Jaime Juárez Varela

Expediente 200/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
200/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
09/11/2017

Partes del expediente

  • Jaime Juárez Varela
  • Carlos Rosalío Moreno Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGRÉGUESE PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL OFICIO, EN QUE SE LE REMITIÓ TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA DICTADA ASI COMO LOS AUTOS ORIGINALES. EN TAL VIRTUD, COMO EL PRESENTE ASUNTO ESTÁ TOTALMENTE CONCLUIDO, SE ORDENA REMITIRLO AL ARCHIVO EN FORMA DEFINITIVA. EN TÉRMINOS DE LO PRESCRITO POR LOS PUNTOS CUARTO, DÉCIMO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 2/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, TODA VEZ QUE EL PRESENTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE QUEJOSA, CONTRA EL ACTO QUE RECLAMA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTISIETE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE DURANGO, CONSISTENTE EN EL LAUDO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DICTADO EN EL JUICIO LABORAL DE SU ÍNDICE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA EN LA QUE EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, HACE CONSTAR QUE A LA FECHA YA TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE TRES DÍAS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, Y LA PARTE QUEJOSA NO DESAHOGÓ LA VISTA ORDENADA EN PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. EN TAL VIRTUD, VUELVA EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO MIGUEL ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ATENTO LO ANTERIOR, A EFECTO QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE REFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PROYECTO DE SENTENCIA QUE REVELA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA OFICIOSAMENTE, LA CUAL DICE: "SEXTO. Causa de improcedencia. Es innecesario el estudio del fallo reclamado, en razón de que el presente asunto debe sobreseerse al actualizarse una causa de improcedencia. 1. Al respecto se puntualiza que conforme el cardinal 62 de la Ley de Amparo, las causas de inviabilidad serán estudiadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional. 2. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 74, del Volumen XXXII, Primera Parte, de la Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. PUEDE HACERSE VALER DE OFICIO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, pueden hacerse valer de oficio por el juzgador". 3. Por otra parte, los numerales 61, fracción IX y 63, fracción V, de la Ley de la Materia, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". 4. Los preceptos que preceden disponen que constituye una causa de improcedencia que amerita sobreseer en el juicio, cuando se interponga demanda de derechos fundamentales contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. 5. Asimismo, los arábigos citados corresponden al 73, fracción II y 74, fracción III, de la abrogada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal , mismos que fueron interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2012, donde en lo que interesa, consideró lo siguiente: ".una vez admitida una demanda de amparo directo, interpuesta en contra de un laudo que se dictó en cumplimiento a la ejecutoria emitida en un previo juicio de garantías, es menester examinar una serie de cuestiones para determinar el sentido del fallo que se emitirá. Así, en primer término, deben establecerse los efectos para los cuales se otorgó el amparo solicitado y el alcance de éstos, y una vez acotados, se estará en aptitud de estudiar la procedencia del análisis de los conceptos de violación y, por último, si el amparo debe ser negado, concedido o bien sobreseer en el juicio. En efecto, las sentencias de amparo pueden tener diversos sentidos: 1) negando la protección de la Justicia Federal solicitada; 2) concediéndola, lo que puede hacerse a su vez, de manera lisa y llana o para determinados efectos; o, 3) sobreseyendo en el juicio. Una modalidad más que se presenta es que una sola sentencia puede contener más de un sentido, referido cada uno de ellos, por supuesto, a diferentes actos reclamados. Negar el amparo implica, aun cuando no se diga expresamente, que el acto reclamado fue analizado y no se advirtieron vicios que lo invaliden (a la luz de los conceptos de violación o incluso, cuando proceda, en suplencia de queja deficiente); la consecuencia inmersa en el sentido del fallo, es que el acto reclamado permanece incólume. Igual consecuencia, pero por diferente motivo, se actualiza cuando el juicio