Jaime Jesús Sánchez Marquez

Expediente 343/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Francisco Fierro Sosa
  • Jaime Jesús Sánchez Marquez
  • Fiscalia General de Justicia del Estado de México y Director General Jurídico y Consultivo
  • Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    ...Consecuentemente, toda vez que no existe acto pendiente por cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno...

  2. Queja

    ...Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno...

  3. Juicio de Amparo Directo

    ...En tal virtud, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo...

  4. Queja

    VOTO PARTICULAR que formula el magistrado Guillermo Núñez Loyo, de conformidad a lo previsto en el artículo 186 de la Ley de Amparo1 , en el recurso de queja 343/2021, resuelto en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Respetuosamente disiento de las consideraciones expresadas por los señores magistrados, que conformaron el voto mayoritario que rige la decisión en el presente asunto, en cuanto a considerar fundado el medio de impugnación. I. CUESTIÓN PREVIA En principio, para sentar mi postura en el caso concreto, haré una breve reseña de los siguientes antecedentes: a) Acto administrativo. Javier García Carrasco, perteneciente a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo en Metepec de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al haber sido dado de baja, presentó escrito mediante el cual, solicitó al Fiscal General de Justicia del Estado de México su reincorporación a la institución, así como el pago de haberes. Mediante oficio emitido por el Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se le dio contestación en el sentido de que su solicitud se presentaría a la oficinas de le Dirección de Administración y Nóminas de la Fiscalía General del Estado de México. 1 Artículo 186.- La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de diez días siguientes al de la firma del engrose, voto en el que expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamentan. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. b) Juicio administrativo. El tres de diciembre de dos mil dieciocho, Javier García Carrasco promovió demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, contra el Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General del Estado de México, contra la respuesta en relación a la petición de reincorporación del elemento. Seguidos los trámites, mediante sentencia de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México determinó declarar la validez del acto impugnado. c) Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora del juicio administrativo interpuso recurso de revisión. Seguidos los tramites, la Primera Sección de la Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México resolvió revocar la sentencia recurrida, ordenando a la autoridad demandada para que en un plazo de tres días remitiera la solicitud formulada por la parte actora al Consejo de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de México, debiendo informar a la Sala la remisión de dicha petición. d) Etapa de cumplimiento. La autoridad demandada, señaló que ya había dado respuesta y que se actualizaba la imposibilidad jurídica y material para que se diera cumplimiento a la sentencia y, por tanto, el requerimiento formulado. e) Requerimiento de cumplimiento. No obstante, el magistrado de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, requirió de nueva cuenta al Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el apercibimiento de que era la segunda ocasión en que requería a la autoridad demanda para el cumplimiento de la sentencia, y que en caso de no cumplir, se le impondría una multa de cien veces el salario mínimo. f) Manifestaciones sobre imposibilidad para dar cumplimiento. Ante lo cual, el Director General Jurídico y Consultivo, respondió en el sentido que la sentencia resultaba ser excesiva e incongruente, ya que el Servicio de Carrera y el Consejo de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado se encuentran en migración, teniendo como fecha límite hasta el dos mil veintitrés, por lo que existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la sentencia. g) Imposición de multa. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México hizo efectivo el apercibimiento e impuso multa al maestro Luis Francisco Fierro Sosa, en su carácter de Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por cien veces la unidad de medida de actualización. h) Demanda de amparo indirecto. Ante lo cual, por oficio presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, Juventino Vidal Vara, en su calidad de apoderado legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, promovió juicio de amparo en representación de Luis Francisco Fierro Sosa, Director General Jurídico y Consultivo de la referida fiscalía, en contra del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en el Juicio Administrativo 1161/2018, por la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que se impuso multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. i) Desechamiento. El Juez de Distrito, mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, determinó desechar de plano la demanda de amparo, al advertir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6, párrafo primero de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que quien acudía al juicio de garantías era el Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y no la persona física a quien se le impuso la multa. j) Recurso de queja. Inconformes con dicha determinación, el apoderado legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, interpuso el presente recurso, en el que en sus agravios, sustancialmente señala que, no acudió al juicio de amparo indirecto en representación del Director General Jurídico y Consultivo de dicha fiscalía, sino, en representación de la persona física Luis Francisco Fierro Sosa. II. CRITERIO DE LA MAYORÍA El criterio de la mayoría es declarar fundado el recurso de queja, porque se consideran que, contrario a lo determinado en el auto recurrido, y en atención a la figura de suplencia de la queja2 , el juez de Distrito al recibir la demanda de amparo, debió: ? Interpretar el escrito en su integridad, con un sentido liberal y no restrictivo, con el objetivo de armonizar los datos y los elementos en su conjunto, para establecer correctamente el alcance y la intención del promovente, y así poder realizar una impartición de