Jaime Jorge Sánchez González

Expediente 1902/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1902/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Jaime Jorge Sánchez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria y se ordena archivo La Actuaria del Primer Tribunal del Primer Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remite el juicio de amparo 1902/2021-VI del índice de este Juzgado, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada el diez de octubre de dos mil veintitrés, en el recurso de inconformidad ********************, interpuesto en contra del auto que declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio cuyo único punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es infundada la inconformidad interpuesta por ********************, en contra de la resolución emitida el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por la Jueza Séptima de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo número 1902/2021." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente respecto del juicio de amparo 1902/2021-VI, y del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de inconformidad ********************, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en el cuaderno formado con motivo del citado recurso de inconformidad; y procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Destrucción del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es destruible una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión para constancia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que este asunto es conservable, y la parte quejosa no exhibió documentos originales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo en comento, notifíquese el presente a dicha parte mediante lista. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. TCC admite recurso de inconformidad. La Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de trece de marzo del año en curso, dictado en el recurso de inconformidad ********************, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Recurso de inconformidad. *** [quejoso]; interpone recurso de inconformidad, en contra del proveído del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 201,202 y 203 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesta la inconformidad en contra de dicha determinación. Por lo que a efecto de dar mayor celeridad y eficacia en la impartición de justicia, distribúyanse entre las partes copia simple de los escritos que se proveen, para su conocimiento y efectos legales procedentes, y una vez notificadas las mismas de este proveído, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, así como el original del escrito de inconformidad, para la substanciación del mismo. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, establece, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos en esa modalidad, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. Por otra parte, una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado al que corresponda resolver el medio de impugnación, procédase a la vinculación del expediente electrónico. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuadernillo de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés.****************************************Se declara cumplida la sentencia. ****************************************Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, en el que desahogó la vista concedida únicamente la parte quejosa.****************************************Por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público.****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."****************************************Sentencia.****************************************Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en la que, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ****************************************VI. DECISIÓN****************************************Respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de petición presentado por el quejoso el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, al no ser violatorio del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, complementado por el diverso numeral 37 del Código Fiscal de la Federación, se niega la protección constitucional solicitada.****************************************Recurso de revisión.****************************************Mediante proveído del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa, promoviendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lo radicó bajo el número ******************** de su índice. ****************************************Ejecutoria. ****************************************En ese orden, se determinó revocar la sentencia en el recurso de revisión ******************** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y en ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se estableció lo siguiente: ****************************************"PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida.****************************************SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a ********************, contra la omisión de dar respuesta al escrito de petición presentado el veintidós de octubre de esa anualidad ante la autoridad responsable, por las razones y en los términos establecidos en el último considerando de la presente ejecutoria."****************************************Efectos del amparo.****************************************Ahora bien, del testimonio remitido por el Tribunal Colegiado oficiante, se precisó que se concedió el amparo para los efectos siguientes:****************************************".para que la autoridad responsable, dentro del plazo de diez días, siguientes a la notificación de esta ejecutoria, dé respuesta de manera congruente, fundada y motivada al escrito presentado por el quejoso el veintidós de octubre de dos mil veintiuno. ****************************************En ese orden, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento.****************************************Cumplimiento. ****************************************En atención a lo anterior, mediante proveído del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la responsable remitiendo copia certificada de la contestación realizada el diecisiete de enero del año en curso, respecto al escrito presentado por el quejoso.****************************************En el oficio antes precisado, se advierte que la autoridad responsable acordó el escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno ante la Administración Desconcentrada del Servicios al Contribuyente Puebla "1", por el cual solicitó en esencia la renovación de su firma electrónica y en lo que interesa, la autoridad responsable precisó lo siguiente:****************************************************************************************************Con base en lo expuesto, se estima que los efectos de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo se encuentran cumplidos, ya que la autoridad responsable emitió una respuesta a la petición del quejoso, en la que precisó el motivo por el cual en primer término se había dejado sin efecto el certificado de la e-firma de la parte quejosa y que con motivo de la aclaración respectiva, se emitió una opinión de cumplimiento positiva. ****************************************Asimismo, concluyó que derivado de las diversas aclaraciones que realizó el contribuyente [aquí quejoso], con fecha diecisiete de marzo de la pasada anualidad, le fue otorgado el certificado de la firma electrónica, el cual se encuentra vigente hasta el diecisiete de marzo de dos mil veintiséis. ****************************************Manifestaciones de la parte quejosa.****************************************No resultan obstáculo a lo anterior las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, al desahogar la vista concedida en acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés; al respecto, se procede a dar contestación en los siguientes términos:****************************************En primer término, el promovente refiere que la respuesta dada por la autoridad responsable está fundada y motivada en términos de la regla 2.2.