de garantías es improcedente; en ese caso, el acto reclamado subsistirá en sus términos, pero no ha sido objeto de análisis constitucional o legal alguno pues, precisamente, la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio, sin decidir sobre la legalidad del acto reclamado. En cambio, la sentencia que concede el amparo puede presentar diferentes matices, a la luz de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, lo que si bien no está expresamente establecido en alguna norma, se ha venido presentando como una manera de dar claridad al alcance del fallo protector, no sólo para la autoridad que debe cumplir, sino también para el justiciable; por eso, los efectos que se pueden imprimir a una sentencia que otorga el amparo no siempre son iguales. Así, se dice que el amparo se ha concedido de manera lisa y llana (mas no por eso carente de ejecución), porque el órgano de control de constitucionalidad, después de analizar el acto reclamado, determina su contravención a la Carta Magna y ordena a la autoridad responsable que, sin cortapisas ni excusas, proceda en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, y en el plazo legal acate la ejecutoria y restituya al quejoso en el pleno goce del derecho que le ha sido violado con el acto reclamado. Pero, aun siendo lisa y llana la concesión del amparo, el acatamiento de la sentencia conlleva un efecto, y éste es el inherente propiamente al cumplimiento; así, tal efecto puede ser simplemente dejar insubsistente el acto reclamado o bien, como en el caso que nos ocupa, además de dejar sin efectos aquél, que la autoridad responsable tiene la obligación de emitir un nuevo laudo, en el que se resuelva exactamente como se le ordena en la parte considerativa del fallo que debe cumplir. En este caso, es inconcuso que la juzgadora natural no conserva su jurisdicción original y la nueva resolución que dicte, al estar completa e indisolublemente vinculada en su sentido y alcance a lo que le ordenó la autoridad de amparo, no puede ser impugnada en un nuevo juicio de garantías, -pero como éste generalmente debe admitirse- acorde a la ya citada jurisprudencia 2a./J. 83/2006, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverlo, el Tribunal Colegiado deberá considerar actualizada la causa de sobreseimiento que señala la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción II del numeral 73 del mismo ordenamiento. En estas hipótesis, es claro que el Tribunal Colegiado deberá razonar el porqué de su decisión, fundándola y motivándola precisamente en la ausencia absoluta de libertad jurisdiccional hacia la autoridad responsable, pero no deberá analizar los conceptos de violación pues, precisamente, la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio, sin resolver la controversia de fondo. Pero sucede también que el amparo se otorga para determinados efectos -procesales o de fondo- y que la sentencia que lo concede deja cierta o absoluta libertad jurisdiccional a la autoridad responsable para que emita el acto que habrá de sustituir al declarado inconstitucional; en este caso, al cumplir la sentencia amparatoria actuará en pleno ejercicio de su facultad jurisdiccional y bajo su absoluta responsabilidad. Así tenemos, que si bien el nuevo laudo se dictará en cumplimiento a una sentencia de amparo, éste sí puede ser objeto de una nueva demanda de garantías, porque la actuación de la autoridad responsable no se ciñó -ya que no se le ordenó de ese modo- a resolver en determinado sentido. Es por eso que en este caso no se puede impedir el derecho de la parte que se considere afectada con esta nueva resolución, a impugnarla mediante un nuevo o diferente juicio de garantías" (énfasis añadido). 6. De la ejecutoria en comento, emanó la jurisprudencia 2a./J. 113/2012 (10a.), leíble a página 1524, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ANÁLISIS Y EFECTOS CUANDO SE EXPRESAN CONTRA UN LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando se interpone demanda de amparo directo contra un laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la cual no limitó expresamente la libertad jurisdiccional de la autoridad responsable, los conceptos de violación encaminados a controvertir alguna consideración o condena que únicamente fue reiterada en el nuevo laudo, ante la falta de impugnación por la parte afectada, deben desestimarse por inoperantes, pues el hecho de que el quejoso no la haya combatido la primera vez que se resolvió contra sus intereses, implica su consentimiento tácito; sin embargo, ello no conlleva la improcedencia del juicio de amparo porque el nuevo laudo no es consecuencia de