Jaime Jimenez Romero

Expediente 723/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
723/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Jaime Jimenez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al auto de treinta de junio del año que transcurre, remite el exhorto sin diligenciar 1900/2022-VIII (orden 2459/2022-VIII), de su índice, derivado del diverso 409/2022-ll (orden 409/2022-ll) del índice de este Juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa, que se le remitió a efecto de notificar al quejoso Jaime Jiménez Romero, el proveído de catorce de junio del año en curso. En consecuencia, dese de baja el exhorto de que se trata el en libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes, sin que haya lugar a acusar de recibo, toda vez que el mismo se genera en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a su contenido, se desprende la razón de once de julio del presente año, asentada por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, de la que se advierte la imposibilidad de notificar el proveído de catorce y treinta de junio del año que transcurre, a la parte quejosa Jaime Jiménez Romero, toda vez que al comunicarse al Departamento Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", le informaron que la persona a notificar falleció el veintidós de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquese la notificación del proveído en comento por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Jaime Jiménez Romero, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 723/2022-II. Actos reclamados De la demanda, se aprecia como acto reclamado el siguiente: Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Desechamiento orden de traslado En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso Jaime Jiménez Romero del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, Tlaxcala a uno diverso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Ello, en virtud de que al reclamar una orden de traslado, la ley vigente y aplicable es la referida; por tanto, la inaplicación de la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que además se refiere a la temporalidad en la promoción de la demanda de amparo y no a la excepción en la observancia del principio de definitividad. Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.) Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 7, Undécima Época, noviembre de 2021, página 1513, registro digital 2023736, que indica: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es incuestionable que éste resulta improcedente, B) Desechamiento respecto a los diversos actos reclamados. Ahora bien, por lo que respecta al acto que señala en los incisos B y C, esto es: Debe indicarse al impetrante, que se refieren a cuestiones de internamiento, respecto del cual, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Ahora, el aludido precepto legal establece, que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto y de lo narrado por la parte quejosa, se obtiene que los hechos que ataca únicamente estén relacionados con cuestiones propias de las condiciones de internamiento del centro en que se encuentra privado de la libertad el quejoso Jaime Jiménez Romero. En efecto, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. En ese sentido, la naturaleza del acto en reclamo deriva de las condiciones de internamiento del quejoso; por ello, se estima que previo a promover demanda de amparo, debió presentar el escrito correspondiente ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo dar respuesta favorable, acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Se cita en apoyo a lo antes expuesto, la tesis XXII.P.A.35 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2580, Libro 57, Tomo III, Agosto de 2018, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017652, de rubro "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". Por analogía, se invoca la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018548, de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Asimismo, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Página 258, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.". Igualmente, es de invocarse la tesis XXII.P.A.33 P (10a.), Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2582, Libro 57, agosto 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017651 de rubro "ACTOS O DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE EL SENTENCIADO COMPURGA SU PENA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IX, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SON IMPUGNABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO ANTE EL DIRECTOR DE DICHO CENTRO Y, EN CASOS URGENTES, POR CUALQUIER MEDIO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.". Por tanto, en el caso concreto, se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, ésta última relacionada con el diverso numeral 217 de la ley de la materia; en consecuencia, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jaime Jiménez Romero, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado al no haber señalado diverso domicilio. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Citlali López Monreal, por contar con cedula registrada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ulises Romero Reyes y José Ernesto Carmona Bolaños, por así solicitarlo expresamente. Se ordenan notificaciones personales, recluido No obstante lo anterior, en virtud que, del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso Jaime Jiménez Romero, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente y al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintidós. Razón actuarial, se ordena notificar por lista de acuerdos Agréguese a los autos la razón de cuenta levantada por el actuario adscrito a este juzgado, en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, emitida en el presente juicio, por los motivos que indica en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al referido quejoso la citada resolución, así como el presente y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco. Se gira exhorto. Ahora, toda vez que el quejoso Jaime Jiménez Romero, se encuentran recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco, en Villa Aldama, Veracruz; el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, en turno, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido íntegro de este proveído, así como el diverso de catorce de junio del presente año, al quejoso Jaime Jiménez Romero. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Jaime Jiménez Romero, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 723/2022-II. Actos reclamados De la demanda, se aprecia como acto reclamado el siguiente: Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Desechamiento orden de traslado En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso Jaime Jiménez Romero del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, Tlaxcala a uno diverso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Ello, en virtud de que al reclamar una orden de traslado, la ley vigente y aplicable es la referida; por tanto, la inaplicación de la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que además se refiere a la temporalidad en la promoción de la demanda de amparo y no a la excepción en la observancia del principio de definitividad. Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.) Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 7, Undécima Época, noviembre de 2021, página 1513, registro digital 2023736, que indica: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es incuestionable que éste resulta improcedente, B) Desechamiento respecto a los diversos actos reclamados. Ahora bien, por lo que respecta al acto que señala en los incisos B y C, esto es: Debe indicarse al impetrante, que se refieren a cuestiones de internamiento, respecto del cual, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Ahora, el aludido precepto legal establece, que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto y de lo narrado por la parte quejosa, se obtiene que los hechos que ataca únicamente estén relacionados con cuestiones propias de las condiciones de internamiento del centro en que se encuentra privado de la libertad el quejoso Jaime Jiménez Romero. En efecto, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. En ese sentido, la naturaleza del acto en reclamo deriva de las condiciones de internamiento del quejoso; por ello, se estima que previo a promover demanda de amparo, debió presentar el escrito correspondiente ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo dar respuesta favorable, acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Se cita en apoyo a lo antes expuesto, la tesis XXII.P.A.35 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2580, Libro 57, Tomo III, Agosto de 2018, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017652, de rubro "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". Por analogía, se invoca la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018548, de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Asimismo, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Página 258, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.". Igualmente, es de invocarse la tesis XXII.P.A.33 P (10a.), Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2582, Libro 57, agosto 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017651 de rubro "ACTOS O DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE EL SENTENCIADO COMPURGA SU PENA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IX, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SON IMPUGNABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO ANTE EL DIRECTOR DE DICHO CENTRO Y, EN CASOS URGENTES, POR CUALQUIER MEDIO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.". Por tanto, en el caso concreto, se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, ésta última relacionada con el diverso numeral 217 de la ley de la materia; en consecuencia, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jaime Jiménez Romero, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado al no haber señalado diverso domicilio. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Citlali López Monreal, por contar con cedula registrada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ulises Romero Reyes y José Ernesto Carmona Bolaños, por así solicitarlo expresamente. Se ordenan notificaciones personales, recluido No obstante lo anterior, en virtud que, del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso Jaime Jiménez Romero, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente y al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintidós. Razón actuarial, se ordena notificar por lista de acuerdos Agréguese a los autos la razón de cuenta levantada por el actuario adscrito a este juzgado, en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, emitida en el presente juicio, por los motivos que indica en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al referido quejoso la citada resolución, así como el presente y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco. Se gira exhorto. Ahora, toda vez que el quejoso Jaime Jiménez Romero, se encuentran recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco, en Villa Aldama, Veracruz; el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, en turno, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido íntegro de este proveído, así como el diverso de catorce de junio del presente año, al quejoso Jaime Jiménez Romero. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Jaime Jiménez Romero, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 723/2022-II. Actos reclamados De la demanda, se aprecia como acto reclamado el siguiente: Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Desechamiento orden de traslado En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso Jaime Jiménez Romero del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, Tlaxcala a uno diverso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Ello, en virtud de que al reclamar una orden de traslado, la ley vigente y aplicable es la referida; por tanto, la inaplicación de la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que además se refiere a la temporalidad en la promoción de la demanda de amparo y no a la excepción en la observancia del principio de definitividad. Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.) Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 7, Undécima Época, noviembre de 2021, página 1513, registro digital 2023736, que indica: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es incuestionable que éste resulta improcedente, B) Desechamiento respecto a los diversos actos reclamados. Ahora bien, por lo que respecta al acto que señala en los incisos B y C, esto es: Debe indicarse al impetrante, que se refieren a cuestiones de internamiento, respecto del cual, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Ahora, el aludido precepto legal establece, que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto y de lo narrado por la parte quejosa, se obtiene que los hechos que ataca únicamente estén relacionados con cuestiones propias de las condiciones de internamiento del centro en que se encuentra privado de la libertad el quejoso Jaime Jiménez Romero. En efecto, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. En ese sentido, la naturaleza del acto en reclamo deriva de las condiciones de internamiento del quejoso; por ello, se estima que previo a promover demanda de amparo, debió presentar el escrito correspondiente ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo dar respuesta favorable, acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Se cita en apoyo a lo antes expuesto, la tesis XXII.P.A.35 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2580, Libro 57, Tomo III, Agosto de 2018, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017652, de rubro "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". Por analogía, se invoca la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018548, de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Asimismo, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Página 258, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.". Igualmente, es de invocarse la tesis XXII.P.A.33 P (10a.), Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2582, Libro 57, agosto 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017651 de rubro "ACTOS O DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE EL SENTENCIADO COMPURGA SU PENA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IX, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SON IMPUGNABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO ANTE EL DIRECTOR DE DICHO CENTRO Y, EN CASOS URGENTES, POR CUALQUIER MEDIO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.". Por tanto, en el caso concreto, se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, ésta última relacionada con el diverso numeral 217 de la ley de la materia; en consecuencia, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jaime Jiménez Romero, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado al no haber señalado diverso domicilio. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Citlali López Monreal, por contar con cedula registrada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ulises Romero Reyes y José Ernesto Carmona Bolaños, por así solicitarlo expresamente. Se ordenan notificaciones personales, recluido No obstante lo anterior, en virtud que, del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso Jaime Jiménez Romero, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente y al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Jaime Jiménez Romero, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlaxcala y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 723/2022-II. Actos reclamados De la demanda, se aprecia como acto reclamado el siguiente: Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Desechamiento orden de traslado En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso Jaime Jiménez Romero del Centro de Reinserción Social Tlaxcala, Tlaxcala a uno diverso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Ello, en virtud de que al reclamar una orden de traslado, la ley vigente y aplicable es la referida; por tanto, la inaplicación de la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que además se refiere a la temporalidad en la promoción de la demanda de amparo y no a la excepción en la observancia del principio de definitividad. Los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la letra dicen: "(.) Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.) Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" La Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. De igual forma, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Recientemente, nuestro Alto Tribunal, en el criterio que más adelante se invoca, ha establecido que respecto de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal o la apelación en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate; lo que conduce a concluir que la orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se erige dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 7, Undécima Época, noviembre de 2021, página 1513, registro digital 2023736, que indica: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es incuestionable que éste resulta improcedente, B) Desechamiento respecto a los diversos actos reclamados. Ahora bien, por lo que respecta al acto que señala en los incisos B y C, esto es: Debe indicarse al impetrante, que se refieren a cuestiones de internamiento, respecto del cual, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Ahora, el aludido precepto legal establece, que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto y de lo narrado por la parte quejosa, se obtiene que los hechos que ataca únicamente estén relacionados con cuestiones propias de las condiciones de internamiento del centro en que se encuentra privado de la libertad el quejoso Jaime Jiménez Romero. En efecto, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, así como sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. En ese sentido, la naturaleza del acto en reclamo deriva de las condiciones de internamiento del quejoso; por ello, se estima que previo a promover demanda de amparo, debió presentar el escrito correspondiente ante la autoridad penitenciaria donde se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, o bien contestada la misma, empero, omitiendo dar respuesta favorable, acudir ante el Juez de Control o Ejecución. Pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Se cita en apoyo a lo antes expuesto, la tesis XXII.P.A.35 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2580, Libro 57, Tomo III, Agosto de 2018, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017652, de rubro "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". Por analogía, se invoca la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018548, de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Asimismo, la tesis XXII.P.A.34 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Página 258, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.". Igualmente, es de invocarse la tesis XXII.P.A.33 P (10a.), Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2582, Libro 57, agosto 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017651 de rubro "ACTOS O DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE EL SENTENCIADO COMPURGA SU PENA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN IX, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SON IMPUGNABLES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO ANTE EL DIRECTOR DE DICHO CENTRO Y, EN CASOS URGENTES, POR CUALQUIER MEDIO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.". Por tanto, en el caso concreto, se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, ésta última relacionada con el diverso numeral 217 de la ley de la materia; en consecuencia, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jaime Jiménez Romero, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado al no haber señalado diverso domicilio. Autorizados Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Citlali López Monreal, por contar con cedula registrada en la página de internet https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ulises Romero Reyes y José Ernesto Carmona Bolaños, por así solicitarlo expresamente. Se ordenan notificaciones personales, recluido No obstante lo anterior, en virtud que, del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso Jaime Jiménez Romero, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala; con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente y al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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