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, lo que según su parecer es contrario a la ejecutoria, esto es, precisa que la respuesta no tiene congruencia con la petición formulada.****************************************Al respecto conviene recordar que el quejoso en escrito de petición se solicitó en esencia la renovación de su certificado de e.firma.****************************************En atención a lo anterior, la autoridad responsable precisó que derivado de las diversas aclaraciones que presentó el contribuyente, le fue otorgado el certificado de la firma electrónica, y estableció que a la presente fecha dicho certificado se encuentra vigente hasta el diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.****************************************En ese sentido, cabe destacar que los argumentos del justiciable esencialmente están encaminados a controvertir la legalidad de la respuesta dada por la autoridad responsable.****************************************Sin embargo, no debe soslayarse que la concesión de la protección constitucional únicamente se otorgó para que la autoridad responsable emitiera una respuesta en relación con el escrito del quejoso presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, partiendo de la base que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que le formulen mas no a que se dicten conforme a sus pretensiones.****************************************Por lo tanto, es claro que la respuesta emitida el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, escapa a los efectos de la sentencia amparadora, ya que constituye un nuevo acto que no se analizó en el fallo, por lo que si los argumentos del quejoso pretenden combatir los motivos y fundamentos de la respuesta, esa cuestión debe desestimarse.****************************************Así es, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, la sentencia de amparo sólo obligaba a la autoridad responsable a que diera respuesta de forma congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el quejoso como lo exige el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional.****************************************Lo anterior, debido a que el derecho de petición únicamente garantiza que la autoridad otorgue una contestación, sin que exista obligación que la misma sea en un determinado sentido, siempre que sea congruente y que se encuentre fundada y motivada, como sucede en el caso concreto.****************************************Al respecto, existe el siguiente criterio jurisprudencial de la SCJN:****************************************"INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia."****************************************No sobra decir que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto de la necesidad de distinguir entre el derecho de petición -y su respuesta- y el acto administrativo, pues del primero ha dicho que es la vía mediante la cual los ciudadanos informan al gobierno sobre sus problemas y la obligación que éste tiene de responder, por lo menos, que se ha enterado de los mismos, es decir, sólo tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún resultado específico, en tanto que el segundo, como ya se dijo, consiste en la declaración de voluntad por parte de un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, el cual puede emanar de forma unilateral, o bien derivado de una procedimiento administrativo -entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la emisión del acto administrativo-, que emana a instancia del particular.****************************************Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la siguiente tesis aislada:****************************************"DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas."****************************************Por lo tanto, en el supuesto de ser desfavorable la respuesta a los intereses del promovente, podrá orientar su defensa en la vía recursal o jurisdiccional que legalmente proceda.****************************************Sin que pase desapercibida la manifestación de la parte quejosa en el sentido del cumplimiento defectuoso realizado por la autoridad responsable, pues este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con la determinación emitida el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haber dado contestación al quejoso como se ordenó en la sentencia emitida, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal.****************************************Conclusión.****************************************Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias antes señaladas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal.****************************************Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO."****************************************Por todo lo anterior, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo.****************************************Por otra parte, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad.****************************************Incidente de repetición del acto reclamado propuesto por la parte quejosa.****************************************Ahora, del estado que guardan los presentes autos, también se advierte que en auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se reservó proveer respecto de la denuncia de repetición del acto reclamado interpuesta por el quejoso, hasta en tanto se calificara el cumplimiento de la sentencia de amparo; lo que en la especie acontece, por lo que se procede a acordar lo conducente.****************************************Así, se observa que el justiciable hizo esa manifestación en virtud de que la autoridad responsable emitió el diecisiete de enero del año en curso.****************************************En ese contexto, es evidente que el acuerdo que haya recaído al escrito del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, y que constituye el acto denunciado, no versa sobre los mismos hechos y actuaciones que dieron origen al acto reclamado en el juicio de amparo; se afirma lo anterior, toda vez que al emitir el acuerdo del diecisiete de enero del año en curso la autoridad responsable se pronunció respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, mientras que al momento en que la quejosa presentó su petición, no se hizo alguna pronunciamiento respecto de la omisión reclamada. ****************************************En consecuencia, lo se advierte que en el presente asunto exista repetición del acto reclamado, pues en primera instancia no existía un pronunciamiento respecto de la solicitud de la parte quejosa, por lo que resulta evidente no existe igualdad en relación con el nuevo acto emitido por la autoridad responsable, pues los hechos y actuaciones son diversos e independientes.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 68/99, cuyos datos de localización, rubro y texto son:****************************************"REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE AUN CUANDO LOS NUEVOS ACTOS SEAN DE IGUAL NATURALEZA Y EN RELACIÓN AL MISMO QUEJOSO, SI VERSAN SOBRE DIVERSOS E INDEPENDIENTES HECHOS Y ACTUACIONES. Si los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio en que se haya concedido el amparo versan sobre hechos y actuaciones diversos e independientes a los que hayan constituido los segundos, aun cuando se refieran a procedimientos de igual naturaleza y en relación al mismo quejoso, no deben incluirse dentro de los efectos del fallo protector, sino que deben ser materia de un juicio de garantías diverso." (9ª. Época; 1ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, Noviembre de 1999; Página 378).****************************************Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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