la anterior resolución -aun cuando no haya sido recurrida- sino propiamente de la sentencia que ordenó su emisión, en cuyo cumplimiento el laudo anterior debió -necesariamente- dejarse insubsistente; entonces, un acto que ya no tiene vida jurídica no puede ser causa legal de sobreseimiento; además, en este caso, la nueva resolución podría abordar aspectos novedosos, por lo que no puede vedarse a las partes el derecho a inconformarse contra estos últimos. Por esas razones, independientemente del resultado del análisis de esos conceptos de violación, su estudio debe conducir a una resolución de fondo, esto es, a una en la que se niegue o conceda la protección federal solicitada. En cambio, cuando el laudo se emite en acatamiento de una ejecutoria de amparo respecto de la que no se dejó libertad jurisdiccional alguna a la autoridad responsable, una vez admitida la demanda -al no ser notoria su improcedencia- se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción II del numeral 73, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (lo subrayado es de este órgano colegiado). 7. De lo anterior, se colige que cuando el laudo se dicta cumpliendo una ejecutoria de amparo en la cual no se dejó libertad jurisdiccional alguna a la autoridad responsable, es decir, que la juzgadora natural no conserva su jurisdicción original y la nueva resolución que emite, al estar completa e indisolublemente vinculada en el sentido y alcance a lo ordenado por la autoridad de amparo; una vez admitida la demanda ?por no ser notoria su inviabilidad?, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción IX y 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria del juicio constitucional. 8. Sentado lo anterior, es menester realizar una breve reseña de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. 8.1. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Jaime Juárez Varela, por conducto de sus apoderados legales demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, la rectificación de su fecha de ingreso así como el reconocimiento y cómputo efectivo del tiempo de servicios prestados a dicho organismo, manifestando en lo que interesa: ". Nuestro poderdante ingresó a prestar sus servicios para el Instituto demandado, como a continuación se detalla. . el C. Dr. Jaime Juárez Varela, fue contratado para que les prestara servicios subordinados con fecha 01 de julio de 1991. . El lugar de prestación de los servicios como médico interno de pregrado, desde la fecha en que ingresó, esto es el día 01 de julio del año de 1991 hasta el 07 de abril del año 1999. . A partir de la fecha que se reclama como de ingreso (01 de julio de 1991) y hasta la que le reconoce el Instituto demandado (07 de abril del año 1999), o sea 07 años, 18 quincenas y 07 días, el actor ha laborado en forma permanente y continua y a partir del día uno de julio de 1991, fecha que se reclama como de ingreso real, hasta la fecha el actor ha laborado en forma permanente y continua."(fojas 1 a 7 del expediente laboral) 8.2. De la demanda tocó conocer a la Junta citada, la cual en proveído de siete del mismo mes y año, la radicó bajo el expediente 766/2012, la admitió a trámite y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 9 ídem). 8.3. Una vez practicado el llamamiento a juicio, el veintiséis de febrero de dos mil trece, tuvo verificativo la audiencia de ley en la cual la aquí tercera interesada contestó el escrito inicial y opuso como excepciones, las siguientes: "NEGATIVA DE LA RELACIÓN LABORAL. Entre mi representada y el hoy actor, en la fecha que dice el actor inició (01 de julio de 1991) ya que, como se probará en su oportunidad, el actor ingresó a laborar a la UMRS 122 SN MIGUEL DEL CANTIL, dependiente de dicha Delegación, apenas el 07 de abril de 1999 a través de la bolsa de trabajo del Programa IMSS-Oportunidades, teniendo su nombramiento definitivo como médico general UM con efectos a partir del 16 de febrero de 2004, por lo que se niega lisa y llanamente cualquier tipo de relación laboral entre la Delegación en Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social o de las unidades administrativas que de ella dependen y el actor antes del 07 de abril de 1999. .Por lo que se reitera la negativa de la relación laboral entre el ahora actor y la Delegación en Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social en cualquier periodo anterior al 07 de abril de 1999. .Falta de acción y derecho de la parte actora para reclamar de mi representado la rectificación de la fecha de ingreso del actor, según se detallará más adelante. Para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar