Jaime Jesse Jiménez Marín
Expediente 816/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jaime Jesse Jiménez Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Jaime Jesse Jiménez Marin; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 816/2020-3, promovido por Jaime Jesse Jiménez Marín, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Jaime Jesse Jiménez Marín solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El acuerdo que señala fecha distante -ocho de enero de dos mil veintiuno - para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 330/2020. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. 2 Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, fue admitida a trámite la demanda de amparo, quedando registrada con el expediente 816/2020-3; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, que señala fecha distante -ocho de enero de dos mil veintiuno- para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 330/2020, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco y su notificación. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, al rendir informe justificado, admite el acto que se le reclama, al que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Además, lo anterior se corrobora con la constancia que anexó a su referido informe consistente en copia certificada del auto de nueve de septiembre de la presente anualidad dictado en el juicio laboral 330/2020, de su índice. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, omitió rendir su respectivo informe justificado a pesar de estar debidamente notificado, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 44 de autos, sin que hasta esta fecha haya rendido el aludido informe, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son fundados pero inoperantes, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, sin que este juzgador advierta motivo alguno para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. El impetrante de amparo señala como acto reclamado el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 330/2020, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, que señala fecha distante -ocho de enero de dos mil veintiuno- para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Medularmente alega el peticionario de garantías, que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, toda vez que la fecha establecida por la responsable para la aludida audiencia, se encuentra fuera de término previsto por la ley para ese efecto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En consonancia con ese derecho fundamental, el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo instituye que al recibirse el escrito de demanda, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes. Asimismo, del ordinal 685 de la ley laboral en cita, se deduce que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Sobre el particular, es aplicable la tesis X.1o.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 373, cuyo rubro y texto es: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EXCEDIENDOSE DEL TERMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse". Conforme a lo anterior, es claro que la determinación de la responsable al señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 330/2020 de su índice, vulnera el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, porque constituye una fecha que excede el plazo previsto para ese efecto en la legislación laboral precitada. Esto, tomando en cuenta que entre la data del acuerdo reclamado y la programada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de pruebas median más de tres meses. Aunado a ello, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el caso particular, el legislador determinó un plazo de quince días para que la junta señalara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a partir de la recepción de la demanda. Por tanto, la fecha señalada por la autoridad responsable para la audiencia de mérito, además de exceder el plazo establecido por el legislador para ese efecto, tampoco resulta razonable. Es de tomar en cuenta, lo expuesto en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es; "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". En el caso, la junta responsable, el nueve de septiembre de dos mil veinte, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario laboral 330/2020; contraviniendo así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Con base en lo anterior, son fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso; sin embargo, devienen inoperantes debido a la proximidad de la fecha señalada para la audiencia de ley en la controversia laboral 330/2020, del índice de la junta responsable. Efectivamente, aun cuando la fecha establecida para la audiencia de mérito, excede los plazos y términos que la legislación laboral establece para ese efecto, conceder el amparo para que la responsable ajuste la misma a lo ordenado por el legislador en el numeral 873, resultaría prácticamente imposible debido a la cercanía de la misma (ocho de enero de dos mil veintiuno). Además, en atención a que una vez que se dicta la sentencia de amparo, para requerir a la autoridad responsable cumpla con la misma, es menester que aquélla cause ejecutoria, lo que ocurre una vez que vence el término de diez días previsto para la impugnación de la misma, más los relativos a la notificación y los concedidos para el cumplimiento del fallo protector. Lo anterior haría ineficaz la concesión del amparo para que la autoridad deje sin efecto el acto reclamado y fije una fecha para la audiencia en cuestión, que se ajuste a los plazos determinados por el legislador, pues de hacerlo así, conllevaría el riego de que las partes no puedan ser notificadas con la anticipación debida y tenga que reprogramarse para otra fecha aún más distante, aunado a que la junta federal responsable mediante oficio 1902 de dos del presente mes y año, informó a éste órgano jurisdiccional la suspensión de sus labores con motivo del brote del coronavirus (COVIT-19) por el periodo comprendido del tres al quince de diciembre del año que transcurre; asimismo, que el personal de esa dependencia gozará de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veinte de el cual iniciará del dieciséis al treinta y uno de diciembre de la presente anualidad; por tanto, del tres al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte se suspenderán todas las actividades de la junta responsable y no correrán los términos procesales; además que reanudaran sus actividades el cuatro de enero de dos mil veintiuno. Lo anterior, constituye hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 114, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, Materia Común, con rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y no advirtiéndose deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jaime Jesse Jiménez Marin, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que se ordenó suspender las actividades jurisdiccionales del nueve al trece de noviembre del presente año, mediante oficios 006/2020-CM y 007/2020-CM, emitidos por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Villahermosa, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. En atención a lo anterior, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa, programada para las once horas con veinticinco minutos del trece de noviembre del presente año, y se fijan como nueva hora y fecha para su verificativo las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexos que acompaña, consistente en copia certificada del proveído de nueve de septiembre del año en curso, y sus respectivas notificaciones, actuaciones deducidas del juicio laboral de origen 330/2020, de su índice; en tal razón, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veinticinco de septiembre del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones del expediente laboral 330/2020, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado rendido por la responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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