justicia objetiva. ? Contemplar toda la información proporcionada por el quejoso, para poder determinar que, efectivamente quien promovió el juicio de amparo fue Luis Francisco Fierro Sosa, en su calidad de persona física. ? Que la demanda la presentó el quejoso, a través del apoderado legal del Director Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General del Estado de México. ? Que para el caso en concreto, es aplicable la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala del Máximo 2 "Conforme al artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia P./J. 34/2018(10a). del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto, siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Tribunal, identificada con el consecutivo, 2a./J. 142/2017 (10a.), de rubro SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. III. CRITERIO EN EL VOTO PARTICULAR Considero, fue correcta la determinación del juez de Distrito en desechar la demanda de amparo, porque desde mi punto de vista, dicho medio de impugnación fue presentado, por la Fiscalía General del Estado de México y/o el Director Jurídico y Consultivo de dicha fiscalía, a través de su apoderado, y no así, la persona física Luis Francisco Fierro Sosa, a quien le fue impuesta la multa por parte de la Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Para evidenciar la anterior conclusión, considero pertinente, invocar lo previsto por los artículos 5, fracción I, 6, párrafo primero, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, mismos que son del tenor siguiente: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De los preceptos referidos se puede deducir que: ? Tiene el carácter de quejoso, la persona, ya sea física o moral que resiente, una afectación real a un derecho subjetivo. ? La afectación, se produce por una norma, acto u omisión que violan derechos subjetivos. ? El quejoso debe resentir una afectación real y actual a su esfera jurídica. ? La persona, física o moral que resienta la afectación de la norma o acto reclamado, puede promover el juicio de amparo. 27/01/23 16:53:51 ? El quejoso puede promover el juicio de amparo, por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos por la ley. De igual manera, en el artículo 108, fracción I3 , de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) De dicho numeral, se puede desprender, que la demanda de amparo, ya sea por escrito o por medios electrónicos, entre otros requisitos, de expresar y en su caso acreditar: a) Nombre y domicilio del quejoso; y/o b) Para el caso de que la demanda se promueva en nombre del quejoso, dicha persona deberá acreditar su representación. Conviene aclarar que la representación a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Amparo, es aplicable no únicamente cuando la parte quejosa lo sea una persona moral, sino también cuando se trate de una persona física; de tal suerte que de dicho numeral interpretado armónicamente con el diverso 108 de la referida ley, se desprende que la demanda de garantías que promueva el quejoso - 3 Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) como persona física- por conducto de su representante, debe satisfacer las mismas exigencias procesales que establece la ley de la materia para el acreditamiento de la personería - como persona moral-. Es decir, la Ley de Amparo, faculta a cualquier persona, ya sea física o moral que decida acudir al juicio de garantías, para defender sus derechos, pueda hacerlo, por propio derecho, o a través de su representante legal o por su apoderado. De ser el caso, la persona que acuda, ya sea como representante legal o apoderado, deberá acreditar el carácter con el que se ostente, es decir, deberá acreditar que el quejoso, la facultó para que lo representara en el juicio de garantías que se pretenda. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de garantías sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, o sea, por la persona física o moral a quien perjudique la norma general o el acto reclamado; sin embargo, esta circunstancia no implica que la demanda de amparo deba suscribirla forzosamente el quejoso, sino que también puede hacerlo su representante legal, quien, al hacerlo, tiene que satisfacer todas las obligaciones procesales relacionadas con el juicio de amparo. En esa línea de pensamiento, para dilucidar, si en el caso que nos ocupa, la persona física Luis Francisco Fierro Sosa a través de su apoderado legal, acudió al juicio de amparo indirecto, conviene traer, la demanda en cuestión, en su parte conducente a: Ahora bien, de dicho extracto, se puede, apreciar que: ? El promovente del juicio de garantías, lo es el licenciado Juventino Vidal Vara, apoderado legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las unidades administrativas de ésta. ? Dicho apoderado, acredita tal representación, con la copia certificada del Instrumento Notarial número 3296, Volumen 156, folios 070-075, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veinte, pasado ante la fe del Maestro en Derecho Víctor Humberto Benítez González, Notario Público Ciento Treinta y Seis del Estado de México. De la referida representación, se advierte que el licenciado Juventino Vidal Vara, acredita su carácter de apoderado legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de las unidades administrativas de dicha institución, siendo una de éstas, la Dirección General Jurídica y Consultiva, tal y como se desprende del contenido de la demanda de amparo que en su parte conducente a establecer el nombre del quejoso, se asentó como: NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- Maestro Luis Francisco Fierro Sosa, Director General Jurídico y Consultivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se especificó en párrafos anteriores. Es importante reiterar que, de la demanda de amparo, así como del referido instrumento notarial, no se desprende, que el Licenciado Juventino Vidal Vara, hubiera sido facultado para representar a persona física alguna, o algún servidor público en lo personal, ni de manera específica, haya sido designado por Luis Francisco Fierro Sosa, como su apoderado legal. Por consiguiente, la representación de la persona física Luis Francisco Fierro Sosa, en favor del licenciado Juventino Vidal Vara, no se encuentra acreditada con documento idóneo. Refuerza lo expuesto, el criterio jurisprudencial, sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número, 2a./J. 142/2017 (10a.), de rubro SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la contradicción de tesis 330/2014, se puede advertir que si bien, la persona física, a quien se le impuso una multa, en el ejercicio de sus funciones como autoridad, para el caso de impugnar dicha sanción, debe hacerlo por propio derecho, y de considerarlo conveniente, podrá además, utilizar el equipo jurídico de la autoridad en donde se desempeñe, según se desprende de lo siguiente: 41. Ahora bien, es cierto que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 114/2017, determinó que las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el recurso de queja contra la resolución que impone una multa al servidor público que incumplió una ejecutoria de amparo.4 En dicha ocasión se argumentó que la multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física y que ésta debe cubrirla con su propio peculio. 