en derecho y en favor del actor, toda vez que el hoy actor comenzó a trabajar para la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual es mi representada y única institución emplazada en el domicilio indicado en la demanda inicial a partir del 07 de abril de 1999 a través de la bolsa de trabajo IMSS-Oportunidades, teniendo su nombramiento definitivo como médico general UM con efectos a partir del 16 de febrero de 2004. .Falta de acción y derecho. De la parte actora para reclamar de mi representado el reconocimiento y cómputo efectivo del tiempo de servicios prestados de dicho trabajador, desde la fecha de ingreso que se reclama y su rectificación. . Toda vez que el cómputo del tiempo e (sic) servicios prestados por el actor reconocido por mi representada es el correcto desde su inicio como integrante de la bolsa de trabajo del programa IMSS-Oportunidades, teniendo reconocida la antigüedad desde la fecha de su primer contrato individual por tiempo determinado que lo fue el 07 de abril de 1999. .HECHOS. También es falso y se niega que el actor haya laborado de forma permanente y continua a partir del 01 de julio de 1991."(fojas 30 a 33 ibídem). 8.4. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Junta responsable dictó el laudo correspondiente, en el que resolvió que el actor probó su acción y el Instituto demandado no justificó sus excepciones y defensas, ello tomando como base el resultado que arrojó la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora; pues dicho ente laboral adujo que operaba la presunción legal a favor del actor de tener por presuntivamente ciertos los hechos que pretende probar, dado que la parte demandada no exhibió la totalidad de la documentación requerida, en consecuencia, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a rectificar, reconocer y computar como fecha de inicio a laborar del Dr. Jaime Juárez Varela, a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y uno (fojas 99 a 101 del sumario natural). 8.5. Inconforme con ese fallo, el Instituto de salud demandado interpuso demanda de amparo directo, del que conoció el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, radicándolo bajo el consecutivo 459/2015, de su índice, órgano jurisdiccional que en sesión de uno de junio de dos mil quince , concedió el amparo y protección para los siguientes efectos: "Con apoyo en el artículo 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente el laudo reclamado y, b) Pronuncie otro en el que reitere los aspectos que no fueron materia de la concesión, excluya del reconocimiento de la antigüedad del actor los periodos comprendidos del uno de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta de junio de mil novecientos noventa y dos, al haberse demostrado que en ese periodo realizó su internado de pregrado, así como del uno de agosto de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y tres, ya que en ese lapso el actor realizó su servicio social; y, con libertad de jurisdicción, analice nuevamente la litis planteada". 8.6. En cumplimiento a la anterior sentencia protectora, el dos de julio de ese mismo año, la autoridad responsable dictó un nuevo laudo en el que atendió los lineamientos establecidos en ese veredicto (fojas 111 a 117 del juicio de origen). 8.7. Con motivo de esa resolución laboral, en acuerdo de tres de septiembre de esa anualidad, contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, declaró cumplido el fallo protector. 8.8. Luego, no conforme con el laudo emitido en cumplimiento a la ejecutoria que precede, la Delegación Estatal en Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su representante legal, interpuso juicio uniinstancial, del que conoció este órgano colegiado bajo el progresivo 57/2015, y en sesión de ocho de octubre dos mil quince, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al tenor de lo que enseguida se transcribe: "a) Deje insubsistente el laudo reclamado y, b) Dicte otro en el que en virtud a las consideraciones aquí expuestas, concluya que se desvirtúa la presunción legal de ser ciertos los hechos que pretende acreditar la parte actora, respecto a la antigüedad laborada; y declare que la fecha de inicio de labores del actor en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve" (fojas 120 a 157 ibídem. Lo destacado es propio). 