguel Ángel Abramo Martínez, en su carácter de defensor particular de Jaime Leal Garza, comparece a solicitar la protección de la Justicia Federal, en contra del acto consistente en la resolución que decidió la situación jurídica de su defendido, así que sobre esa base habrá de analizarse la existencia del acto reclamado que consiste, en esencia, en la resolución de vinculación a proceso por el delito de desaparecer del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, dictada en la carpeta judicial 108/2019. Esta identificación obedece, a que de conformidad con el precepto invocado, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas que obren en autos para resolver con eficacia la acción constitucional. Sirve de apoyo a estas consideraciones, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. La autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, admitió la existencia del acto reclamado, añadiendo que el nueve de septiembre de dos mil veinte, celebró audiencia inicial en donde vinculó a proceso al inculpado Jaime Leal Garza por el delito de desaparecer del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación. En este aspecto, es aplicable la tesis 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 206, Quinta Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, porque de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. Cobra aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden, en concepto de la suscrita, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen: El precepto legal y fracción indicada, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica". En efecto, en tal dispositivo se establece que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica, se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el mismo sin afectar la nueva situación jurídica, teniendo como excepción, únicamente, los casos en que por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales, donde solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia del amparo. Ahora, mediante escrito recibido el seis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, Miguel Ángel Abramo Martínez, en su carácter de defensor particular de Jaime Leal Garza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto del Juez Federal de Control con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, que hizo consistir en el auto de vinculación de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte. Posteriormente, el Juez responsable, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado, e informó que tramita la carpeta judicial 108/2019, de la que se aprecia que el nueve de septiembre de dos mil veinte, celebró audiencia inicial en donde vinculó a proceso al inculpado Jaime Leal Garza por el delito de desaparecer del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, previsto y sancionado en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación. Circunstancias anteriores que se corrobora con el informe, copias y discos compactos certificados allegados por las autoridades de mérito, con el valor previamente otorgado. Luego, el veintiocho de julio pasado, se tuvo por recibido el oficio 2344/2021, remitido por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, a través del cual informó: ".Visto el estado de autos de la presente carpeta judicial, se observa, que el veintiuno de los cursantes se tuvo a la fiscalía manifestó no tener oposición para que se decretara la extinción penal dentro del presente asunto; por lo que, de conformidad a los artículos 191, 198, 327, fracción VI y 330, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó el sobreseimiento del procedimiento en favor de Jaime Leal Garza." Constancias anteriores que tienen el carácter de documentales públicas de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstas, cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a funcionarios investidos de fe pública y que son expedidas en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos de los sellos, firmas, así como membretes oficiales y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere pleno valor probatorio en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del ordenamiento legal en consulta. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que, es evidente que, si la responsable decretó la extinción penal del expediente de origen, y consecuentemente el sobreseimiento en favor de Jaime Leal Garza, se concluye este juicio de amparo es improcedente respecto de los actos reclamados, porque ocurrió un cambio de situación jurídica, de modo que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a los actos en comento (auto de vinculación a proceso); por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva etapa procesal. Ello es así, en atención a que, de lo establecido en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia se obtiene que el legislador estableció como causa de improcedencia, que cuando en un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirlo, sin afectar la nueva situación; en este contexto, es claro, que ha ocurrido un cambio en la situación jurídica del ahora quejoso, que impide analizar la constitucionalidad de la determinación combatida, pues al haberse decretado a su favor el sobreseimiento de la carpeta judicial iniciada en su contra, es evidente que quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones que se hubieren cometido en el auto de vinculación a proceso de nueve de septiembre de dos mil veinte; de manera que ya no podrá analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad de dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica generada, consistente en todo lo acontecido en la audiencia inicial tal como el auto de vinculación a proceso que se le dictó. Es sustento de la conclusión precedente, el contenido de la tesis aislada 2a. CXI/96, con número de registro 199808, visible en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." También, por analogía jurídica la tesis: XXI.1o.48 P, con número de registro 195087, visible en la página 1024, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, Materia Penal, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, que bajo el rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al surtirse el motivo de improcedencia contemplado en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER en el presente juicio acorde a lo establecido en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." De esta suerte, se torna innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal de Justicia, visible en la página 335, Tomo VI, de la obra en cita, del título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que sea óbice a lo anterior, que en el presente caso, se apliquen los criterios jurisprudenciales que quedaron expuestos en líneas precedentes, toda vez que el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuara en vigor en lo que no se oponga al actual decreto regulatorio de los artículos 103 y 107 Constitucionales. QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Abramo Martínez, en su carácter de defensor particular de Jaime Leal Garza, contra los actos que reclama del Juez Federal de Control con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firma Martha Yadira Machado López, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Edith Valdez González, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy tres de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.-

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