42. A pesar de que no fue el punto central de contradicción en dicho precedente, la Sala también señaló que, bajo esa lógica, sólo el servidor público sancionado "es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir" la multa impuesta. (.) 44. Esta Segunda Sala reitera que la multa mencionada debe ser cubierta por la persona física con sus propios recursos y no con los de la dependencia a la que representa; sin embargo, lo cierto es que las conductas u omisiones que motivaron la imposición de las multas referidas se originan con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas y no por una conducta en el ámbito personal o privado del servidor público, por lo que no existe impedimento jurídico para que dicha persona física que ocupa un cargo como servidor público no pueda acudir ante los tribunales a cuestionar la imposición de la sanción señalada, ya sea de manera personal -por derecho propio- o a través de los representantes legales con que cuenta la institución, conforme a las disposiciones 4 Jurisprudencia 2a./J. 103/2014 (10a.), de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO legales y reglamentarias respectivas. Lo anterior, en el entendido de que si el medio de defensa no es exitoso, el funcionario deberá cubrir la multa con sus propios recursos. 45. Esto es, si bien se reconoce que la multa se paga a título personal, lo cierto es que ésta fue impuesta con motivo de un procedimiento en el cual el servidor público multado actuó como autoridad responsable, por lo que el hecho de que pueda acudir a impugnarla por medio de sus representantes o delegados, no implica que la persona moral oficial tenga legitimación como parte en el medio de impugnación, así como tampoco libera al servidor público de cubrir la mencionada multa, si éste resulta infundado, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 103/2014 (10a.) antes señalada. 46. En este sentido, el hecho de que se le imponga una multa a la persona física que acude como autoridad responsable al juicio de amparo, no impide que ésta pueda acudir al medio de defensa correspondiente a cuestionar la legalidad de dicha sanción, por medio de sus representantes o delegados, toda vez que, como se dijo, la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales, mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. 47. Todo lo anterior no significa, en forma alguna, que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que originaron la multa en el juicio de amparo. Pero ello no debe implicar que el equipo jurídico de la dependencia correspondiente no pueda representar a su titular y los demás servidores públicos multados en la impugnación de la sanción señalada, cuando esta labor constituye precisamente una parte esencial de sus funciones y razón de ser, en aras de mantener la fluidez y continuidad de los trabajos y actividades de la dependencia, su titular y demás funcionarios. 48. Esto se corrobora además, con las facultades con que generalmente se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. A criterio de quien suscribe el presente voto particular, la interpretación del criterio jurisprudencial invocado no es para que la persona física multada pueda iniciar un juicio de amparo a través del apoderado de la dependencia, sin que a éste, dicha persona física le hubiera otorgado un poder, sino que dichos apoderados de la persona moral oficial pueden comparecer para la promoción de un juicio de amparo a nombre de la persona física multada, una vez que exista la voluntad de la persona física para que lo representen. De no ser así, no podría estimarse que la persona física multada compareció al juicio, inclusive pudiera existir la posibilidad de que dicha persona física quiera presentar la demanda por propio derecho o contratar a alguien para que lo represente a través del poder correspondiente, sin que tuviera que ser la unidad jurídica de la dependencia oficial, es decir, sin duda es necesario el acreditamiento de la expresión de voluntad de una persona física para poder ser representado, y únicamente con tal expresión, es posible también que todo el aparato jurídico de la dependencia en donde labora el servidor público multado, como persona física, también pueda representarlo con la legitimación debida. En el presente asunto, como quedó evidenciado con antelación, de la demanda de amparo, del instrumento notarial, incluso de la presentación del presente recurso, se advierte que el licenciado Juventino Vidal Vara, apoderado legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acude a la presentación de dichos medios de impugnación, representando únicamente tanto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como a la unidad administrativa Dirección General Jurídica y Consultiva (a su titular) dependiente de dicha Fiscalía General, empero, no se hace mención de que viene a representar algún servidor público en lo personal. Es decir, de los documentos mencionados no se desprende que la persona física Luis Francisco Fierro Sosa, le hubiese externado al apoderado de la dependencia, su voluntad para ser representado por el equipo jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de ahí que a criterio de quien suscribe, es correcta la determinación recurrida, en el sentido de quien promovió el juicio de amparo carece de legitimación para comparecer a nombre de la persona física a quien le fue impuesta la multa. Ante ello, en opinión de quien suscribe el presente voto particular, los agravios aducidos en el recurso de queja, debieron declararse infundados en el recurso de queja para revertir el desechamiento de la demanda de amparo indirecto.

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