8.9. En acatamiento a la sentencia de amparo, el tres de noviembre de dicha anualidad, la autoridad responsable dictó un nuevo laudo en el que se ajustó a las directrices establecidas en ella (folios 168 a 174 del sumario natural); asimismo, es importante señalar que este Tribunal Constitucional declaró cumplida la sentencia federal, el dos de febrero de dos mil dieciséis, como se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 9. Se destaca que en el programa informático denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Asuntos del Conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación", se encuentran los datos de la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito y la síntesis de los acuerdos en comento, pues éstos constituyen un hecho notorio para este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con lo dispuesto en el precepto 2 de la Ley de Amparo. 10. Sobre el particular, es aplicable la tesis I.10o.C.2 K (10a.), que se comparte del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicable en página 2187, Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda". 11. Asimismo, la jurisprudencia XXI.3º.J/7, que también se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 804, Tomo XVIII, octubre de 2013, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente, establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones". 12. Sentado lo anterior, de los antecedentes insertos se desprende medularmente que el aquí quejoso, promovió la demanda laboral de origen con el objeto de que se le reconociera la antigüedad en el servicio para el Instituto de seguridad social demandado, desde el uno de julio de mil novecientos noventa y uno. 13. En la sentencia de amparo dictada en sesión de uno de junio de dos mil quince , por el ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, se concedió la protección constitucional para que la Junta responsable emitiera otro laudo donde excluyera del reconocimiento de antigüedad los periodos del uno de julio de mil novecientos noventa y uno al treinta de junio de mil novecientos noventa y dos; así como del uno de agosto siguiente al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y tres. 14. Ahora, en la determinación mediante la cual se cumplimentó el fallo de derechos fundamentales anterior, la autoridad laboral excluyó el lapso aludido del reconocimiento de antigüedad, quedando como data de inicio de la prestación de servicios por parte del actor, del uno de agosto de mil novecientos noventa y tres (folio 116 vuelta del sumario natural). 15. Después, en la sentencia pronunciada en sesión de ocho de octubre de dos mil quince, en el juicio uniinstancial 57/2015, del índice de este órgano colegiado, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Junta responsable, concluyera que se desvirtúa la presunción legal de ser ciertos los hechos que pretende acreditar la parte actora, respecto a la antigüedad laborada; y declare que la fecha de inicio de labores del actor en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve. 16. Lo anterior, pone de manifiesto que con la emisión de la ejecutoria constitucional citada, se resolvió definitivamente la problemática jurídica sin dejarle a la autoridad responsable libertad de jurisdicción, en atención a que se le conminó a establecer que el aquí agraviado comenzó a laborar para la institución de seguridad social demandada, el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve (data que el Instituto Mexicano del Seguro Social demandado argumentó durante la secuela procesal como la correcta). 17. Es decir, la Junta responsable no conservó su jurisdicción original y la nueva resolución que dictó (que constituye el acto aquí reclamado), estuvo completa e indisolublemente vinculada en su sentido y alcance a lo que le ordenó este Tribunal Colegiado (establecer como fecha de inicio a laborar del actor el siete de abril de mil novecientos noventa y nueve), de manera que al no existir temas novedosos que puedan ser sujetos a debate ?debido a la completa vinculación con la sentencia de derechos fundamentales?, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en los preceptos 62 y 63, fracción V, de la invocada legislación, así como en la jurisprudencia 2a./J. 113/2012 (10a.), ya citada, se impone sobreseer en el presente juicio uniinstancial. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo que se reclama de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, consistente en el laudo de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 766/2012, de su índice..." PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO ESE PLAZO, CON O SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA, PROVÉASE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA. FINALMENTE, EN SU OPORTUNIDAD VUELVA EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA CORRESPONDIENTE.

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