Jaime José Pacheco Aguileta

Expediente 57/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
57/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Jaime José Pacheco Aguileta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibidos del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve, mediante oficio 857/2021; y remite el testimonio de la resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca relativo al incidente de inejecución de sentencia ********************, resolución cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el incidente de inejecución de sentencia planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 57/2020-II-A." Acúsese recibo vía interconexión y hágase del conocimiento de las partes el sentido de la citada resolución. Ahora bien, en atención a que resultó improcedente el aludido incidente de inejecución de sentencia y a lo resuelto por la Superioridad, en estricto cumplimiento, se provee de la siguiente manera: En primer término, cabe recordar que en sentencia firmada el cuatro de marzo de dos mil veinte, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa ********************, sin condición alguna, el vehículo de su propiedad que le fue retenido con motivo de los hechos ocurridos el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve." Por acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la citada autoridad responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, remitió dos oficios, siendo que con el número SSP/DJ/23335/2020, de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, recibido por auto de veintiuno siguiente, adjuntó copia certificada del acta con folio de salida 115339, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se hace constar la entrega del vehículo automotor de referencia, al quejoso ********************. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad para la fecha en que causó ejecutoria la sentencia ya había emitido los actos sobre los cuales versaba el cumplimiento a la misma, pues así se desprende de las constancias que remitió. En ese sentido, debe decirse que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, PUES SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veinte. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio 6428/2020, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que comunica que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia relativo al juicio de amparo 57/2020-II-A, de donde deriva este expedientillo; lo anterior, con motivo de la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia concesora del amparo, pronunciada en dicho juicio. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el veintidós de octubre de dos mil veinte, sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el cuatro de marzo de dos mil veinte, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".la autoridad responsable devuelva a la parte quejosa ********************, sin condición alguna, el vehículo de su propiedad que le fue retenido con motivo de los hechos ocurridos el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve." Por acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la citada autoridad responsable su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, remitió dos oficios, siendo que con el número SSP/DJ/23335/2020, de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, recibido por auto de veintiuno siguiente, adjuntó copia certificada del acta con folio de salida 115339, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que se hace constar la entrega del vehículo automotor de referencia, al quejoso ********************. De lo anterior se advierte que la responsable se encuentra imposibilitada materialmente para acatar la ejecutoria de amparo, pues tal como se demuestra con las constancias que remitió a este Juzgado, la devolución del vehículo de mérito se efectuó con anterioridad a la sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector; determinación que se estima no causa un perjuicio a la parte quejosa, pues en caso de no estar conforme con la misma, quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer por los medios de defensa que la propia Ley de la materia pone a su alcance. En esas circunstancias, se declara que existe imposibilidad jurídica de la aludida autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 431, del Tomo XXVII, enero de 2008, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." También es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 140, del Tomo XXV, junio de 2007, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2017828, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 23/2018 (10a.), Página: 274, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Finalmente, transcurrido el término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, de no interponerse recurso de inconformidad, dese nueva cuenta para acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto. Notifíquese a las partes, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto: agréguese a estos autos el oficio de cuenta SSP/DJ/23335/2020 del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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